El Papel Del Estado Y Los Paradigmas Económicos En América Latina

Al leer el artículo de Enrique Iglesias titulado “El papel del Estado y los paradigmas económicos en América Latina” debo reconocer que el autor nos presenta reflexiones sobre el rol del Estado en cada uno de los dos principales paradigmas de política económica que prevalecieron en América Latina en la segunda mitad del siglo XX: El paradigma de la CEPAL y el del Consenso de Washington y; a partir de dichos paradigmas y de sus lecciones aprendidas, el autor esboza la tesis de la necesariedad del replanteamiento del nuevo concepto del Estado en el marco de las nuevas realidades de América Latina y de las estrategias económicas que se están aplicando en la región.

Ahora bien, en el paradigma cepalino principalmente incluía: a. el encuadre del paradigma en la relación centro – periferie; b. la orientación del desarrollo hacia adentro; c. el papel de la tecnología; d. la industrialización sustitutiva; y e. el rol activo del Estado. La implementación de esa estrategia de desarrollo descansaba en un conjunto de instrumentos y políticas específicas de carácter arancelario, tributario, cambiario, crediticio y de incentivos fiscales al desarrollo industrial, y en la atención del crecimiento explosivo de las demandas sociales generadas por las migraciones del campo a las ciudades.

En este contexto, correspondía al Estado un rol activo, protagónico, omnipresente, centralista y cautivo. La ampliación y el fortalecimiento del aparato estatal fue el instrumento básico de esta política económica. El desarrollo impulsado por esta estrategia transformó profundamente el perfil económico y social latinoamericano, así tenemos en el plano social un intenso proceso de urbanización y en el plano económico, el sector manufacturero aumentó su gravitación en el producto global y en el empleo, declinó la producción agrícola, se aceleró la expansión de los servicios e inclusive aumentó del empleo en el sector público, y adquirieron una ponderación cada vez mayor las burocracias y la absorción de recursos por parte del Estado.

Sin embargo, no se consiguió en América Latina hacer viable una economía industrial progresiva dado a su peculiar implementación en comparación con el Estado Asiático. Así tenemos que: a) Las bases fiscales fueron insuficientes, debido en gran medida a la ausencia de un auténtico pacto social y político redistributivo y, b) el Estado fue dominado lamentablemente por los intereses particulares .

Este excesivo intervencionismo impidió avanzar en la construcción de un sólido estado democrático indispensable para asegurar la autonomía del Estado frente a intereses particulares y, para generar la confianza de la ciudadanía en el imperio de la ley, lo cual condujo a la inestabilidad política y déficit democrático en las relaciones del Estado con el mercado y la sociedad.

El agotamiento del modelo heterodoxo de la CEPAL precipitó la crisis del Estado. Como referencia referir que la crisis sufrida en la década de 1980, que tuvo su máxima expresión en la crisis de la deuda, aceleró los procesos inflacionarios, acentuó la pérdida de competitividad de la economía y aumentó las distancias sociales. En el plano institucional, se destruyeron los bancos centrales, los ministerios de planificación y las instituciones financieras y de fomento. Pero igualmente grave, o aun peor, fue que en la formulación de la política de desarrollo se perdieron las perspectivas de largo plazo

Al respecto considero que esta gravedad de la crisis que conllevó a abandonar este modelo ortodoxo, se debió lamentablemente, entre otras causas probablemente, a un factor vergonzoso y constante a lo largo de la historia, la superposición de intereses y egos individuales o particulares frente al interés público, que lamentablemente hasta la actualidad promueve corrupción en la administración pública y con ello la deslegitimización del Estado frente a la sociedad. No obstante, con una mirada propositiva al tema, podemos afirmar que la corriente económica estructuralista e incluso dependentista que marcó a este paradigma permitió desarrollar una considerable demanda interna efectiva en términos de mercados nacionales; promover el desarrollo sector industrial – aunque fugazmente-, e incrementar los ingresos de los trabajadores. De modo que en estos años se legislaron derechos de contratación colectiva y de despidos, en el caso concreto de nuestro país, el gobierno reformó la ley laboral que venía del gobierno populista de Velazco Alvarado. Esto en sintonía con los derechos de primera y segunda generación que surgieron en la primera mitad del siglo XX después de la segunda guerra mundial.

De otro lado, tenemos el Consenso de Washington, en el cual el retorno de la ortodoxia significó la adopción de las reglas de juego del mercado, la vigencia del sistema de precios como principal mecanismo de asignación de recursos, la aplicación de fuertes programas de estabilización, la apertura al comercio internacional, el ingreso de recursos financieros y de la inversión privada extranjera, y una política generalizada de privatizaciones.

La concepción del Estado liberal patrocinado por el Consenso de Washington estuvo dominada por una actitud antiestatista generalizada, que basó su justificación en la crisis enfrentada por el Estado heterodoxo, así como en su ineficiencia, el peso de la burocracia y especialmente la corrupción. Asimismo, no dejó de tener influencia la expansión generalizada del mercado en un creciente número de economías emergentes, tanto entre los países en desarrollo como en la esfera socialista.

El nuevo concepto de Estado lo caracterizó como minimalista y prescindente. Se estimó que abundaban los argumentos para descalificar

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