El Petróleo Propiedad de la Nación

En 1.914 el pozo Zumaque descubre el campo Mene Grande en la costa oriental del lago de Maracaibo y su petróleo abre para Venezuela los mercados energéticos mundiales. Surgió de allí una gestión que, con recursos financieros, tecnológicos y gerenciales provistos y manejados por empresas petroleras foráneas, llegó a extenderse por todas las cuencas sedimentarlas del país y dio significativas proporciones internacionales a la explotación de los recursos petrolíferos venezolanos. La creación por el Estado de la Corporación Venezolana del Petróleo en 1.960 y la participación directa del capital privado nacional en esa explotación a partir de 1.969 con Petrolera Mito Juan, Talon Petroleum y Petrolera Las Mercedes, no lograron modificar el carácter predominantemente concesionario y foráneo de la industria del petróleo venezolano, ni aminorar sus efectos extranjerizantes

En las seis décadas que separan el descubrimiento de aquel primer campo petrolero gigante y la terminación por ley del régimen concesionario de hidrocarburos el 31 de diciembre de 1.975, el petróleo participó en la vida venezolana como el elemento más dinámico, determinante y decisivo de la transformación política, económica y social experimentada por Venezuela. De un país de economía atrasada, producto de una explotación rudimentaria del campo, con renglones agrícolas responsables de una escasa generación de divisas y con una población mayoritariamente rural / analfabeta, regida por gobiernos dictatoriales caudillescos, pasamos a ser otro país, de mentalidad minera, con una economía dependiente de la explotación del petróleo, una producción agropecuaria insuficiente para atender la demanda doméstica y una población dominantemente urbana / indisciplinada, regida por gobiernos partidistas elegidos por el voto popular.

El Petróleo Propiedad de la Nación:

La Ley de Hidrocarburos del 13 de Marzo de 1.943, se declaró de utilidad pública y sujeto a las disposiciones en ella establecidas, todo lo relativo a la explotación del territorio nacional en busca de petróleo, asfalto, gas natural, y demás hidrocarburos; a la explotación de yacimientos de los mismos, cualquiera que sea su origen o colocación; a la manufactura o refinación, transporte por vías especiales y almacenamiento de las sustancias explotadas y a las obras que su manejo requiera. Esta Ley introdujo las siguientes innovaciones:

Fijó la regalía petrolera en 16,2/3%.

Precisó la duración de las concesiones.

Estableció la obligación para el concesionario de refinar en Venezuela un volumen de petróleo equivalente al 10% como mínimo de su producción total.

Unificó la carga impositiva de los concesionarios.

Obligó a las compañías petroleras al pago de impuesto de carácter general.

Sometió a las empresas petroleras al pago del impuesto sobre la renta.

Unificó la legislación en cuanto al otorgamiento de concesiones.

Determinó los tipos de concesiones y sus características.

Ley de la Nacionalización:

El 29 de agosto de 1.975 el Presidente Carlos Andrés Pérez puso el «ejecútese» a la Ley que reserva al Estado venezolano la industria y el comercio de los hidrocarburos, con lo cual quedó nacionalizada la industria petrolera. Veinte años después, el gobierno aplicó la política de apertura petrolera Sin embargo, no fue hasta el 1º de Enero de 1.976 que entró en vigencia la Ley de Nacionalización de la Industria Petrolera.

El 1 de enero de 1.976 las propiedades, plantas y equipos de las compañías concesionarios extranjeras, así como los modestos activos de las concesionarios venezolanas, pasaron a ser pertenencia del Estado, y es la República de Venezuela la que, desde ese momento y mediante un grupo de empresas de su propiedad, planifica, resuelve, financia, ejecuta y controla todas y cada una de las actividades propias de la industria petrolera.

Esta modalidad, que se entendía inspirada en el propósito de optimizar los términos del beneficio nacional, ha debido traer consigo cambios importantes, tanto del estamento político como de los organismos económicos y sociales del país. Pero tal cosa no ha ocurrido, a pesar de la inyección de 274 mil 200 millones US dólares que Petróleos de Venezuela ha proporcionado a la economía del país en los últimos 21 años (1976-1996, ambos incluidos). De ese monto, 175 mil 600 millones US dólares han terminado en el fisco nacional como impuestos petroleros; es decir, el equivalente al 60% de los ingresos por ventas de la industria en el mismo lapso.

Con el petróleo explotado por el Estado venezolano hemos debido avanzar en el desarrollo integral y armónico de Venezuela, en esa obra transformadora de: 1. Modernización política e institucional; 2. Crecimiento económico diversificado, pero selectivo; 3. Mejoramiento social con elevación de la calidad de vida; 4. Esplendor moral; 5. Vigencia plena del Estado de derecho, y 6. Preservación del medio ambiente.

Pareciera que hasta tanto el país no alcance un grado superior de desarrollo integral y armónico, el petróleo continuará siendo "el rabo que mueve al perro", como lo ilustra la frase norteamericana con tanta claridad, por varias razones:

Con la estatización petrolera cambiamos la propiedad de la planta productiva, la cabeza formuladora de objetivos a largo plazo y de estrategias para lograrlos, y la fuente de las decisiones fundamentales, pero no es menos cierto que queda en pie el grado de dependencia que tiene la economía venezolana con respecto a las exportaciones de petróleo crudo y productos refinados.

Tampoco se vislumbra en el país, en un horizonte de 20 años, algún renglón capaz de desplazar al petróleo como generador de divisas, ingresos fiscales y otros recursos en los montos y frecuencia que demanda el financiamiento del desarrollo venezolano.

Se ha modernizado y expandido la planta industrial del petróleo, pero no han cambiado ni la mentalidad rentista del estamento político ni la actitud paternalista del Estado.

Ha ocurrido un redimensionamiento de la industria del petróleo venezolano, liderada por Petróleos de Venezuela al punto de que ahora, se cuenta entre las potencias petroleras de primer orden a escala mundial, pero no se avanza paralelamente en el desenvolvimiento del país, por lo menos en proporción con los recursos que el petróleo ha puesto a la disposición de la economía en su conjunto y del Estado en particular.

Decreto con Fuerza de la Ley Orgánica de Hidrocarburos:

En el año 2.001, el Ejecutivo Nacional emitió este decreto, según el cual:

El Estado se reserva las actividades de exploración en la búsqueda

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