El problema de la seguridad pública en Мéxico

Para los que vivimos en México, salta a la vista que vivimos una profunda crisis de inseguridad pública que, como un mortífero cáncer, corroe y arrasa con los cimientos de nuestra sociedad. Siendo un problema de seguridad pública, que al final del día es una función del Estado, se convierte, luego entonces en un problema jurídico del mismo Estado Mexicano.

Así las cosas, y en el entendido que el problema de seguridad pública, que en esencia es de origen Constitucional, pero siempre se encuentra matizado por el Derecho Criminal, debe estudiarse, analizarse, pero sobre todo combatirse, desde los cuatro flancos del Sistema Judicial Penal que son: La Prevención del Delito, La Procuración de Justicia; La Administración de Justicia; y, La Ejecución de Sanciones.

Cierto, y contrario a lo que pudieran pensar nuestros Estadistas que pretenden, endeble y torpemente, combatir de manera individual estos aspectos, cualquier política pública encaminada a mejorar el Sistema de Justicia Penal debe, imperativamente, abarcar simultáneamente esas cuatro facetas ya descritas.

Bajo esta tesitura, surge la Reforma Constitucional Penal del 2008 que aspira, con sus asegunes, a abarcar lo atinente a la prevención de la conducta delictiva; la procuración y administración de justicia, con la introducción del Modelo procesal Penal Acusatorio, y, de refilón, alude a cuestiones de Ejecución de Sanciones. Estas modificaciones constitucionales, que aparecieron publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 18 de junio del 2008 son tan impactantes como trascendentes y, no solo para los estudiosos del Derecho, sino para el público lego en general ya que, por diversas razones, las mismas han alcanzado una difusión mediática inusitada. Me atrevo a afirmar que, inclusive, estas Reformas de 2008 han penetrado aun más en el conocimiento de la Opinión Publica en general que aquellas de 1983-1985 encabezadas por los siempre admirados maestros Doctor Sergio García Ramírez y Doctor Celestino Porte Petit. Aunque justo es afirmar que las reformas de hace 25 años atendían más hacia Instituciones jurídicas del Derecho Penal sustantivo que las del 2008 que, en esencia, versan sobre cuestiones procedimentales.

De esta manera, en este paquete modificatorio de disposiciones constitucionales, el Reformador Constituyente, al abordar el Canon 18 de la Carta Magna Federal, alude de manera específica a la Pena privativa de la libertad e, incidentalmente, al Sistema Penitenciario Mexicano, ordenando que el mismo se organice a partir de cinco Bases: a) El Trabajo, b) La Capacitación para el Trabajo; c) La Educación; d) La Salud; y, e) El Deporte.

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