Ensayo de los derechos humanos vs seguridad social

ENSAYO DE LOS DERECHOS HUMANOS VS SEGURIDAD SOCIAL

La seguridad ciudadana es un tema que se mantiene en un primer lugar de las agendas nacionales debido a que su antítesis, la inseguridad ciudadana, es el reclamo más constante que las personas les hacen a las autoridades nacionales o municipales. Esa circunstancia ha generado las más diversas teorizaciones sobre el tema, no siempre bien enfocadas hacia la determinación de las causas y su erradicación, sino más bien hacia acciones más de carácter reactivo que preventivo.

Diversos factores como la ineficacia del sistema penal, así como la exacerbación que de este tema hacen los medios de comunicación han convertido el tema de la seguridad pública en problema aparentemente univoco, haciendo entonces creer que la única alternativa es la visión

policíaca y represiva, donde se criminaliza la pobreza o se imponen medidas como la del "alcoholímetro" sin pedir que la autoridad justifique que es una medida idónea y que efectivamente no existe otra posibilidad para generar esta restricción a las garantías ciudadanas.

Muchas veces el cuestionamiento que las defensoras y defensores de derechos humanos han hecho a las medidas que aumentan la discrecionalidad de las policías o que sólo proponen mayores medidas represivas ha servido para acusar de que "defienden delincuentes" y que no les preocupa los derechos de los ciudadanos honestos. Por supuesto que interesa el tema de la seguridad pública pero desde otras y mejores perspectivas.

Por ejemplo al abordar este tema, es necesario revisar y asegurarnos de cuál es el concepto que mejor identifica el problema. El concepto de seguridad ciudadana, debe entenderse "como la protección que debe brindar el Estado a las personas respetando sus derechos y libertades fundamentales" y no así el de seguridad pública. La razón es que el primero coloca a la persona y no al Estado como el centro de la seguridad.

Igualmente en necesario distinguir con mucha precisión entre la función de seguridad pública y la impartición de justicia penal.

Que actualmente vivamos una seria crisis de las instituciones que administran la justicia, lo que no debe llevarnos a olvidar que la seguridad ciudadana es un derecho de los ciudadanos cuya satisfacción corresponde al ámbito del poder ejecutivo a través del servicio público de la policía

y que se debe evitar buscar, como actualmente se pugna, que las policías preventivas realicen tareas de investigación de delitos, desvaneciendo la imprescindible distinción entre seguridad pública y justicia penal.

En el análisis del problema de la seguridad ciudadana debiéramos llegar a determinar el grado de erosión de los niveles de convivencia ciudadanos que genera la inseguridad, para lo cual se necesita que se asegure la existencia de un diagnostico de la realidad económica, socio cultural y criminológico, y no sólo este último.

De forma que entonces el trabajo de seguridad sea planteado como un trabajo de reconstitución del tejido social y en consecuencia la policía considerada como una institución que contribuye a la reconstitución de la convivencia comunitaria. De tal manera que las estrategias de seguridad ciudadana sean fundamentalmente preventivas e integrales.

Por supuesto que estos puntos apenas esbozados son parte de un debate que se desarrolla en muchas ciudades y países del mundo y de América Latina. La seguridad ciudadana es uno de los temas más saltantes en las democracias y por supuesto que también lo es para nuestro continente.

Con frecuencia, algunos miembros de las corporaciones de seguridad pública han manifestado que la defensa y protección de los derechos humanos favorece a los delincuentes y perjudica a las víctimas del delito. Esta afirmación es errónea, y no tiene fundamento jurídico que la sostenga. El argumento ha causado una grave confusión entre la población; de ahí la necesidad

de exponer algunas razones que la desmientan.

La creencia de que la defensa y protección de los derechos humanos beneficia sólo a los delincuentes es falsa. Todos, sin distinción, gozamos de los derechos consagrados en nuestras Constituciones, así como en los diversos instrumentos internacionales en la materia. Los niños, las personas de la tercera edad, las que viven con VIH/sida, los indígenas, la mujeres, las lesbianas y homosexuales, los niños de y en la calle y los policías gozan de ellos, salvo en algunos casos en que el derecho a la libertad personal puede ser legítimamente restringido. Sin embargo, la privación de la libertad origina nuevos derechos.

Cualquier acusación o detención debe estar sustentada en los procedimientos que la propia Constitución ha establecido. Además, debe prevalecer el derecho a la información (motivo, delito y quién acusa), a la defensa, a ser oídos y juzgados en un tiempo razonable, a no ser torturados, a la indemnización, a un trato digno por parte de las autoridades, a recibir atención como víctima y, sobre todo, a la justicia, la cual se relaciona con el deber

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