Derechos Humanos Y Seguridad pública

¿Cuáles son los retos de la función policial en la Seguridad Pública?

La inseguridad pública ha dejado de ser una idea abstracta y general, para transformarse en una realidad cotidiana que afecta directamente a la sociedad de nuestro País. El crecimiento demográfico, las crisis económicas, la delincuencia organizada y la común hacen que se revalore un integral y profundo análisis de la función policial en la Seguridad Pública (SP).

El el diagnóstico presentado por Sandoval Ulloa (1997) ya se señalaba la ausencia de políticas claras y criterios racionales en la planeación en materia de SP, en especial para el caso que nos ocupa tenemos como muestra lo siguiente: La inestabilidad laboral en nuestras policías es una constante, al grado de no conocer a ciencia cierta la percepción salarial de los elementos de las corporaciones policiales; la capacitación policial es dispersa y se carece de planes y programas académicos y de profesionalización mínimamente articulados, la poca claridad en los instrumentos jurídicos que rigen su actuación ante situaciones límite inhiben una operatividad eficaz, dejándolos en la indefensión ante la delincuencia, ante este escenario, un sector de la sociedad recurre a los servicios de seguridad privada como elemento complementario de la seguridad pública, sin embrago en ese sector las cosas no están mejor, incluso se encuentran en una situación peor.

Como resultado de lo antes señalado, nos dice Patricio Tudela (2007) , se ha generado una cultura de desconfianza e incluso temor de una amplia capa de la población a las corporaciones policiales en todos los niveles de gobierno, una trasformación es necesaria, el desafío es inmenso, se debe de cambiar el paradigma, y basar la actuación policial en principios éticos, valores culturales y cívicos, cuya observancia y ejecución sean reconocidos y compensados, pero también su omisión o vulneración por parte de sus integrantes sea severamente castigada en todos los niveles de responsabilidad, por lo que los retos inmediatos son:

1) La función policial necesariamente debe de estar al “buen gobierno”, con compromiso y vocación social, necesita tanto de la cercanía de la comunidad, así como de la legitimidad y de la colaboración de la misma. Por lo que, la función policial debe ser objeto de apoyo y de control institucional y social.

2) Responder a una doctrina civil y primordialmente preventiva más que reactiva, desmilitarizando el servicio y privilegiando su rol de la mano con la ciudadanía, evitando actuaciones que la alejan de su misión fundamental y del respeto y promoción de los derechos humanos y civiles, y que es capaz de dar evidencias de esto, es decir de demostrarlo en los hechos.

3) Poner énfasis en un paradigma donde el ciudadano se convierta de verdad en foco central de la actuación policial, promoviendo la participación de la ciudadanía, transparentando sus actos de autoridad y rindiendo permanentemente cuentas a través de órganos ciudadanizados independientes del Estado.

4) Tener como referentes el reposicionamiento de su actuación con base en la legalidad y la legitimidad social, fundamentales para una apropiada función policial, pues en estas se condensa la función socio-política deseada de una policía moderna y democrática.

En resumen, la esencia de la función policial y su estrecha asociación con la sociedad da esperanzas para transformar y fundar un enfoque y doctrina policial renovados. Ello se basa en el examen de la modernización del Estado en sus políticas pública de orden policial.

¿Cómo funciona la Seguridad Pública en un régimen federal?

Las reformas al artículo 21 y 73 fracción XXIII de la Carta Fundamental del 31 de diciembre de 1995, trasforma radicalmente el concepto y percepción de la Seguridad Pública, tanto en su contenido, alcances, instrumentos y medidas para garantizarla.

Antes de las señaladas reformas, la Constitución Federal utilizaba el término, “seguridad pública”, en el artículo 115, fracción III inciso H, cuando se refería al servicio público de la “seguridad pública tránsito” que tenían a su cargo los Municipios (con la participación de los las entidades cuando así fuese necesario y lo determinaran las leyes), por lo que la seguridad pública se circunscribía a la labor policial preventiva de los Ayuntamientos.

Con las reformas apuntadas párrafos arriba, y coincidiendo con González Fernández (1995) se define a la seguridad pública como una función del Estado a cargo de la Federación, las Entidades Federativas, y los Municipios en sus respectivas competencias, comprendiendo las actividades dirigidas a la prevención y persecución de los delitos; la imposición de sanciones administrativas; la inserción social del delincuente y del menor infractor, entre otras, todo ello con estricto apego a los Derechos Humanos, a efecto de salvaguardar la integridad y los derechos de los ciudadanos, preservando las libertades, el orden y la paz pública, en este tenor le corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública de la Administración Federal encargarse de planear y conducir sus actividades conforme a los objetivos, estrategias y prioridades contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Nacional expedido por el Titular del Ejecutivo Federal y de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en el artículo 30 bis le corresponde el despacho de las siguientes funciones principales:

1.- Desarrollar las políticas de seguridad pública

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