Derechos Humanos Y Seguridad Ciudadana

Seguridad ciudadana

Es un bien público que garantiza a los ciudadanos las condiciones necesarias para vivir dignamente en un ambiente de convivencia democrática y pacífica. Hace referencia al conjunto de garantías destinadas a la prevención y remedio de los riesgos que puedan presentarse para la salud, el patrimonio y la economía individual. Atentan contra la seguridad ciudadana, las infracciones a los Reglamentos de Policía y Buen Gobierno, así como la comisión de delitos.

En esencia, se podría decir que la seguridad ciudadana es un "Bien", una "Aspiración", una "Condición" a alcanzar, en la que el riesgo y la amenaza se reducen, o al menos contienen, y que no se concibe al margen de las condiciones de los Derechos Humanos, de la misma democracia o del principio de legalidad.

El estado de derecho legal, que tienen todos los seres humanos, es el eje donde nacen todas las acciones de gobierno, gobernados y sociedad, quienes en su conjunto dan certeza participativa en materia de seguridad ciudadana, y que al parecer es la tendencia actual en algunos casos; la instalación y, en otros la colocación, de esfuerzos para reformar las instituciones y políticas de seguridad pública buscando un modelo de seguridad democrática enfocada a la ciudadanía.

En los últimos años, la doctrina especializada trabajó en la definición de un concepto que permitiera identificar con precisión la situación de las personas enfrentadas a las amenazas generadas por hechos violentos o delictivos. Históricamente, tanto en los espacios académicos como en los marcos normativos y en las prácticas profesionales, se utilizaron diferentes definiciones para referirse a esta temática. Estas diferencias, más allá de lo meramente terminológico, involucran especialmente elementos de naturaleza conceptual sumamente relevantes, que condicionan, significativamente, el soporte doctrinario y los aspectos operativos del ejercicio de las funciones policiales.

Es común que todavía en la actualidad se utilicen conceptos diferentes para aludir, muchas veces, a un mismo objeto. Así, se utilizan, entre otros, los conceptos de seguridad nacional, seguridad interior, orden público o seguridad pública, para hacer referencia a un mismo campo de imputación de funciones estatales. La idea que tienen en común todos estos conceptos es que el objetivo de las intervenciones contra el delito y la violencia no es otro que la seguridad del propio Estado, la que se logra generando las condiciones para el mantenimiento de determinado orden político, jurídico económico o social.

El concepto de seguridad ciudadana es humanocéntrico (la persona es su fin último), porque tiene que ver con las obligaciones del Estado como garante de los derechos de quienes se encuentran bajo su jurisdicción.

Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), seguridad ciudadana debe entenderse como “La situación social en la que todas las personas pueden gozar libremente de sus derechos fundamentales, a la vez que las instituciones públicas tienen la suficiente capacidad, en el marco de un Estado de Derecho, para garantizar su ejercicio y para responder con eficacia cuando éstos son vulnerados (...) De este modo, es la ciudadanía el principal objeto de la protección estatal (…) Por consiguiente, las intervenciones institucionales destinadas a prevenir y controlar el fenómeno del delito y la violencia (políticas de seguridad ciudadana) pueden considerarse una oportunidad indirecta pero significativa para, por un lado, apuntalar el desarrollo económico sostenible y, por otro, fortalecer la gobernabilidad democrática y la vigencia de los derechos humanos.”

Perfil de la Policía Municipal

Para que la policía municipal se apegue a los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, ésta deberá:

• Conducirse con apego al orden jurídico y respeto a los derechos humanos.

• Prestar auxilio a las personas y proteger sus bienes y derechos de manera oportuna y proporcional al hecho.

• Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad.

• Abstenerse en todo momento de infligir, tolerar o permitir actos de tortura, aún cuando se trate de una orden superior; al conocimiento de ello, lo denunciará inmediatamente ante la autoridad competente.

• Desempeñar su misión sin solicitar ni aceptar pagos o gratificaciones distintas a las previstas legalmente.

El papel de la participación comunitaria en el modelo de la seguridad ciudadana.

La participación comunitaria en seguridad tiene como objetivo dotar a la sociedad de las herramientas necesarias para acrecentar de forma colectiva la seguridad ciudadana, entendiendo ésta como una forma de bien público.

Se trata de un proceso de búsqueda permanente, orientado al fortalecimiento de las redes sociales; a la creación de organizaciones y de instituciones que sean sólidas y flexibles, y que trabajen conjuntamente para fomentar la seguridad ciudadana.

De esta manera, la seguridad se convierte en una tarea que debe ser resuelta por el conjunto de la sociedad.

Los objetivos de la participación comunitaria en seguridad son promover, en el seno de la comunidad, la capacidad de construir y defender activamente el derecho a la seguridad ciudadana como bien público.

Hoy la experiencia nos muestra un mayor grado de éxito de aquellas estrategias que involucran la descentralización de las políticas de seguridad y de prevención de situaciones de violencia social a través de la participación comunitaria y la coordinación policial.

Existe la necesidad ineludible de lograr el involucramiento y la activa participación de la comunidad en la construcción de la Seguridad Pública como bien común.

Prioridades de la participación ciudadana

La participación ciudadana es la integración de la ciudadanía en el proceso de adopción de decisiones del gobierno de su ciudad, por ello es fundamental que la ciudadanía:

• Participe responsablemente desde el tiempo y espacio

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