POLÍTICAS ECONÓMICAS Y SU ARTICULACIÓN CON LA GARANTÍA AL DERECHO HUMANO AL TRABAJO Y A LA SEGURIDAD SOCIAL.

Arroyo y Valencia, señalan que debe articularse en forma armoniosa la política económica y la política social, si se quiere mejorar el bienestar humano y que no alcanza con una sola de las dos políticas e incluso, se dice que la mejor política social es una buena política económica. Se necesita una articulación virtuosa entre lo económico y lo social.

Menciona que debe haber una base y condición para que la política social tenga éxito, esto es, se necesita un modelo de desarrollo y de política económica que produzca efectos sociales positivos. Pero también es claro que la mejor de las políticas económicas seguirá necesitando de una buena política social.

Anota que sin la coherencia entre la política económica y la política social, el combate a la pobreza no será posible. Sin embargo, en la realidad siempre ha habido desincronización entre la política social y la económica. La primera ha sido la encargada de atender a la población en situación de riesgo social y evitar de alguna forma un mayor empobrecimiento a través de los sistemas de salud, educación y vivienda, mientras que la política económica al menos en el último cuarto de siglo, se ha preocupado por el control salarial, para sofocar la demanda y frenar la inflación.

Alarcón sostiene que el impacto de la política económica, entendida como aquella que promueve el crecimiento de la producción, no se limita a las variable estrictamente económicas (crecimiento del producto, inflación, tasa de cambio, entre otras); incluye también impactos sociales, si entendemos a lo social como aquello que define las condiciones de vida de la población. En la medida en que la política económica influye sobre el nivel de empleo, los salarios o las condiciones de producción, determina de manera muy importante las condiciones de vida de la población. En ese sentido, podría decirse que la mejor política social es una buena política económica. A su vez, la política social, en su expresión sectorial, políticas de educación, salud, vivienda, seguridad social, tiene también impactos económicos en la medida en que las condiciones de salud de la población, sus niveles educativos, y en general, de bienestar determinan el nivel de productividad de la fuerza de trabajo, el desarrollo de la capacidad de emprendimiento de los empresarios y el clima de confianza y estabilidad que promueve, o retarda, el crecimiento económico. En ese sentido, difícilmente puede pensarse en altas tasas de crecimiento y estabilidad económica sin una buena política social.

Añade que una buena política macroeconómica es aquella que expande las oportunidades de generación de ingresos de amplios sectores de la población, de la misma manera que una buena política social es aquella que expande su potencial productivo. En particular, las únicas políticas de reducción de la pobreza que son sostenibles en el largo plazo, son aquellas que promueven la incorporación productiva de la población en condiciones de pobreza a la dinámica del resto de la economía, y en una economía de mercado, esto quiere decir, su incorporación al mercado. La única manera de integrar a los pobres al mercado es a través de la redistribución y creación de activos productivos, junto con el aumento en la productividad de dichos activos. Esta propuesta, para ser efectiva, requiere de un alto grado de articulación entre la política macroeconómica y la política social.

Cordera dice que la necesidad de lograr una buena integración de instrumentos, junto con una relación explícita y coherente con la política económica general, es una condición para la eficacia de la política social. Se trata de unos vínculos movibles, que cambian en función del ciclo económico pero también del político, sobre todo en condiciones de democracia y alternancia.

Señala que no es posible proclamar la garantía de los derechos económicos y sociales sin atender a la situación y las tendencias económicas. El desarrollo social no puede descansar exclusivamente en la política social, entre otras cosas porque no hay presupuesto que resista esta hipótesis, pero por otro lado, el crecimiento y la política económica no pueden, por si solos, ofrecer panoramas realistas de equidad y mejoramiento sociales.

Indica que el ritmo y la calidad del desarrollo económico, condicionan las posibilidades e impacto de la política social, mientras la inversión en capital humano e infraestructura social, así como un ambiente de equidad, crean condiciones favorables para el desarrollo económico y la estabilidad política y social. En el mismo sentido, el crecimiento económico y la política macroeconómica de control de la coyuntura, son determinantes en la generación de empleo y de la estructura de oportunidades laborales y, por ende, de los niveles de ingreso y de superación de la pobreza.

Otro criterio señala que la política económica siempre debe estar articulada a la política social en un solo proceso integral, incluyente y pro-pobre, buscando generar las oportunidades de empleo y acceso a activos productivos, mercados e información, con el objetivo de producir una verdadera inclusión económica y social de toda la población sin diferencias de género, etnia, edad o territorio.

Anota que esta articulación de las políticas y agendas económicas y sociales debe ser vista como el vehículo que genere un desarrollo social con equidad e incluyente y como el enfoque que active procesos de cambio endógenos y auto sostenidos de reducción de la pobreza, entendida como un fenómeno multidimensional y, por tanto, que produzca una ruptura con los mecanismos tradicionales de transmisión intergeneracional de la pobreza y de la desigualdad, promoviendo una modificación profunda a la concepción asistencial del Estado.

EL EJE DE DESARROLLO POLÍTICO: EL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN PROTAGÓNICA.

A partir de 1999 comienza en Venezuela un proceso de cambios orientado a la construcción de un Estado Socialista. En ese orden de ideas, se diseñaron las líneas generales que definen el desarrollo político, social y económico del país. Estas estrategias están contenidas en el Proyecto Nacional Simón Bolívar en su Primer Plan Socialista (PPS) para el período 2007-2013.

Estas directrices están divididas en siete (7) enfoques en donde queda manifiesto el principio humanista y socialista que enrumbará a la Nación durante el septenio. 1.-La ética socialista, 2.- la suprema felicidad social, 3.- la democracia protagónica revolucionaria, 4.- el modelo productivo socialista, 5.- la nueva geopolítica nacional y 7.- la nueva política internacional. Todos con sus objetivos, estrategias y políticas, a desarrollar por el Presidente Comandante Hugo Rafael Chávez frías, conjuntamente con las la Instituciones y el pueblo organizado.

El fin último

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