Geopolitica
Enviado por felipelopez1248 • 17 de Octubre de 2012 • 1.290 Palabras (6 Páginas) • 258 Visitas
En Colombia, la consolidación de una cultura
de la infancia basada en el respeto de
los derechos de la niñez, incluyente y equitativa,
donde todos los niños y niñas sean
valorados y reconocidos como personas y
ciudadanos en desarrollo, es un proceso
aún en construcción.
Con la Convención sobre los Derechos del
Niño, aprobada por el Congreso de la República
mediante Ley 12 de 1991 y ratificada
por el Estado colombiano, se avanza en
materia de garantías de los derechos de los
niños. Esta disposición jurídica consagra
para todas las personas menores de 18
años los derechos humanos universales,
indivisibles e interdependientes; por otra
parte, reconoce una protección especial
integral para que estas personas puedan
crecer y desarrollarse plenamente y prepararse
para una vida independiente en la
sociedad. Por lo tanto, la Convención obliga
al Estado, a la familia y la sociedad a
respetar los derechos de los niños, independientemente
de su etnia, religión, opinión,
género y patrimonio.
El constituyente de 1991, al consagrar el
Estado Social de Derecho, contempló la necesidad
de: “[...] especificar los derechos
del grupo humano más vulnerable -la población
infantil- ya que por carecer dichos
derechos de significado dentro de la vida
política, económica, social y cultural se han
establecido desigualdades y, en gran medida,
se han forjado los cimientos de la
actual violencia”1.
En estos términos, la Constitución Política
colombiana de 1991, en su artículo 44 consagra
que los derechos de los niños prevalecen
sobre los derechos de los demás,
y adicionalmente señala al Estado, la sociedad
y la familia como responsables directos
de su protección y de garantizar su
desarrollo armónico e integral, recogiendo
plenamente la filosofía y el marco doctrinario
de la Convención Internacional
sobre los Derechos del Niño.
El artículo 366 de la Constitución Política
especifica que en los planes y presupuestos
de la nación y de las entidades territoriales
se debe dar prioridad al gasto público
social sobre cualquier otra asignación.
Dentro de este criterio de gasto público,
se debe tener en cuenta lo prescrito por el
artículo 44 ibídem, que señala la primacía
de los derechos de los niños sobre los derechos
de los demás. Por lo tanto, los Planes
de Desarrollo de los departamentos y
municipios se constituyen en la herramienta
esencial para planear y presupuestar la
gestión pública a nivel local en favor de la
infancia y la adolescencia.
Por su parte la Ley 152 de 1994 establece
que los departamentos y municipios colombianos
tienen la obligación de formular
un plan de desarrollo al inicio de cada
gobierno, constituyéndose éste en un instrumento
de planeación en el cual se establecen
las acciones estratégicas que se
emprenderán para abordar la problemática
socio- económica que afecta al departamento
y municipio, y para avanzar hacia
el logro de los objetivos de la administración
pública. En consecuencia, éste debe
ir acompañado de un plan de inversión
que especifique los recursos asignados
para la implementación de los programas
y proyectos previstos para el período de
gobierno.
En el transcurso de las últimas tres décadas,
el Estado colombiano ha adquirido
múltiples compromisos internacionales en
torno a la promoción de los derechos de la
niñez, el desarrollo económico y social y
la protección del medio ambiente. Colombia
se comprometió a través de la firma de
la Declaración del Milenio y Un Mundo
Apropiado para los Niños, a alcanzar un
conjunto de metas orientadas a la erradicación
de la pobreza, la promoción de la
equidad de género, el mejoramiento de las
condiciones de vida de los niños y de la
población en condiciones de vulnerabilidad
y la protección del medio ambiente,
entre otros (ver Recuadro 1).
Si bien el cumplimiento de las metas de la
Declaración del Milenio y Un Mundo Apropiado
para los Niños no se constituyen en
obligación perentoria de los pueblos, las
1 Gaceta Constitucional, No 52, Bogotá, 17 de abril de
1991, pág. 4.
11
buenas prácticas de gobierno y esencialmente
el deber constitucional que se impone
a nuestro Estado Social de Derecho
requiere asegurar la prestación eficiente de
los servicios públicos a todos los habitantes
del territorio nacional y la urgencia de
cimentar cualquier intento por alcanzar
esta meta a partir de adecuadas estrategias
de desarrollo y, sobre todo, de una eficaz
gestión pública.
A pesar del desarrollo normativo y de los
compromisos internacionales adquiridos,
hoy millones de niños, niñas y adolescentes
colombianos enfrentan condiciones adversas,
que diariamente dificultan su
desarrollo físico, mental, social
...