Historia Del Paramilitarismo

HISTORIA DEL PARAMILITARISMO EN COLOMBIA

El Paramilitarismo en Colombia hace referencia principalmente al fenómeno histórico relacionado con el accionar de grupos armados ilegales de derecha organizados a partir de la década de los setentas con el fin de combatir a los grupos armados de extrema izquierda (guerrillas colombianas). Estos grupos paramilitares, también denominados Autodefensas, se extendieron por diversas regiones del territorio nacional con la participación de ricos hacendados, colonos y pequeños industriales.[cita requerida] En la década de los noventas, diversos grupos paramilitares conformaron de una entidad mayor, de influencia nacional, denominada Autodefensas Unidas de Colombia (bajo la sigla AUC).

Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) fue una organización ilegal paramilitar de extrema derecha, creada en abril de 1997 en Colombia, para reunir en una entidad relativamente centralizada a muchos de los múltiples grupos paramilitares y de autodefensa regionales pre existentes. Las AUC fueron clasificadas como una organización terrorista por el gobierno de Colombia, la Unión Europea y por los Estados Unidos.1 Bajo la bandera de combatir a las guerrillas comunistas, las AUC recibieron el apoyo soterrado de políticos, militares, ganaderos, empresarios y personas del común. Durante su existencia la organización fue responsable de miles de masacres a lo largo del territorio colombiano,2 así como el DESPLAZAMIENTO FORZADO de miles de personas, el robo de tierras y el tráfico de drogas a países extranjeros.3

Tras un polémico proceso de desmovilización con el gobierno, varios de sus principales miembros terminaron siendo extraditados como narcotraficantes a los Estados Unidos donde son juzgados.4 Después de “terminada las AUC” como organización surgieron otros grupos que fueron denominados por el gobierno como "BANDAS CRIMINALES" O "BACRIM" que mantienen varias de las rutas de narcotráfico que controlaban las AUC.5

En el génesis y desarrollo histórico los grupos paramilitares estuvieron involucrados agentes del Estado como policías y militares1 , además de representantes políticos y de otros sectores de la sociedad. Dicha participación desembocaría en el escándalo judicial y político que se denominó Parapolítica, en las dos primeras décadas del siglo XXI. Las autodefensas, que en principio se constituyeron como grupos armados para defenderse de las agresiones guerrilleras y en muchas ocasiones como una estrategia anti-insurgente desde diversas instituciones del Estado colombiano, pasaron a ser ellas mismas actores armados independientes de gran influencia. Así mismo, los grupos paramilitares se involucraron directamente con mafias de la droga y cometieron actos atroces contra la población civil como masacres y expulsión de sus regiones, fenómeno conocido como "desplazamiento forzado". Muchos de sus máximos jefes fueron pedidos en extradición por el gobierno de los Estados Unidos por sus vínculos con el tráfico de drogas.

Parapolítica (o Para-política) es el nombre con el que se le conoce al escándalo político desatado en Colombia a partir de 2006 por la revelación de los vínculos de políticos con paramilitares, con posterioridad al proceso de desmovilización que adelantaron varios de los grupos que conformaban las Autodefensas Unidas de Colombia. En Colombia se les llama paramilitares a los grupos armados ilegales de extrema derecha que se autodenominan como autodefensas y que están generalmente ligados al narcotráfico.

Según las investigaciones varios dirigentes políticos y algunos funcionarios del Estado se habrían beneficiado de estas alianzas por medio de la intimidación y la acción armada de los grupos paramilitares contra la población civil, algunos habrían presuntamente alcanzado cargos en alcaldías, consejos, asambleas municipales y gobernaciones así como en el Congreso de la República y otros órganos estatales. A su vez algunos de los políticos desde sus cargos habrían desviado dineros para la financiación y conformación de grupos armados ilegales y habrían filtrado información para facilitar y beneficiar las acciones de estos grupos dentro de las que se incluyen masacres, asesinatos selectivos, desplazamiento forzado entre otras acciones criminales con el objetivo de extender su poder en el territorio nacional.1

El escándalo se ha desatado en medio de revelaciones de medios de comunicación, sectores políticos e investigaciones judiciales que han terminado con la detención de varios congresistas y otros políticos en ejercicio, dando lugar a fuertes debates y controversias que han polarizado la opinión pública. La vinculación al proceso de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación y de la Corte Suprema de Justicia de funcionarios y políticos cercanos al expresidente de la República Álvaro Uribe han afectado las relaciones internacionales de este gobierno con el Congreso de los Estados Unidos y con diferentes organizaciones de Derechos Humanos,2 a la

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