LA ENSEÑANZA, LA FEDERACIÓN Y LOS MUNICIPIOS Analisis

LA ENSEÑANZA, LA FEDERACIÓN Y LOS MUNICIPIOS

Desde mayo 19 de 1896 un decreto de Díaz prescribió que la instrucción oficial primaria en el D.F. y territorios dependiera exclusivamente del Ejecutivo de la Unión. La federalización se responsabilizo de las escuelas municipales que desde tiempo inmemorial dependía de los ayuntamientos. Estos mantuvieron en los estados su control de la enseñanza primaria.

Después de la caída de Huerta, cuando Carranza parecía tener a la mano el triunfo de la causa constitucionalista, empezó este a manifestar su propósito de fortalecer la autonomía del municipio. A este deseo de fortalecer el municipio, se añadía otra razón señalada por Andrés Osuna: la experiencia favorable en Coahuila del funcionamiento del municipio libre, del cual dependían las escuelas aun en el aspecto económico. La Dirección General de Instrucción Pública del Estado se entendía directamente, por medio de los inspectores, de los sueldos y otras partidas de las escuelas y negociaba con las autoridades municipales. El nuevo procedimiento resultó tan efectivo que llegó a darse el caso de poblaciones que dedicaron más de res cuartas partes de su presupuesto a la educación.

Carranza había devuelto a los municipios, durante su mandato de gobernador, el control de la enseñanza. La Dirección General de Educación Primaria Estatal tenía derecho de inspeccionar las escuelas y conservaba el control sobre la dirección técnica. El gobernador Gustavo Espinosa Míreles, creó por su parte, la Junta Central de Educación del Estado. La Junta Central de Educación incluía representantes de la Dirección General de Educación Primaria del Estado, del Ateneo Fuente, la Escuela Preparatoria Estatal, de la Escuela Normal y de las municipalidades. Desde que las escuelas habían pasado a depender de los municipios, los maestros estaban sometidos, de parte de las autoridades locales, a presiones políticas indebidas. Los resultados de la municipalización en otros estados eran peores. Al imponerse la municipalización de la enseñanza, no se advirtió que las rentas de los municipios eran muy desiguales, y pronto surgieron agudos problemas debidos a la incapacidad económica de aquellos para sufragar los gastos de la educación. A raíz de la promulgación de la Constitución, entró en vigor el Art. 14° transitorio de la misma: ‘’Quedan suprimidas las secretarias de Justicia y de Instrucción Pública’’, y la educación pasó a depender de los municipios en casi todo el país. La ecuación pasó por tres situaciones diferentes en la nación: 1) dependía de los municipios tanto en la capital como en los estados, 2) pasó, a partir de mayo de 1896, a depender del Ejecutivo Federal, y más adelante de la SIPBA en el D.F. y territorios, 3) volvió Carranza a la antigua situación, confirmada en 1917 por la desaparición de la SIPBA.

La opinión pública se opuso categóricamente a la decisión de Carranza, y abogó por la federalización de la enseñanza. El profesor Eliseo García, director general de Educación Pública, envío un proyecto de 20 artículos para reglamentar la ayuda de los ayuntamientos en el ramo escolar, y 16 de aquellos trataban exclusivamente de la Dirección General de Educación Pública en sus relaciones con el ayuntamiento. El diputado Alejandro Velázquez López comentó el dictamen y lo refutó. Era falso que estuviera peor la educación en manos de los municipios. Disminuyó el número de escuelas, no de alumnos.

El diputado Velázquez,

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