LA PAZ COMO MEDIO PARA HACER JUSTICIA

LA PAZ COMO MEDIO PARA HACER JUSTICIA

Actualmente las negociaciones en la Habana cuentan con gran apoyo internacional y nacional, la prensa hace cada vez más énfasis en la notable esperanza de la ciudadanía por la firma de un acuerdo con las FARC-EP que ponga fin a un periodo de violencia que por más de 80 años ha teñido de sangre la historia del país. La situación hoy en día conlleva al enfrentamiento ideológico de muchas partes, por un lado están los que consideran que las negociaciones son una gran herramienta para alcanzar la paz, mientras que por el otro, están quienes ven el dialogo con la guerrilla como una apología a la impunidad y un comportamiento propio de un estado sin políticas de justicia claras.

El debate por si debería hacerse o no una negociación, al principio mostró mucho descontento. La desconfianza fruto de una negociación fallida en el Caguán en el año 2002 marcó una seria distancia entre el estado y las guerrillas, pero no sólo eso, el anterior gobierno llevado a cabo por Álvaro Uribe Vélez caracterizado por fuertes operativos militares y políticas de gobierno muy alejadas de una mesa de dialogo, dejaron como resultado un ambiente con mucha tensión en el país que se evidenció al abrirse camino a un conversatorio con los jefes de las FARC. Sin embargo, luego de empezar las negociaciones y llegar a un acuerdo en los primeros puntos de la agenda, la situación comenzó a tornarse alentadora, hecho que pudo constatarse en las elecciones presidenciales del 2014, tras el espaldarazo al candidato lanzado por el ex presidente Uribe. Sin embargo, tras confirmarse el apoyo del pueblo colombiano a un acuerdo de paz con la guerrilla, aparece la pregunta ¿pueden un posible acuerdo de Paz con las FARC tener el mismo apoyo político internacional?.

Es decir ¿acaso el estado colombiano está ignorando la posibilidad que el Marco Jurídico para la Paz no se convierta en otra cosa que en un pisapapeles para los organismos de justicia internacional como la ONU, la CPI o Amnistía internacional?

Aunque aún no se tiene certeza de cómo va a actuar el gobierno Colombiano en el procesamiento de los delitos atribuidos al grupo terrorista, el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre ha dejado claro en varias oportunidades que la justicia apuntará hacia las altas esferas de la guerrilla, aislando un poco a los demás combatientes. No obstante, allí es donde aparece la controversia pues dado el caso, un combatiente que acusado de delitos de lesa humanidad sea dejado en libertad o no sea procesado, no gozará de esta misma situación en un juicio de la Corte penal Internacional.

De esta manera, la única forma para que dicho combatiente no sea procesado por sus delitos sería que el estado Colombiano denuncie el tratado con la CPI y haga caso omiso al Estatuto de Roma, consiguiendo consigo una avalancha de problemas con los organismos de justicia internacional.

Entonces el quid del asunto es si el estado colombiano está preparado legalmente para forjar un acuerdo de paz que no sólo sea compatible en materia constitucional, sino que además no vaya en contravía de la normatividad fijada en el Estatuto de Roma cuya entrada en vigencia fue desde el 1 de julio del año 2002. Muchas personalidades políticas del país han planteado que aún falta mucho por resolverse en materia legal, sin embargo, no es un secreto que la continuación de los diálogos con las FARC son una muestra de que el gobierno Colombiano pone en alto relieve una futura salida al conflicto armado, limitando los derechos de Verdad, Justicia y Reparación que las víctimas de este conflicto poseen. Dicho de otro modo, la paz como objetivo general representa el bienestar de todo el pueblo colombiano, y como tal prima sobre el derecho de las víctimas por ver a sus victimarios procesados por sus delitos, o esto es lo que finalmente se ha dejado claro.

Claramente, el gobierno Colombiano no puede desentenderse de su compromiso con la política internacional sin crearse mayores complicaciones. El estado no tiene los medios legales para invalidar el estatuto de Roma mientras sea Estado Parte, y la Corte Penal Internacional no dejará de investigar los delitos que entren en las categorías de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión. Entonces ¿de qué manera podría firmarse un acuerdo con las FARC?

Para resolver el cuestionamiento es necesario precisar con claridad la función de la Corte Penal Internacional. Este organismo se fundamenta en el principio de complementariedad, es decir, nunca irrumpe en la justicia de un país ni se entromete en su constitucionalidad, sino que ayuda a resolver casos que no están enmarcados dentro del marco legal de ese país y son considerados punibles o en caso de que el estado no ofrezca las garantías de justicia para procesar un crimen contra los derechos humanos. Pero debe dejarse claro que todo caso primero debe ser considerado desde los órganos de justicia del estado miembro.

En este sentido puede observarse que en ningún caso la CPI puede monitorear las negociaciones en la Habana, ni puede bloquear un posible acuerdo. La responsabilidad de la CPI es cerciorarse que los delitos más graves no queden impunes, pero, definitivamente no desconoce la estructura política del estado Colombiano y su evolución hacia una Justicia transicional, y reconoce la independencia que posee el gobierno para crear políticas que si bien castiguen a los delincuentes

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