La Educacion En Argentina En Los 90

“Neoliberalismo y educación” para el cual tome como textos bases:

“¿Qué paso en la educación Argentina?” de Adriana Puigros.

“Mama me mima. Evita me ama” de Emilio Corbiere.

Como texto complementario se utilizó:

“Argentina. Equidad social y educación en los 90” de Maria del Carmen Feijoo.

Apuntes de clase.

Internet, para el conocimiento de las leyes dictadas en la época.

El neoliberalismo y la educación.

La transformación de la educación encarado por el gobierno de Menem, viabilizada en una nueva corriente tecnocratica

adscripta al neoliberalismo, no constituyó un problema aislado y se enfrentó conjuntamente con el resto de la problemática

social en el marco de la reforma del estado. La educación, que había sido considerada tradicionalmente en Argentina un

bien social, comenzaba a considerarse como un elemento del mercado que debía ser regulado por la ley de oferta y

demanda.

La diferencia fundamental que ha planteado la política educativa neoliberal con el neoliberalismo clásico y que afecta en la

educación clásica y media es la consideración de la educación como un elemento del mercado, antes que un bien social. En

consecuencia, propugna el retiro del estado de la función educacional; esta es la posición que tradicionalmente mantuvieron

las elites económicas argentinas, poco predispuestas a financiar la educación pública pagando sus impuestos.

Así se propuso esencialmente la transferencia de servicios educativos a las provincias, y su asistencia para el mejoramiento

de las administraciones educativas locales en un proceso de consolidación del sistema federal de educación nacional.

La política educativa del gobierno menemista se ajusta exactamente a las directivas del Banco Mundial. Estas políticas

tienen el objetivo global de disminuir el gasto estatal para derivar fondos hacia el pago de la deuda externa. El gobierno

argentino no discutió ninguna de las recomendaciones del Banco, y le posibilitó intervenir directamente en la organización

de las finanzas del país y en las decisiones sobre el monto y uso del presupuesto educativo. Al mismo tiempo, el Banco

actúa como prestamista colocando dinero a alto interés para que se financie el ajuste del sistema.

En el ámbito del intercambio educativo internacional, se pudo haber intervenido de otra manera, es decir, en términos de un

mayor equilibrio cultural, partiendo de la propia tradición pedagógica, valorizando el éxito del sistema escolar argentino

durante más de un siglo y aprovechando las numerosas experiencias propias. En lugar de ello, se aceptaron a ojos cerrados

la descalificación a la cual fue sometido el sistema nacional por expertos conocedores de otras realidades, y sus

diagnósticos y proyectos, que pretendían ser universalmente replicables.

La política educativa puede resumirse en el ajuste de la educación al programa económico neoliberal. La política consiste

en:

1. Disminuir la responsabilidad del Estado como financiador y proveedor de educación pública

2. Establecer aranceles o subsidios privados en todos los niveles y modalidades, comenzando por la Universidad y

terminando por la Educación Básica.

3. Achicar el sistema de educación pública hasta un mínimo posible, mediante:

- la transferencia de los establecimientos a jurisdicciones menores (de la Nación a la Provincia, y de éstas a los Municipios),

tendiendo a su privatización;

- reducción de modalidades que no dan rédito económico inmediato, como la educación de adultos, y de materias

del currículo como música, educación cívica, plástica y educación física, lo cual se llevó a cabo raudamente en algunas

provincias;

- descuido de la educación para discapacitados;

- restricciones sociales y territoriales en la extensión del servicio de educación pública.

Producida la desarticulación y avanzado el retiro del financiamiento del sistema educativo tradicional por parte del Estado, el

programa apunta a volver a centralizar los rubros de mayor incidencia en el control ideológico y político del sistema

educativo nacional público y privado. Los principales instrumentos son: el programa de Contenidos Básicos Comunes de la

Educación Nacional; los Contenidos Básicos de la Capacitación Docente y la Red Federal de Formación Docente y el

Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad de la Educación.

LEYES PRIMORDIALES DE ESTA ETAPA Las acciones desarrolladas en primer lugar apuntaron a la gestión de los servicios educativos. De este modo el cuerpo legal

en el cual se sustenta esta reforma es el siguiente:

El artículo 75, inciso 19 de la Constitución Nacional, cuya reforma fue habilitada por el llamado Pacto de Olivos

establecido entre la UCR y el Partido Justicialista, para realizar la convención constituyente de 1994. Peronistas y

radicales acordaron también el nuevo texto que habilita al gobierno a distribuir la gratuidad en forma equitativa, es decir,

que elimina el derecho universal a la enseñanza gratuita y eleva a nivel constitucional la autonomía universitaria. La

autonomía, bandera histórica del movimiento estudiantil- docente queda, sin embargo, profundamente alterada: en el

texto se agrega la palabra autarquía, que funciona como un arma de doble filo porque expresa tanto que las

universidades pueden administrar sus recursos como que deben también conseguirlos. La reforma constitucional dio

marco a las leyes anteriores que había emitido el gobierno de Menem, y a otras posteriores. Ley de transferencia

(24.049) de los establecimientos educativos.

Ley 23.846, de titularización del personal docente que se desempeñaba como interino en los niveles inicial,

primario y medio.

Ley 23.906, que establece un régimen de afectación de recursos tributarios nacionales, destinados al

financiamiento adicional (complementario y no excluyente) de la finalidad: cultura y educación, ciencia y técnica.

Ley 23.929, sobre negociaciones colectivas para los trabajadores docentes.

Ley 24.049: esta ley se dicta en el marco del proceso de transformación educativa. En ésta se faculta al Poder

Ejecutivo Nacional a transferir, a partir del 1º de enero de 1992, a las provincias y a la ciudad de Buenos Aires, los

servicios educativos administrados en forma directa por el Ministerio de Cultura y Educación y por

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