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Análisis De Los Invasores De Tierras Urbanas Y Rurales

En diciembre del 2005 el gobierno de Guatemala registraba 1,052 casos de disputas agrarias, en los que la tenencia de la tierra está al centro de la disputa. Es muy probable que existan muchos más casos no registrados. El marco jurídico y político ha evolucionado a través de los años, pero sigue estando cargado en contra de comunidades campesinas e indígenas: Desde la esclavitud durante los tiempos coloniales, pasando por la 'ley contra la vagancia' de 1934, hasta la definición de usurpación que hoy en día permite a las autoridades emitir fácilmente órdenes de desalojo sin la debida diligencia, evidencian una continuidad.

La organización, como muchas de la sociedad civil guatemalteca, entidades internacionales y gobiernos extranjeros considera que la falta de cumplimiento de los acuerdos de paz de 1996, en lo referente a temas agrarios, está en la raíz de los problemas agrarios del país. En particular, la ausencia de una política agraria auténtica continuará siendo el elemento que contribuirá al empeoramiento e incremento de disputas agrarias y las violaciones de derechos humanos que ocurren en su marco.

El informe termina con una serie de recomendaciones, orientadas a proteger y defender los derechos humanos en áreas rurales. Entre las principales recomendaciones están: Erradicar la práctica de desalojos forzosos, investigar las violaciones de derechos humanos que han tenido lugar en el proceso legal y su ejecución; garantizar la resolución justa e imparcial de las disputas agrarias; asegurar el respeto y la protección de los derechos laborales en el campo; y despenalizar la legítima protesta; reforzar la inspectoría laboral; revisar y adecuar la legislación en lo referente al tema agrario; y reconocer los derechos ancestrales indígenas.

Alarmada por el incremento notable de los desalojos forzosos violentos a raíz de la entrada del gobierno del Presidente Óscar Berger, Amnistía Internacional inició una investigación sobre las violaciones de los derechos humanos ocurridos dentro del marco de disputas agrarias.

El informe Guatemala: ¿Tierra de injusticia? describe una serie de graves violaciones de derechos humanos contra campesinos, como la negación del acceso a la justicia; los desalojos forzosos y demoliciones de casas sin consultas efectivas, sin garantías de un alojamiento alternativo adecuado o sin el debido proceso jurídico; la violencia injustificada durante los desalojos; y las amenazas y actos de intimidación reiterados. Estas violaciones a los derechos humanos son cometidas con toda impunidad ante la pasividad e indiferencia de las autoridades. La organización encontró un sistema de administración de la justicia incluyendo la policía,

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