La Noción De Estado De Derecho

La noción de estado de derecho

Un Estado de derecho es aquel que se rige por un sistema de leyes e instituciones ordenado en torno de una constitución. Cualquier medida o acción debe estar sujeta o ser referida a una norma jurídica escrita. A diferencia de lo que sucede ocasionalmente en muchas dictaduras personales, donde el deseo del dictador es la base de una gran medida de acciones sin que medie una norma jurídica.

El Estado de derecho está formado por dos componentes: el Estado (como forma de organización política) y el derecho (como conjunto de las normas que rigen el funcionamiento de una sociedad). En estos casos, por lo tanto, el poder del Estado se encuentra limitado por el derecho.

El Estado de derecho surge por oposición al Estado absolutista, donde el rey se encontraba por encima de todos los ciudadanos y podía ordenar y mandar sin ningún otro poder que le hiciera contrapeso. El Estado de derecho, en cambio, supone que el poder surge del pueblo, quien elige a sus representantes para el gobierno.

Con el desarrollo del Estado de derecho, aparece la división de poderes (el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, tres instancias que, en el Estado absolutista, se reunían en la figura del rey). De esta forma, los tribunales se vuelven autónomos respecto al soberano y aparece el parlamento para contrarrestar el poder del gobernante.

En un estado derecho las leyes organizan y fijan límites al gobierno, aunque también algunos sistemas autoritarios son estados de derechos en que toda acción está sujeta una norma jurídica previamente aprobada y de conocimiento público (en ese sentido no debe confundirse un estado de derecho con un estado democrático, aunque ambas condiciones suelan darse simultáneamente). Esta acepción de estado de derecho es la llamada "acepción débil" o "formal" del estado de derecho.

Este se crea cuando toda acción social y estatal encuentra sustento en la norma; es así que el poder del Estado queda subordinado al orden jurídico vigente por cumplir con el procedimiento para su creación y es eficaz cuando se aplica en la realidad con base en el poder del Estado a través de sus órganos de gobierno, creando así un ambiente de respeto absoluto del ser humano y del orden público.

El término Estado de Derecho tiene su origen en la doctrina alemana Rechtsstaat. El primero que lo utilizó como tal fue Robert von Mohl en su libro La ciencia de política alemana en conformidad con los principios de los Estados de Derecho, sin embargo, la mayoría de los autores alemanes ubican el origen del concepto en la obra de Immanuel Kant. En la tradición anglosajona, el término más equivalente en términos conceptuales es el Rule of law.

No todo estado es estado de derecho, más aun, no todo estado con derecho es un estado de derecho. Para que este sea posible se deben satisfacer cuatro exigencias internas que podrían resumirse en las siguientes: la primera es primacía de la ley, la segunda responsabilidad de los funcionarios, tercera control judicial de constitucionalidad y cuarto respeto y promoción de los derechos fundamentales.

Diferencia de la noción de estado de derecho con las rule of low y principios de legalidad

El Rule of law es una máxima jurídica que las decisiones gubernamentales se realizan mediante la aplicación de principios conocidos judicial. La frase se remonta al siglo 17, y fue popularizada en el siglo 19 por el jurista británico AV Dicey . El concepto era familiar a los antiguos filósofos como Aristóteles , que escribió "La ley debe regir". El Estado de derecho implica que todos los ciudadanos están sujetos a la ley. Esto está en contraste con la idea de que el gobernante está por encima de la ley, por ejemplo, por derecho divino .

A pesar del uso de ancho por políticos, jueces y académicos, el imperio de la ley ha sido descrito como "una noción sumamente difícil de alcanzar" que dan lugar a una divergencia "rampante de entendimientos... todo el mundo es para él, pero que contrasta han convicciones acerca de lo que es”.

Al menos dos concepciones principales del estado de derecho pueden ser identificados: un formalista o "delgados" definición y un sustantivo o " grueso definición”. Definiciones formalistas del imperio de la ley no hace un juicio sobre la "justeza" de la ley en sí, sino definir los atributos específicos de procedimiento que un marco jurídico debe tener para estar en conformidad con el estado de derecho. Concepciones sustantivas del estado de derecho van más allá e incluyen ciertos derechos sustantivos que se dice que se basa en, o derivada de, el imperio de la ley.

La legalidad o primacía de la ley es un principio fundamental conforme al cual todo ejercicio del poder público debería estar sometido a la voluntad de la ley y de su jurisdicción y no a la voluntad de las personas (ej. el Estado sometido a la constitución o al imperio de la ley). Por esta razón se dice que el principio de legalidad establece la seguridad jurídica.

Se podría decir que el principio de legalidad es la regla de oro del Derecho público y en tal carácter actúa como parámetro para decir que un Estado es un Estado de Derecho, pues en él poder tiene su fundamento y límite en las normas jurídicas.

En íntima conexión con este principio, la institución de la reserva de Ley obliga a regular la materia concreta con normas que posean rango de Ley, particularmente aquellas materias que tienen que ver la intervención del poder público en la esfera de derechos del individuo. Por lo tanto, son materias verdaderas al reglamento y a la normativa emanada por el Poder Ejecutivo. La reserva de ley, al resguardar la afectación de derechos al Poder legislativo, refleja la doctrina liberal de la separación de poderes.

Esta relación entre el principio de legalidad y el de reserva de la ley esta generalmente establecida -en una democracia- en el llamado ordenamiento jurídico y recibe un tratamiento dogmático especial en el Derecho constitucional, el Derecho administrativo, el Derecho tributario y el Derecho penal.

Estado de derecho y ley penal

Los principios del Derecho penal son aquellas directrices de la doctrina que le han impuesto barreras a la construcción del Derecho penal, de tal forma que éste no se extralimite y afecte el Estado de Derecho.

Hay pues un primer nivel de análisis cuando se plantea el sentido del poder punitivo del Estado en un sistema democrático, que reside en los principios inherentes a un Derecho penal democrático. Es ésta la primera perspectiva y el primer desafío con el cual se enfrenta la política criminal en Latinoamérica. Ahora bien, estos principios o garantías propios a un Derecho penal democrático, requieren

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