La Quema De La Embajada Española

Quema de la Embajada Española de Guatemala

Hace 24 años, en la mañana del día 31 de enero de 1980, campesinos indígenas provenientes de varias aldeas de El Quiché, junto con algunos estudiantes, ocuparon pacíficamente las instalaciones de la Embajada de España en Ciudad Guatemala con el afán de denunciar la represión que sufrían sus comunidades ubicadas en el altiplano. Tras negociar con los ocupantes y llegar a algunos acuerdos, Don Máximo Cajal y López, Embajador del Reino de España acreditado en dicho país, intentó repetidamente comunicarse por teléfono con distintos funcionarios guatemalteco, solicitándole, en vano, el repliegue de las fuerzas policíacas que asediaban la sede diplomática. Se encontraba todavía negociando una salida digna para todos, cuando el General Romeo Lucas García giraba las órdenes de desalojo a "como diera lugar". Violando por completo la soberanía de la representación diplomática ibérica plasmada en el texto de la Convención de Viena, el gobierno de Guatemala optó por quemar vivas a las 37 personas que habían encontrado refugio en la oficina del Embajador, en el primer piso del edificio. Dos personas sobrevivieron a esa masacre: el embajador Cajal, que por milagro salió herido pero vivo del cuarto, y Don Gregorio Yujá, campesino que había sido cubierto por los cuerpos calcinados de sus compañeros, protegiendo su vida de las mortíferas llamas. Si Don Cajal logró ser repatriado a España gracias a la solidaridad y valentía de sus colegas embajadores, Don Yujá fue secuestrado al día siguiente en el hospital dónde había sido trasladado, y posteriormente torturado, ejecutado y finalmente tirado su cuerpo frente a la Rectoría de la Universidad de San Carlos. Era el dos de febrero del año de 1980.

Ante la gravedad de los hechos y la abierta responsabilidad del Estado de Guatemala, España condenó el ataque a su embajada, exigió el total esclarecimiento de lo ocurrido y rompió oficialmente relaciones diplomáticas con el país centroamericano. El 22 de septiembre de 1984, mediante un "comunicado conjunto" firmado por España y Guatemala en Bogotá, Colombia, ambas naciones decidieron reanudar relaciones, pero comprometiéndose a investigar los hechos y llevar a los tribunales a quienes había ordenado y realizado esta matanza colectiva. 24 años después, la investigación se ha empolvada en algún cajón del Poder Judicial guatemalteco y la masacre continúa en la impunidad.

El Embajador Cajal tuvo, de regreso a España, que enfrentar también las calumnias de los reconvertidos -en honorables demócratas- franquistas que lo sindicaron de haber auspiciado y montado este acto de terrorismo en contubernio con la insurgencia guatemalteca, y aguantar la cruel pasividad, indiferencia y cobardía de parte de la dirigencia del partido al que pertenecía. En el año 2000, tras un difícil proceso personal, Máximo Cajal decidió

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