La Reforma Laboral. Condiciones de trabajo en Puerto Rico

“La Reforma Laboral”: Condiciones de trabajo en Puerto Rico

La reforma laboral se define  como  una iniciativa que modifica la legislación que regula las relaciones de trabajo con el objetivo de otorgarles una mayor flexibilidad. El objetivo de esta es favorecer la creación de empleos. Con este fin, se promulgan cambios en las leyes a favor de los empresarios, que deben asumir menos riesgos o costos para contratar y despedir empleados. Se espera que, ante esta realidad, tomen la iniciativa de crear puestos que, en otro contexto, no crearían. Para los trabajadores, las reformas laborales suelen implicar un recorte de sus derechos y garantías. Una reforma laboral puede incluir una reducción de las indemnizaciones, otorgarle más argumentos a las empresas para justificar despidos y liberar a los empleadores de ciertas cargas sociales.

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en su Artículo II, Sección 16, reconoce el derecho de los trabajadores a escoger libremente su ocupación y a renunciar a ella, a recibir igual paga por igual trabajo, un salario mínimo razonable, protección contra riesgos para su salud o integridad personal en su trabajo o empleo. También le garantiza legislación en contra del discrimen en el empleo, bonificación y a una jornada ordinaria de trabajo que no exceda de ocho horas de trabajo, todas  estas son garantías legales que protegen al trabajador. Los sindicatos son los que se encargan de que estos estatutos se lleven a cabo. Estas organizaciones representan a los empleados ante el empleador y las autoridades y se encargan de defender los derechos de cada trabajador, que es libre de escoger si realiza la afiliación a alguna de las organizaciones sindicales con presencia en su empresa.

Lamentablemente hoy día se pone en entredicho la estabilidad de estos derechos, porque el gobierno solo habla de reformas laborales y de prácticamente adecuar las leyes de Puerto Rico a las de Estados Unidos. Si esto pasa le estaremos dando marcha atrás al desarrollo de una legislación laboral que se diseñó para evitar la explotación de los trabajadores puertorriqueños. Con las leyes parecidas a las de Estados Unidos los empleados boricuas perderían innumerables beneficios.

Por otra parte el sector privado reclama, que urge una reforma porque el país se ha inhabilitado a sí mismo para crear nuevos empleos y el efecto acumulado de la legislación es tan asfixiante para los patronos que Puerto Rico ha dejado de ser lugar atractivo para invertir y hacer negocios. El sector privado reclama una jornada de trabajo semanal comprimida de cuatro días de trabajo de diez horas sin considerar a la familia de los obreros y sin pago de horas extras y que a los empleados recién reclutados se le dé un tiempo probatorio de un año y no de tres meses y que el bono navideño se reduzca y se use como un bono de productividad. Unos de los derechos más importante, el de las ocho horas de trabajo, en la isla se reconoce como uno Constitucional, mientras que en Estados Unidos lo que prevalece es la jornada de 40 horas semanales y a través de una legislación que puede ser emendada. Adecuar las leyes de Puerto Rico a las de Estados Unidos es un error. Si eso pasa, el país le habrá dado marcha atrás al desarrollo de una legislación laboral que se diseñó para evitar la explotación de los trabajadores puertorriqueños. Con leyes parecidas a las de Estados Unidos, los empleados boricuas perderían innumerables beneficios.

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