La Toma

La Toma del Palacio de Justicia, en Bogotá, Colombia, también llamada Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre, fue un asalto perpetrado el miércoles 6 de noviembre de 1985 por un comando de guerrilleros del Movimiento 19 de abril (M-19) a la sede del Palacio de Justicia, ubicado en el costado norte de la Plaza de Bolívar de Bogotá, frente a la sede del Congreso y a una cuadra de la Casa de Nariño, la residencia presidencial. Dicha incursión fue seguida de la reacción de la Policía Nacional y el Ejército Colombiano, rodeando el edificio e iniciando una operación de retoma del mismo que se extendió hasta el jueves 7 de noviembre de 1985. El M-19 mantuvo a cerca de 350 rehenes entre magistrados, consejeros de Estado, servidores judiciales, empleados y visitantes del Palacio de Justicia.3

Los hechos culminaron 27 horas después, dejando un saldo de 98 muertos,4 entre ellos 11 magistrados. 11 personas más también fueron consideradas como desaparecidas al no conocerse su paradero, número que se reduciría a 10 después de que la Fiscalía anunció en el año 2000 que el cadáver de Ana Rosa Castiblanco, empleada de la cafetería que se encontraba desaparecida, fue hallado en una fosa común.5

Por las investigaciones emprendidas por la Fiscalía General de la Nación desde el año 2005 sobre los civiles desaparecidos durante la retoma del Palacio por parte del Ejército y que salieron con vida del hecho quedando en custodia de la Fuerza Pública, han sido detenidos dos coroneles y el coronel (r) Alfonso Plazas Vega.6

En un video revelado en 2007 por Noticias Uno se puede observar que el magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán Rojas sale vivo del Palacio de Justicia a pesar de que un día más tarde se le encontraría muerto dentro del Palacio con una bala 9 mm en la cabeza disparada a contacto.

La toma ha sido calificada como holocausto y masacre por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),7 por lo que a los hechos también se le denomina Holocausto del Palacio de Justicia.

Índice [ocultar]

1 Antecedentes y planificación

1.1 Fin del cese al fuego

1.2 Esquema de seguridad del Palacio de Justicia

1.3 Amenazas de Los Extraditables

1.4 Planeación de la toma por el M-19

2 6 de noviembre

2.1 Momentos previos

2.2 Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre

2.3 "No negociar" o "vacío de poder"

2.4 Retoma: Operación "Rastrillo" o "Plan Tricolor 83"

3 7 de noviembre

4 Víctimas

4.1 Magistrados asesinados

4.2 Magistrados sobrevivientes

4.3 Servidores públicos asesinados

4.4 Desaparecidos

5 La Comisión de la Verdad

6 Demandas al Estado y costos

7 Filmografía

8 Véase también

9 Referencias

10 Enlaces externos

Antecedentes y planificación[editar]

Fin del cese al fuego[editar]

Los guerrilleros, que denunciaban que el ejército hacía unos meses había roto un cese al fuego después de que, según ellos, el gobierno de Belisario Betancur Cuartas incumpliera los acuerdos firmados el 24 de agosto de 1984, los Acuerdos de Corinto.8

El presidente Belisario Betancur se había comprometido a lograr la paz con los grupos alzados en armas. En 1983 se reunió en España con los comandantes guerrilleros del M-19, Iván Marino Ospina y Álvaro Fayad, que constituyó la primera vez que un presidente colombiano en ejercicio se reunía con guerrilleros alzados en armas.9 10

Esquema de seguridad del Palacio de Justicia[editar]

El 20 de septiembre de 1985 se realizó una reunión entre funcionarios del gobierno y algunos magistrados de la Corte, entre los que asistió el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, con el fin de analizar las medidas de seguridad que se iban a tomar para resguardar a los cuatro magistrados de la sala constitucional de la Corte; Manuel Gaona Cruz, Carlos Medellín Forero, Ricardo Medina Moyano y Alfonso Patiño Roselli. Los cuatro magistrados tenían a su cargo el tema del tratado de extradición de colombianos por narcotráfico hacia Estados Unidos, y habían recibido amenazas de muerte por parte de miembros del Cartel de Medellín y su jefe Pablo Escobar.

En este encuentro se determinó que la Policía Nacional hiciera un estudio de seguridad del Palacio, el cual se llevó a cabo entre el 27 de septiembre y el 15 de octubre de ese año. Los resultados del mismo se presentaron en un consejo de gobierno el 17 de octubre. Dos días antes del asalto, la Policía Nacional retiró la vigilancia asignada al edificio, dejándola en manos de una empresa privada, aunque advirtió a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado acerca de los planes del M-19. Un mensaje anónimo había anunciado la toma para el 17 de octubre de 1985, tal como quedara registrado en un documento.11 del comando de las Fuerzas Militares, por lo que se tomaron medidas especiales de seguridad, retiradas el 1 de noviembre por petición de Alfonso Reyes Echandía, presidente de la Corte Suprema. Sin embargo, según las investigaciones judiciales recientes, desde agosto de 1985 los organismos de inteligencia colombianos tenían conocimiento del plan del M-19 de atacar el Palacio de Justicia, el Palacio de Nariño (la residencia presidencial) o el Capitolio Nacional (sede del Congreso).12

El mismo 17 de octubre, fueron arrestados dos hombres en las inmediaciones del Palacio de Justicia haciendo planos del edificio. El Palacio de Justicia fue puesto bajo vigilancia militar hasta los primeros días de noviembre, en que la vigilancia fue retirada y sustituida por vigilantes de una empresa privada de seguridad. Días antes de la toma, se almacenaron en la cafetería del Palacio Justicia unos 1.500 pollos, algo que después levantaría sospechas.13

Amenazas de Los Extraditables[editar]

Los miembros del Cartel de Medellín al mando del narcotraficante Pablo Escobar y otros narcotraficantes, se asociaron para evitar la aprobación del tratado de extradición a Estados Unidos, la cual estaba siendo evaluada por la Corte Suprema de Justicia. El grupo de narcotraficantes se hizo llamar "Los Extraditables".14

Las amenazas las hicieron entre principios y mediados de septiembre de 1985 para coaccionar o intimidar a los Magistrados y sus familiares entre los que estaba Patiño, para tratar de cambiar sus tesis y sus votos. Además de Patiño, los magistrados Ricardo Medina Moyano y Manuel Gaona Cruz informaron a las autoridades de las amenazas el 30 de octubre de 1985. Patiño alcalzó a recibir tres cartas y dos cintas de audio que recibió

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