La educacion del pueblo

La educacion del pueblo

Los años de lucha armada

LA LEY DE ESCUELAS DE INSTRUCCIÓN RUDIMENTARIA fue aprobada por decreto del sucesor de Díaz, el presidente interino Francisco León de la Barra, el 30 de mayo de 1911, la víspera de la salida de don Porfirio al exilio. Dicha ley autorizaba al ejecutivo federal a establecer escuelas de primeras letras en las que se impartirían en dos cursos anuales, castellano, lectura, escritura y las operaciones fundamentales de aritmética. La enseñanza no sería obligatoria y no afectaría a las leyes, futuras o vigentes, de estados, Distrito Federal o territorios. Las escuelas estarían abiertas a todos, preferentemente a los indígenas, sin distinción de sexo ni edades, y para estimular la asistencia se distribuirían vestidos y alimentos. A pesar de que la ley convertía al gobierno central en un agente federal de educación, inicialmente fue admitida sin gran oposición e incluso con entusiasmo por los estados, con excepción de Coahuila y Colima, celosos de su autonomía. En algunos, como Guanajuato, el rechazo provino de los hacendados. Este esfuerzo representaba un intento tardío del ejecutivo de incorporar a la cultura hegemónica a los 3 000 000 de indígenas, aproximadamente 20% de la población total, integrados en 49 familias étnicas que según el censo de 1910 hablaban 72 idiomas y cuya diversidad los aislaba entre sí y del resto del país; en Oaxaca y Yucatán, la mitad de la población desconocía la lengua nacional. La ley permitiría al presidente, además, combatir el alarmante índice de analfabetismo y tener presencia en regiones alejadas.

Durante el gobierno de León de la Barra apenas se impulsó la nueva ley, pero en el de Francisco I. Madero, cuando se puso en práctica, dio lugar a un enconado debate. Uno de los opositores de la ley fue el subsecretario de Instrucción Pública, Alberto J. Pañi. En sus obras, La instrucción rudimentaria en la República y Una encuesta de educación popular, en la que condensó las opiniones que recopiló acerca de aquélla, y que fue publicada en 1917, difundió varias críticas sobre la ley, calificada de "anacronismo pedagógico" pues pasaba por alto varios avances, entre ellos, la educación integral que contemplaba el desarrollo armónico de las facultades de los alumnos. Como ya se vio, para los pedagogos del Porfiriato la instrucción solamente era un medio para lograr la educación. Quienes participaron en la encuesta de Pañi coincidían en que impartir las mismas enseñanzas abstractas a una población heterogénea podría convertir a las escuelas en "fábricas de zapatistas" y en que la población indígena, "indolente y perezosa", de cuya capacidad intelectual se dudaba, era un peso para "la porción hispánica de la población". Para Pañi, el escaso presupuesto destinado a las escuelas sólo permitiría difundir la enseñanza en dosis homeopáticas. Hubo, sin embargo,

...