Las Reformas Del Prian

Las reformas del PRIAN,

Andrés Manuel López Obrador sostiene esta tesis bajo el supuesto de que, como en el régimen dictatorial de Díaz, hoy existe una república simulada y un Estado que funciona para garantizar la acumulación de las riquezas en pocas manos, sin preocuparse por el bienestar social El político tabasqueño concluye que las llamadas reformas estructurales están siendo utilizadas para perpetrar el saqueo más grande en la historia del país.

Con la autorización de editorial Grijalbo, aquí se adelantan partes del libro, que comenzará a circular esta semana.

Para llevar a cabo estas “reformas estructurales”, fue aplicada de manera dichas reformas fue utilizado el presidente actual del país. La política económica de élite comenzó a impulsarse desde el gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988) y se profundizó durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994). En esos tiempos hubo una intensa campaña propagandística, en la que intelectuales y “líderes de opinión” repetían como loros sofismas para justificar el bandidaje oficial y el predominio de los intereses económicos de una minoría por encima del bienestar público. De tal modo se ajustó el marco jurídico para legalizar el saqueo , que fue encubierto por las autoridades no estratégicas ni prioritarias para el desarrollo nacional”. Aunque hubo procesos de licitación y rendición de cuentas. Es cosa de recordar que Salinas, su hermano Raúl y el secretario de Hacienda, Pedro Aspe, eran los encargados de palomear, acomodar y alinear a todos los apuntados que participaron en el reparto de empresas y bancos, los cuales, hasta entonces, pertenecían a la nación. Así, en 13 meses, del 14 de junio de 1991 al 13 de julio de 1992, con un promedio de 20 días hábiles por banco, fueron rematadas 18 instituciones de crédito. En sólo cinco años, del 31 de diciembre de 1988 al 31 de diciembre de 1993, se enajenaron 251 empresas del sector público. Es decir, se privatizaron compañías como Telmex, Mexicana de Aviación, Televisión Azteca, Siderúrgica Lázaro Cárdenas, Altos Hornos de México, Astilleros Unidos de Veracruz, Fertilizantes Mexicanos; aseguradoras, ingenios azucareros, minas de oro, plata y cobre; fábricas de tractores, de automóviles y motores, de cemento, de tubería, de maquinaria, entre otras. La entrega de bienes públicos a unos cuantos preferidos no se limitó a bancos y empresas paraestatales. También fueron privatizadas las tierras ejidales, las autopistas, los puertos, los aeropuertos y se incrementó el manejo de negocios de particulares nacionales y extranjeros en Petróleos Mexicanos y en la Comisión Federal de Electricidad.

Debe tenerse en cuenta que la política salinista se siguió aplicando durante los gobiernos de Zedillo, Fox y Calderón, y que el grupo original “compacto” creado por Salinas, que se benefició con el remate de bienes públicos, no sólo continuó acumulando riquezas, sino que también fue concentrando poder político hasta llegar a situarse por encima de las instituciones constitucionales. En los hechos, son los integrantes de este grupo quienes verdaderamente mandan y deciden sobre cuestiones fundamentales en la Cámara de Diputados y en el Senado, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Instituto Federal Electoral y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Procuraduría General de la República, en la Secretaría de Hacienda, y en los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional. Además, poseen o controlan la mayoría de los medios de comunicación.

Esta élite, como es lógico, ha venido apostando a mantener la misma política del pillaje y ha impedido con trampas, dinero y manipulación el cambio de régimen. Fruto de esta práctica antidemocrática fue la imposición de Enrique Peña Nieto como presidente de México. Se trata de un subordinado más de la élite dominante, de un personaje cuya utilidad es meramente -escenográfica. Sin embargo, este nuevo pelele, por su alto grado de inmoralidad, servilismo e inconciencia, está conduciendo al país a un mayor deterioro en todos los órdenes y a la pérdida de la tranquilidad y de la paz social. En tan sólo un año, Peña Nieto ha logrado imponer, con apego a la agenda dictada desde el extranjero y con el contubernio de los grupos de poder en México, las llamadas reformas laboral, educativa, fiscal y energética, que agravian aún más al pueblo, destruyen la soberanía y socavan la convivencia pacífica alentando la frustración, el caos y la violencia.

La profundización de esta política irresponsable se lleva a cabo mediante la propagación sistemática de mentiras y engaños, y por supuesto con la utilización de los medios de comunicación que casi en su totalidad están a disposición del régimen corrupto y autoritario. Así, previa campaña para prometer que habría empleos al por mayor, los legisladores del PRIAN aprobaron por consigna la llamada Reforma Laboral, en la cual, entre otras cosas, se establece que a partir del raquítico salario mínimo, 10 veces menor que el de Estados Unidos, se puede contratar a trabajadores por hora; es decir, se pretende pagar 8 pesos por hora y 32 pesos (la mitad del salario mínimo) por cuatro horas: ese dinero no les alcanza a los asalariados ni para sus gastos de transporte. Peor aún, la modificación referida contempla la contratación de trabajadores sujetos a periodos de prueba hasta por seis meses y por temporada, dejando que el empleador los despida sin indemnización y sin derecho a ninguna prestación social. Como ya es evidente, dicha reforma no ha traído ningún beneficio; desde que fue puesta en marcha no sólo no han aumentado las plazas de trabajo, sino que se vive uno de los años de mayor desempleo en la historia de México. Según cifras oficiales, de diciembre de 2012 a diciembre 2013 se crearon 233 mil empleos formales, lo cual significa que 1 millón de jóvenes que en este mismo lapso intentaron incorporarse al mercado laboral no consiguieron trabajo, y por lo contrario, engrosaron mucho más el rezago de millones de mexicanos desempleados.

En cuanto a la llamada Reforma Educativa, aprobada, el 21 de diciembre de 2012, por los mismos legisladores del PRIAN y algunos del PRD, puede decirse que su orientación principal es la de restar derechos laborales a los maestros. La modificación a los artículos 3 y 73 de la Constitución, así como las leyes secundarias expedidas, no contemplan absolutamente nada para garantizar el derecho a la educación pública gratuita y de calidad en todos los niveles de escolaridad. Se omite el apoyo a estudiantes pobres con alimentación, útiles escolares, libros y becas. No se propone mejorar los métodos y contenidos de la enseñanza ni se plantea cómo resolver el grave problema de la deserción escolar, o el del rechazo de jóvenes,

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