Latifundio

El fenómeno del latifundio ha sido y es aún, uno de los principales males para el desarrollo social, económico y político del país. Surge con la conquista, se consolida en la colonia, sobrevive a la guerra de independencia, la creación de la República, la Guerra Federal, se hace fuerte para finales del siglo XIX y comienzos del XX, y pretende continuar de la mano de los terratenientes aliados al capital extranjero, en este nuevo siglo.

El latifundio es contrario al interés social combatirlo es muchísimo más que repartir tierras ociosas y expropiar las millones de hectáreas que hoy permanecen en manos de terratenientes , combatir y desarticular el latifundio es exterminar las relaciones de poder establecidas en la sociedad, que generan la exclusión y la desigualdad.

Combatir y desarticular el latifundio es democratizar las relaciones políticas, económicas y sociales existentes en el medio rural venezolano que tienen a este como una de sus expresiones básicas que permiten explicar la situación de pobreza, marginación, ausentismo escolar, migración acelerada, baja inversión y muchas más condicionantes de la vida en le campo venezolano.

Hoy, el país entero han sido testigos del duro combate que libra el pueblo campesino revolucionario por acceder a las tierras que un puñado de terratenientes usurpan en detrimento de millones de venezolanas y venezolanos que provienen del medio rural y que no poseen ni un centímetro de tierra para generar su sustento. La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario es el instrumento legal para dar el duro golpe a esta batalla, concebido dentro del marco legal de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, La lucha contra el latifundio se convierte en mandato de ley a través de la Constitución Nacional, que en su artículo 307 indica que “el régimen latifundista es contrario al interés social”, precisando que “los campesinos o campesinas y demás productores agropecuarios y productoras agropecuarias tendrán derecho a la propieda

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d de la tierra”. Con esto, se pretende la eliminación íntegra de una práctica que es contraria a la justicia y al interés social.

Otra de Las acciones que el Estado esta ejecutando es la de promover una agricultura sustentable para alcanzar la seguridad agroalimentaria, cumpliendo así con el artículo 305 de la Carta Magna y garantizar a la población disponibilidad suficiente y estable de alimentos.

La Venezuela del siglo XXI, esta en un proceso de refundación para establecer una sociedad democrática, participativa en un Estado de Justicia social, donde todos y todas tengan garantizados los Derechos Humanos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, al igual que todos los derechos de los pueblos como el desarrollo, al medio ambiente, a la paz y a la determinación.

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