Ley De Desamortizacion

1.- LEY DE DESAMORTIZACION.

La desamortización española fue un largo proceso histórico, económico y social iniciado a finales del siglo XVIII por Godoy (1798) y cerrado ya muy entrado el siglo XX (16 de diciembre de 1924). Su finalidad fue acrecentar la riqueza nacional y crear una burguesía y clase media de labradores propietarios. Además, el estado obtenía unos ingresos extraordinarios con los que se pretendían amortizar los títulos de deuda pública.

Consistió en poner en el mercado, previa expropiación forzosa, y mediante una subasta pública, las tierras y bienes que hasta entonces no se podían enajenar, en poder de las llamadas «manos muertas», es decir la Iglesia Católica o las órdenes religiosas que los habían acumulado como habituales beneficiarias de donaciones, testamentos y abintestatos. También los llamados balídos y tierras comunales de los municipios. En otros países sucedió un fenómeno de características más o menos similares. Por ejemplo en México, la Ley Lerdo es el sobrenombre con el se conoce "La Ley de desamortización de las fincas rústicas y urbanas de las corporaciones civiles y religiosas de México" y fue expedida el 25 de junio de 1856, por el presidente Ignacio Comonfort.

Por otra parte dicha ley buscaba que se revirtiera la propiedad de cualquier bien comunal, esto es, de los bienes que no tuviesen a un particular como titular de los mismos, esto incluía a todos los conventos y bienes que pertenecían a congregaciones religiosas, pero también afectó a las poblaciones indígenas que tenían una propiedad corporativa de bienes.

Los bienes de dichas comunidades (religiosas e indígenas principalmente) se declararon patrimonio de la nación y fueron subastados para que tuvieran un propietario individual.

Esto se debió a varios factores, por un lado, el hecho de que grandes cantidades de terrenos estaban en la situación de ser propiedades comunales y por tanto, proveyeron de una buena fuente de ingresos al gobierno que estaba necesitado de recursos.

Por otro lado existía una animadversión por parte del gobierno liberal en contra de la Iglesia católica que había apoyado a los conservadores. Finalmente, y no menos importante, el liberalismo mexicano ponía en relieve los derechos y libertades del individuo, mismos que el Estado debía garantizar, teniéndolos por encima de los derechos de las colectividades, por lo que es lógico que sólo reconociera los derechos de propiedad cuyos titulares eran individuos particulares y no los derechos de propiedad de las comunidades.

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