Ley De Hooke

Por más de 40 años, el conflicto armado interno ha desangrado a la nación, siendo la sociedad civil la más afectada. Asesinatos políticos, desplazados, secuestros masivos de ciudadanos de todas las clases sociales, desapariciones forzadas y asesinatos de líderes sindicales, defensores de derechos humanos y líderes comunitarios son hechos que durante los últimos años evidencian una dinámica de degradación del conflicto y de desconocimiento de la dignidad personal de las víctimas.

Por eso, este viernes la sanción de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras por parte del presidente Juan Manuel Santos, cuyo acto tiene lugar en la Casa de Nariño, representa para millones de colombianos una esperanza en una apuesta audaz, como lo reconoció el mismo jefe de Estado, que busca “realmente cambiar en muchos aspectos la historia del país”.

Y la sanción de la ley cuenta con dos testigos de excepción: el secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, y la candidata al Premio Nobel de Paz, Yolandé Mukagasana —quien en 1994 perdió a toda su familia durante lo que se conoce como la ‘masacre de los cien días’, en Ruanda, y hoy trabaja con las víctimas en su país—, en un claro mensaje que Santos quiere enviar a la comunidad internacional en el sentido de que Colombia comienza a transitar ya por el sendero de la reconciliación, antesala para la paz y, de paso, seguir posicionando su liderazgo.

De hecho, el jueves el director del Centro de Información de la ONU en Colombia, Damián Cardona, dijo que lo que llevó a Ban Ki-moon a comenzar en Colombia la gira que tiene programada por Latinoamérica, es que el país “es miembro no permanente del Consejo de Seguridad” y, además, “ha adquirido un papel muy importante en la región”. Cardona se refirió también al reciente nombramiento de la colombiana María Emma Mejía como secretaria general de la Unasur y al papel que ha desempeñado Colombia en el regreso de Honduras a la OEA. “Eso aumenta el protagonismo del país en la comunidad internacional”, agregó.

La ONU ha seguido también muy de cerca el proceso de configuración de la Ley de Víctimas en Colombia. Esta semana, a través de su representante para los Derechos Humanos, Christian Salazar, dio a conocer una serie de observaciones al respecto: “Marca un giro fundamental de las políticas del Estado colombiano a favor de los derechos de las víctimas. Establece una base de esperanza para aliviar el sufrimiento de millones de víctimas del conflicto armado interno y hacer posibles la paz y la reconciliación”, señaló.

Pero, entre otros puntos, Salazar llamó la atención en el sentido de que se deben fortalecer las obligaciones del Estado de proteger a las víctimas contra posibles reacciones violentas de usurpadores de tierras y sus testaferros. Un tema candente tras el asesinato en Medellín de Ana Fabricia Córdoba,

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