Leyes De Reforma

Las leyes de reforma fueron expedidas entre 1855 y 1863, muchas incorporadas a la Constitución de 1857. Se caracterizan por impulsar la separación del Estado y de la Iglesia, así como el poner en circulación los bienes de “manos muertas” con la intención de mejorar la economía nacional, y buscar debilitar el poder económico de la Iglesia, principal opositora a la Constitución y las instituciones republicanas.

Antecedentes

El 5 de febrero de 1857 se creó la nueva constitución tras el triunfo del plan de Ayutla. Se eligió presidente provisional a Juan Álvarez, quien formó su gabinete con liberales radicales, como Melchor Ocampo, Benito Juárez, Ponciano Arriaga y Guillermo Prieto. Iniciaron la reforma al promulgar la Ley Juárez. Juan Álvarez renunció a la presidencia y fue relevado por el liberal moderado Ignacio Comonfort, quien sustituyó a los miembros del gabinete con moderados. También promulgó dos leyes reformistas: la Ley Lerdo y la Ley Iglesias.

El congreso constituyente creó una constitución que no era radical, pero introdujo reformas importantes como libertad de educación y de trabajo; libertad de expresión, de petición, de asociación, de tránsito, de propiedad; igualdad ante la ley y ratificación de la soberanía del pueblo constituido en una república representativa, democrática y federal. Las elecciones convirtieron a Comonfort en presidente, pero el país estaba sin recursos y la venta de bienes eclesiásticos no solucionaría los problemas financieros del Estado.

La constitución, a pesar de ser moderada, tuvo gran oposición. No incluyó por primera vez la obligatoriedad de la religión católica. Tras la incorporación de las leyes de reforma añadió la enseñanza laica, supresión de fueros y enajenación de bienes de la iglesia. El papa Pío IX condenó los actos del gobierno y ordenó al arzobispo Antonio de Labastida a incitar una rebelión.

Guerra de reforma (1857-1860)

Los conservadores organizaron un movimiento armado que estalló en diciembre de 1857, al mando del general Félix Zuloaga, bajo el Plan de Tacubaya, que desconocía la Constitución y exigía un nuevo congreso constituyente. Comonfort, quien consideraba que era imposible gobernar con ella, decidió apoyar el Plan creyendo que los conservadores seguirían reconociendo su mandato, pero días más tarde Zuloaga lo desconoció y asumió la Presidencia.

De acuerdo con la Constitución, correspondía la presidencia al presidente de la Suprema Corte de Justicia, que era Benito Juárez. Zuloaga era dueño de la capital y fue apoyado por los estados del centro, fue reconocido por representantes extranjeros. Juárez dejó la Ciudad de México para defender el orden constitucional desde Veracruz, donde se le podía proporcionar los recursos de la aduana.

Para consolidar el apoyo de los liberales radicales y de la clase empresarial, que estaba muy interesada

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