Murdis Y Portantiero

Semana 21. Origen del peronismo en argentina. Murmis y Portantiero

Todo proceso de industrialización sin revolución industrial, como el que se dio en Argentina, plantea características diferentes a las del modelo clásico en la estructura económica y promueve alternativas particulares en la dimensión sociopolítica.

En efecto, Murmis y Portantiero plantean que el proceso de industrialización por sustitución de importaciones conlleva características diferentes de las del modelo clásico, que describe la orientación de las clases y los grupos sociales frente al crecimiento industrial, y que se caracteriza por exponer una polarización entre los propietarios agropecuarios y los propietarios industriales. Según este modelo, los primeros tienen como principal objetivo el mantenimiento de la preminencia de la tierra como fuente de ingresos, status y poder, por lo tanto, presentan actitudes tradicionales y opuestas al fortalecimiento de nuevas actividades productivas. En cambio, el interés de los industriales reside en el crecimiento de las nuevas actividades y en la conquista del poder político y de su hegemonía social.

De este modo, los autores niegan la existencia de una oposición entre la burguesía terrateniente y la burguesía industrial en el caso argentino. Por el contrario, afirman la presencia de una comunidad de intereses en torno a una propuesta de industrialización limitada. Sin embargo, reconocen que esta propuesta no sería percibida como el proyecto indiscutido de la clase dominante, ya que encontraría su oposición más decidida en un sector subordinado de los terratenientes. Esto conduce a que los autores no conceptualicen el proceso como de fusión de intereses sino como de alianza entre fracciones de clases, dando cuenta de la heterogeneidad de los grupos sociales involucrados. Así, el proceso de crecimiento tardío implicaría la configuración de alianzas entre sectores de propietarios agrarios e industriales, más que su enfrentamiento global.

Al mismo tiempo, tampoco puede suponerse que la promoción de medidas tendientes a la industrialización acarreara orientaciones sociales y políticas progresistas, como si lo presume el modelo clásico. Es decir, que ninguna de las fracciones partidarias de la industrialización aspiraba a minar las bases de la estructura de dominación tradicional.

Condiciones que hicieron posible el cambio en la política económica:

La crisis de 1929 marcara para Argentina un cambio trascendental en su situación económica, al afectar su privilegiado status de país agroexportador. El modelo dejara de tener vigencia frente a las respuestas proteccionistas que los países centrales podrán en práctica como alternativa a la crisis.

Frente a la crisis, hubo una primera respuesta que encabezo el gobierno de Uriburu (bajo el ministerio de Alberto Hueyo), entre 1930 – 1933, que se planteó en términos de alternativa recesionista. Esta consistió en equilibrar las finanzas, aun a costa de la recesión económica, cumplir con las deudas en el exterior y condenar a la economía a una paralización virtual en espera de momentos mejores. Es decir, la situación se percibía como transitoria y se creía que tras un periodo de ajuste la economía argentina volvería naturalmente a la coyuntura anterior.

Sin embargo, esta orientación comenzara a ser abandonada desde finales de 1933, cuando Federico Pinedo y Luis Duhau ocupan los ministerios de Hacienda y de Agricultura, respectivamente, durante el gobierno de Justo. Se desarrolló entonces una nueva política económica: la de industrialización sustitutiva de importaciones. Es decir, la de modificar en parte la estructura productiva, reduciendo ciertos ítems de las importaciones y sustituyéndolos por medio de la producción local. Se creía que el desarrollo de ciertas ramas de la manufacturas permitiría, sin modificaciones profundas en la estructura económica, un reajuste del sistema a los nuevos términos del comercio mundial. En la medida en que descendía la participación de las economías agroexportadoras en el mercado mundial, se hacía necesario que las importaciones desciendan a la altura de las exportaciones.

El objetivo siempre fue una industrialización limitada. Su resultado será una economía industrial “no integrada”, basada en la industria liviana, productora de bienes de consumo no durables. No existieron propuestas orgánicas, ni por parte del gobierno ni de los industriales mismos, que profundicen esta orientación hacia la sustitución de importaciones, exigiendo el desarrollo de una industria de base o la ruptura de la subordinación económica a los centros internacionales. Además, las transformaciones se operaron solo en el sector industrial manteniéndose inmodificada la estructura agraria, otro rasgo propio de la industrialización sustitutiva de importaciones. Solo se buscó cubrir el vacío llenado anteriormente por bienes de consumo importados (textiles y alimentos sobretodo). No hubo grandes inversiones, sino que se hizo rendir al máximo la capacidad instalada y solo se aumentó la ocupación de mano de obra (industrias mano de obra intensivas).

Para la definición de esta nueva política el llamado Pacto Roca Runciman firmado en 1933, fue de vital importancia ya que ejercerá una influencia determinante en el cambio de orientación de la política económica.

El pacto garantiza que el Reino Unido no impondrá restricciones a las importaciones de carne vacuna enfriada procedente de Argentina. Esto importaba una serie de obligaciones paralelas para nuestro país. En 1° lugar, el 85% de las licencias de importación de la carne argentina en Inglaterra debía ser distribuido por el gobierno británico, lo que significaba consolidar el trust frigorífico. Solo el 15% de esa cuota quedaba a disposición del gobierno argentino. Además, este último se comprometía a: 1) mantener libres de derechos el carbón y todas las otras mercancías que entonces se importaban libres de derechos; 2) respecto de las importaciones de productos ingleses sobre cuyos derechos aduaneros Gran Bretaña gestionaba una reducción, volver a las tasas y aforos vigentes en 1930, comprometiéndose argentina a no imponer ningún nuevo derecho ni aumentar los existentes.

Este convenio significaba la aceptación por parte de nuestro país de las reglas de juego impuestas por los ingleses. Su principal consecuencia fue la acentuación de una división de intereses al interior de la clase ganadera. En efecto, el Pacto fue una concesión inglesa a los productores de carne enfriada “chilled” (invernadores), en la medida, en que les aseguro una cuota estable de exportación y les permitió mantenerse integrados a su tradicional fuente de recursos. Esto permitió que los grandes hacendados apoyasen el proyecto de industrialización limitada.

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