Neoliberalismo

Neoliberalismo en México

La petrolización de nuestra economía, el enorme crecimiento de nuestra deuda externa y la profunda crisis que sacudió al país a principios de la década de los 80, durante el gobierno de José López Portillo, sirvieron de extraordinario pretexto a los neoliberales para empezar a aplicar en México las recetas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM).

Esos organismos financieros al servicio del imperialismo norteamericano, aprovechando la situación de crisis creada por ellos mismos al propiciar una política generalizada de endeudamiento, más allá de las posibilidades reales de los países subdesarrollados, particularmente de los de América Latina, les impusieron su proyecto neocolonial. En México a través de las llamadas cartas de intención suscritas por el gobierno y el FMI se adquirieron muchos compromisos, entre ellos la política consistente en deshacerse de las empresas públicas, la de establecer topes salariales y otras similares, todas ellas contrarias a los intereses nacionales y populares.

El nuevo proyecto, proponía superar la profunda crisis económica que aquejaba al país, lograr un crecimiento sostenido de la economía y mejorar las condiciones de vida de los mexicanos. Durante los últimos 17 año los resultados de la aplicación del neoliberalismo en nuestro país son los siguientes:

Primera etapa: el desmantelamiento del sector estatal

Gobierno de Miguel de la Madrid

A partir del gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988) se inicia, con el pretexto de que la crisis se había presentado porque el Estado estaba obeso y que por ello no podía cumplir con su función fundamental que es la de proporcionar bienestar a los mexicanos, la aplicación en nuestro país del proyecto neoliberal. La primera medida consistió en realizar el proceso llamado, eufemísticamente, de desincorporación de empresas públicas por las siguientes vías: la extinción, la fusión, la liquidación, la transferencia a las entidades federativas y municipios, la venta a los trabajadores de la empresa que se desincorpora, y sobre todo, la venta a los empresarios privados nacionales y extranjeros.

El 3 de diciembre de 1982, apenas dos días después de haber tomado posesión como presidente de la República, Miguel de la Madrid envió al Congreso de la Unión, un par de iniciativas para modificar la Constitución. Dichas propuestas fueron aprobadas y entre las modificaciones realizadas es indispensable destacar las relativas al los artículos 25 y 134 constitucionales.

En el nuevo artículo 25 se incluyeron tesis ajenas y contrarias al proyecto emanado de la Revolución Mexicana. Al definir al Estado como rector se le suprimió, en la práctica, su papel de productor directo de bienes y servicios y en contra partida se le dejó solamente la facultad de dictar las normas, a partir de las cuales deberían desarrollar sus actividades los particulares, es decir, se sentaron las bases para convertir al Estado mexicano en algo similar al Estado policía que propone el neoliberalismo. El objetivo central era debilitarlo, como paso previó para poder desarrollar el proyecto económico dependiente del imperialismo.

Partiendo del principio que establece que en derecho constitucional lo que no está expresamente facultado no lo puede realizar la autoridad, se realizaron las modificaciones al artículo 134 de nuestra Carta Magna para incluir en dicho ordenamiento el sustento jurídico del gobierno mexicano para vender las empresas del Estado, sustento que no estaba incluido en ningún otro artículo constitucional.

Al amparo de estas y otras modificaciones legales, durante el sexenio de Miguel de la Madrid, se produjeron los siguientes hechos: si durante el primer año de ese régimen, el gobierno federal participaba en 45 ramas de la economía, para el último solamente lo hacía en 23; si en 1982 tenía 1155 empresas: 744 de participación estatal mayoritaria, 231 fideicomisos públicos, 102 organismos descentralizados y 78 empresas de participación estatal minoritaria, en 1988 tenía solamente 412; de las 705 empresas desincorporadas 219, es decir, el 30 por ciento, fueron vendidas. El gobierno federal proporcionó la información anterior en un documento en el que se establecía que sólo se había procedido a desincorporar empresas que no eran estratégicas ni prioritarias para el desarrollo nacional, que el 18 por ciento de las empresas vendidas tenían como nuevo dueño al sector social, es decir, a los sindicatos y otras organizaciones de trabajadores y que en más del 90 por ciento de los casos los compradores habían sido inversionistas nacionales.

Además, casi al finalizar su gestión, en diciembre de 1987, propuso a los sectores productivos del país la suscripción de un Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico, que obligaba al gobierno a no incrementar los precios de los bienes y servicios que proporcionaba a través de sus empresas; establecía, violando los derechos de los trabajadores, el tope a los incrementos salariales y solamente recomendaba al sector privado el no incremento de sus precios por encima de los costos reales. Con ello, decía, se estabilizaría la economía, esta empezaría a crecer y los trabajadores irían recuperando, poco a poco, el poder adquisitivo de sus salarios.

Sin embargo, los resultados de esa política económica no pudieron ser más desastrosos, se continuó incrementando la deuda externa pública y total, la inflación creció a tasas muy elevadas, 86.7 por ciento de promedio anual; el Producto Interno Bruto tuvo saldo negativo en el sexenio y el salario mínimo real perdió, durante esos seis años, el 41 por ciento de su poder adquisitivo.

Segunda etapa: la profundización del proyecto neoliberal

Gobierno de Carlos Salinas de Gortari:

En el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), el proyecto neoliberal se fue profundizando y se plantearon ya con más claridad los principales postulados de la política económica gubernamental y se fue definiendo con mayor descaro el rumbo antinacional y antipopular.

Carlos Salinas vendió empresas del Estado con el argumento de que había que vender bienes para remediar males, que con los ingresos provenientes de esa venta, se resolverían problemas fundamentales para el pueblo: agua potable, drenaje, alcantarillado, vivienda, etc.

Sin embargo, es muy significativo que el monto obtenido por el gobierno de Salinas de Gortari por la venta de empresas, que fue de 64 mil millones 894 mil 306 pesos, o lo que es lo mismo, un poco más de 20 mil millones de dólares, era una cifra equiparable a lo que México había pagado por intereses de la deuda externa.

Lo anterior refleja que el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol), creado durante ese sexenio y que supuestamente

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