Reforma Agraria Durante La República Española

REFORMA AGRARIA EN LÍNEAS GENERALES DURANTE LA REPÚBLICA

La Reforma Agraria buscaba una mayor igualdad en la distribución de la propiedad y de la rentabilidad en el sector primario, conviene distinguir que toda la política fiscal y monetaria del primer bienio, de inspiración social y reformista, se interesaba por la acción del Estado para acabar con una sociedad estamental y casi feudal mientras que en el período 1933-1936 los gobiernos de coalición radical-cedista practicaron una política conservadora que frenó las iniciativas reformadoras, tanto de la distribución de la producción agraria como de las elevaciones salariales del primer período. En un país de escaso desarrollo industrial, con la mitad de la población activa agraria en el campo, cuesta encontrar un modelo alternativo para paliar el paro como el de intensificar la gran explotación incorporando el factor productivo que más abundaba, el trabajo. Con la mayor productividad de la pequeña explotación sería posible reducir la pobreza y el paro que, como hoy, azotaba a las provincias extremeñas y andaluzas. El modelo reformista encontró demasiados obstáculos, para empezar, el enemigo estaba en casa. El programa de política económica planteado en 1931 fue un programa modernizador y regeneracionista. Trataba de corregir la desigual distribución de la propiedad territorial, elevar la productividad del sector primario mediante una gestión más eficaz derivada de la reforma de la propiedad, y mediante el acometimiento de obras de infraestructura, la elevación del nivel educativo y cultural de la población y el abandono del proteccionismo como sistema de gestión económica. La búsqueda de algunos de estos fines provocó políticas de elevación salarial o de reasignación de la propiedad territorial; aunque la Reforma Agraria fue más bien objeto de debate y polémica que de transformación de los hechos.

Desde finales de abril hasta principio de julio, los ministros socialistas de Trabajo, Francisco Largo Caballero, y de Justicia, Fernando de los Ríos, publicaron una serie de decretos dirigidos a remediar la dramática situación de paro en la España rural, intensificada por el regreso de emigrantes de América latina y del norte de Europa a unas tierras castigadas por la sequía durante la temporada 1930-1931. El 25 de julio la Comisión presentaba ya al Gobierno un Proyecto de Reforma Agraria estableciendo las bases para el más rápido y eficaz asentamiento de campesinos. El presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora, se opuso al proyecto más ambicioso, el de la Comisión Técnica Agraria en julio de 1931, al mes siguiente propuso el suyo propio, más preocupado por limar las aristas que pudieran afectar a la burguesía rural que por llevar a cabo la reforma. Dicha Comisión empezó a estudiar el principal problema de toda la reforma, el de más urgencia, el de los latifundios. Las medidas de Largo Caballero fueron más polémicas, con el llamado “decreto de términos municipales” del 28 de abril de 1931 que prohibía contratar obreros foráneos mientras los trabajadores del propio municipio permanecieran sin empleo, pretendió neutralizar la más potente arma de los terratenientes: la capacidad de romper las huelgas y mantener los salarios bajos a base de contratar mano de obra barata y traída de fuera. Luego creó la Ley de Jurados Mixtos del 27 de noviembre para la negociación de los salarios y las bases de trabajo en el campo, antes decididos a capricho de los propietarios, y estableció la jornada de ocho horas. Finalmente, a fin de evitar que los propietarios sabotearan estas medidas, un decreto de laboreo forzoso les impidió mantener sus tierras sin cultivar. De hecho, fue casi imposible aplicar con rigor tales decretos.

Aun así, estas medidas...........pag56

La ejecución de la reforma se encomendaría al Instituto de Reforma Agraria. Como última recomendación, la Comisión Técnica, proponía al Gobierno que implantase la Reforma por decreto, y que, una vez implantada, tramitase la aprobación de las Cortes, siempre lentas en sus decisiones. Una medida de emergencia contra el paro agrícola, como era ésta, ya llevaba en sí una justificación popular; se ganaba la opinión campesina y obrera y evitaba a las Cortes volverse atrás con medidas antirrevolucionarias, inservibles de hecho. Sin embargo, el verdadero opositor a esta ponencia técnica, simple y eficaz, fue el terror de los propietarios que inmediatamente formaron la “Agrupación Nacional de Propietarios Agrarios”, para luchar en una “Gran Asamblea”, con presión segura y mediante la ayuda editorial de la prensa católica y conservadora, contra las medidas propuestas. Comenzando así las oportunas acciones que llevaron al fracaso del proyecto de reforma.

Abandonada totalmente la propuesta, una Comisión Ministerial, con Niceto Alcalá-Zamora a la cabeza, redactaría un nuevo proyecto. Pudo contar con el apoyo socialista, que buscaba no una reforma, sino la expropiación. Y el 25 de agosto presentó a las Cortes el nuevo Proyecto con la firme confianza en una aprobación rápida. Creó un nuevo orden para la expropiación: 1º las tierras de origen señorial, 2º las tierras que hubieran de ser regadas con obras hidráulicas auxiliadas por el Estado, 3º las tierras arrendadas por diez o más años y 4º las tierras de un solo propietario con una extensión mayor de la quinta parte de un término municipal, lo que suponía el dominio personal de la economía de un lugar. Esta expropiación se haría mediante indemnización, sin embargo, la elevada tasación por indemnización no era la adecuada para una reforma agraria, y fue combatida por políticos de izquierda y por los socialistas; pero el proyecto en general agradó a los republicanos, aun a los conservadores, y hasta consiguió el apoyo de la prensa católica y conservadora. El proyecto hubiera triunfado en las Cortes de no haberse interpuesto la oposición parlamentaria a Alcalá-Zamora. La nobleza era la que recibía el trato más duro, puesto que sus tierras serían expropiadas sin indemnización. Fue, pues, la presión de los republicanos de izquierdas y socialistas la que consiguió este rechazo práctico del proyecto de Alcalá-Zamora que, el día 14 de octubre, presentaba su dimisión. El nuevo Gobierno presidido por Azaña encontró sobre la mesa un Tercer Proyecto que no convencía a socialistas ni a radicales, ni a conservadores ni a católicos, ni, por supuesto, a la Minoría Agraria. El día 26 de noviembre llegaba a las Cortes el Cuarto Proyecto, más radical aún,

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