Reforma de la Administración Publica

4. Reforma de la Administración Publica

El segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez (1989-1993) comenzó incluyendo la reforma administrativa del sector público como parte del cambio institucional delineado en el VIII Plan de la Nación. Según CORDIPLAN (1990:86-87), este era entonces un sector “burocratizado, descoordinado, ineficaz y carente de controles efectivos”, que había crecido “por agregación de partes, sin un plan coherente de desarrollo”, propiciando “el desarrollo de factores que favorecen la expansión de la corrupción administrativa” sin lograr la prestación oportuna de servicios públicos de buena calidad. Para transformarlo en un sector “dinámico, confiable y responsable, capaz de reaccionar eficientemente a las exigencias del desarrollo económico y social”, el gobierno anunció la redefinición de su “grado de actuación reduciendo especialmente su ámbito empresarial” y aprobando la descentralización y desconcentración política y administrativa. Además, su estrategia incluía “la modernización de la Dirección Superior del Estado, la profesionalización de la gerencia pública, la adecuación del control legislativo sobre la gestión pública, la liberación de las trabas administrativas y la reducción de la discrecionalidad de los funcionarios”, medidas previamente recomendadas (entre otras) por la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE), nombrada por Jaime Lusinchi durante el gobierno anterior (1984-1988).

La Constitución de 1999 replanteó la tarea. Nuevas leyes se han aprobado desde entonces, y una nueva Comisión Presidencial para la Transformación de la Administración Pública Nacional fue nombrada en septiembre de 2002 con el propósito, entre otros, de “diseñar el nuevo modelo de Administración Pública Nacional”. Cinco años después, antes de presentar una propuesta de Reforma Constitucional, el Presidente anunció una nueva “transformación sustancial de los principios y lineamientos de funcionamiento y organización de la Administración Pública; del sistema de planificación y de articulación de la acción del Estado con los distintos actores públicos”, orientada en esta ocasión a la construcción del socialismo. Para ello nombró una Comisión Central de Planificación a la que encomendó “integrar todos los planes que desarrollan las alcaldías, gobernaciones y otros entes gubernamentales” y “elaborar el mapa central de la estructura económica tanto estatal como privada, que sirva de base para elaborar el nuevo modelo socialista”.

En Venezuela, hasta ahora los intentos de reforma han Perseguido mejorar una estructura pública intrínsecamente muy deficiente, sin buscar la modificación de las bases conceptuales que sustentaban el proceso de reforma. Lo que se pretende con la Ley Orgánica de Administración Pública es propiciar el cambio administrativo, ajustando la lógica de funcionamiento y constituyendo un nuevo paradigma de gestión más flexible desde la reforma del Estado (1991-1998) hasta los producidos a partir del triunfo del presidente Hugo Chávez. La revisión del modelo de administración centralizado-burocrático populista (característico del período de reinstauración democrática 1958-1991), sus enfoques teóricos para su modernización, así como las líneas sobre las cuales se han introducido los cambios en la era Chávez, permitirán diferenciar los tres modelos que a nuestro juicio pueden identificarse en el caso venezolano:

• Modelo de Administración Burocrática–Populista Centralizado 1958-1989.

• Modelo Descentralizado del Estado 1990-1998.

• Modelo de Administración Burocrático-populista con base militar 1998- en desarrollo.

Los cambios observados en los modelos administrativos se centran fundamentalmente en:

• desplazamiento de mediadores clave, los partidos tradicionales dan paso en el modelo de reforma del estado al estamento gerencial y en el caso del modelo administración Chávez, a la mediación de la fuerza militar, lo cual opera desde el inicio de su gobierno.

• la estructuración

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