Republica y republicanismo en España siglo XX

Historia Contemporánea de España II

Maite Llopis Descals

República y republicanismo

La década de los treinta es uno de los periodos más convulsos de la historia de España, en solo diez años se vivió el paso de la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930), a la proclamación de la II República (1931-1939), seguida de la consiguiente Guerra Civil (1936-1939) y el fin de esta con la instauración de la dictadura del General Franco (1939-1975), la cual duró casi cuarenta años.

Partiendo del ambiente de crisis que caracterizó la España de inicios del siglo XX, con motivo de la quiebra del sistema de la Restauración, la perdida de las ultimas colonias (1898) y la consecuente crisis de consciencia, la Semana Trágica (1909), las consecuencias de la I Guerra Mundial, el desastre de Annual (1921), el auge de los nacionalismos periféricos y la extensa crisis social, el rey se planteó tomar el mando de la vida política española, aunque, finalmente, se dejó en manos de los militares. Así, se llegó al golpe de Estado protagonizado por Primo de Rivera en Barcelona el 13 de septiembre de 1923, el cual hizo públicos sus planes en un Manifiesto. La reacción general a dicha sublevación fue de pasividad, ya que Primo de Rivera encarnaba al “cirujano de hierro”, del que hablaba Joaquín Costa, que había llegado para extirpar los males de la nación: El rey pronto hizo confesión de ignorancia, pero lo apoyó, ya que lo consideraba como un medio factible de limpieza para acabar con la crisis del régimen. Asimismo, no hubo reacciones por parte del gobierno, de manera que la oposición al golpe quedó reducida a las manifestaciones de izquierdas, anarquistas y comunistas, unas manifestaciones que no consiguieron llegar más allá de la protesta por la falta de apoyo popular. Finalmente, sería la propia gestión del régimen primorriverista la que limitó y liquidó su popularidad, llegando a perder el apoyo del propio rey y de los militares. La oposición política más firme vino de la mano de los sectores desplazados por la dictadura que vieron en el auge de la contestación social la oportunidad para configurar un régimen alternativo a la monarquía: En 1926 surgió la Alianza Republicana en la que confluían el Partido Republicano Radical, el Partido Republicano Democrático Federal, Acción Republicana, el Partit Republicà Català y otros de menor entidad.

Consecuentemente, viejo y falto de apoyos, Primo de Rivera dimitió en 1930 y el rey, en un intento inútil de retornar a la “normalidad constitucional” y hacer olvidar su implicación en el golpe de Estado, nombró como sucesor a Dámaso Berenguer, el cual no pudo hacer frente a la fuerte oposición política, ya que la desconfianza hacia la monarquía había crecido incluso entre los sectores tradicionalmente monárquicos: El verano de 1930 se produjo el Pacto de San Sebastián, promovido por Alianza Republicana, al que se añadieron, posteriormente, las organizaciones socialistas de PSOE y UGT, con el fin de establecer la estrategia para acabar con la monarquía de Alfonso XIII y proclamar la II República Española. Con esto, en diciembre de 1930 se produjo la sublevación militar en la Guarnición de Jaca, la cual fracasó por la falta de coordinación y culminó con una serie de fusilamientos que precipitaron el fin de la monarquía y del gobierno de Berenguer, que había anunciado la convocatoria de elecciones para el 12 de abril. Así pues, hasta dicha fecha, la campaña política que se llevó a cabo fue muy intensa: Para ello, los monárquicos equipararon la república como la antesala del comunismo y con el caos de la primera experiencia republicana de 1873, mientras los republicanos hicieron uso de los fusilamientos de Jaca para mostrar la injusticia y la tiranía de la monarquía y el gobierno.

Los resultados de las elecciones del 12 de abril, cuyo fin era recuperar el control de los ayuntamientos por parte de los grupos dinásticos, supusieron una gran sorpresa, ya que las candidaturas republicano-socialistas triunfaron en casi todas las grandes ciudades, lo cual precipitó la abdicación de la monarquía y la proclamación de la II República. Las reacciones a dicha proclamación fueron variadas: por parte de las masas populares se vivió como una fiesta de fraternidad y de triunfo de los derechos ciudadanos, mientras las autoridades oscilaron desde la oposición a la respetuosa resistencia o la completa neutralidad. Así, instaurada la República y desplazado el gobierno vigente, se formó un Gobierno Provisional presidido por Alcalá-Zamora, siendo su primera actuación la publicación de un Estatuto Jurídico cuyo objetivo era la publicación de un código legal y normativo para el nuevo régimen hasta la elaboración de una nueva Constitución por parte de unas Cortes Constituyentes. Tras varios meses de debates, que plasmaron la fragmentación existente entre los distintos partidos de la alianza republicana, la nueva constitución fue aprobada en diciembre de 1931: se trataba de una Constitución avanzada que reconocía la soberanía popular, el sufragio universal masculino y femenino (artículo 36, el cual suscitó un gran debate, ya que muchos republicanos consideraban a las mujeres psicológica y emocionalmente influenciables), la igualdad jurídica de los españoles y unas Cortes unicamerales. Asimismo, se establecía la capital en Madrid, la lengua castellana como la oficial, la separación de la Iglesia-Estado (artículo 26, supresión de las órdenes religiosas y la nacionalización de sus bienes) y la concepción del Estado como un “Estado Integral”. Estas dos últimas cuestiones fueron las que suscitaron una mayor controversia: En cuanto a la organización del Estado los de derechas se decantaban por un modelo centralista, mientras los federales y los catalanistas eran partidarios de un modelo federalista. Ante dicho desacuerdo, junto a la imposibilidad de negarse a una cierta autonomía catalana, ya que diversos poderes catalanistas habían participado en el Pacto de San Sebastián con dicha condición y oponerse suponía ponerse en contra a la ciudad más rica y poblada sin la que la Republica no sería posible, se optó por el “Estado integral”, con el fin de conciliar las tendencias unitarias con las regionalistas: Correspondía a las propias regiones, portadoras de afinidades geográficas, lingüísticas, históricas y culturales, definir su configuración autónoma, aunque la propuesta de autonomía debía de ser aceptada por el Parlamento para hacerse afectiva, por lo que se trataba de un estado integral tendente al centralismo, ya que se trataba de una transacción entre el Estado soberano y los nacionalismos periféricos. Así, fueron varias las regiones las que lo solicitaron, como Euskadi, Galicia o Cataluña, pero solo se hizo efectiva en esta última a partir del Estatuto de Nuria. En cuanto a la cuestión religiosa, la Constitución de 1931 definía el Estado español como un estado laico con la separación Iglesia-Estado, el fin de las subvenciones y la disolución de las órdenes religiosas y la nacionalización de sus bienes, así como la libertad de conciencia y de culto. Esto provocó el rechazo por parte de la Iglesia y grupos de derechas, hasta el punto de que la minoría vasco-navarra abandonó las cortes.

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