Resumen De Un Pais Militarizado

UN PAÍS MILITARIZADO

Guatemala es uno de los países latinoamericanos que más gobiernos militares a tenido en toda la época republicana, ya sea en la forma de dictaduras clásicas, juntas militares, gobiernos constitucionales, etc. En este siglo, 78 años gobernaron militares, y sólo 12 lo hicieron civiles.

UN GOLPE DE ESTADO NOVEDOSO

Tras varios años de inestabilidad política y social, un golpe de Estado sustituye el 30 de marzo de 1963 al presidente constitucional, el General Miguel Idígoras Fuentes. El golpe estaba encabezado por el ministro de la Defensa, coronel Enrique Peralta Azurdia, quien asumió la Jefatura del Estado.

TREINTA AÑOS DE MILITARIZACION

La militarización del poder político no tubo una proyección lineal ni siempre idéntica, sino que se ha ido adecuando a las distintas situaciones y requerimientos.

Pese a la represión destacada por el gobierno de Peralta Azurdia, la ausencia de medidas en favor de los sectores populares hacía que a finales de 1965, la ebullición social fuera más grave. Los militares, entonces, convocan a la elección y entregan la Presidencia de la República al abogado Julio César Méndez Montenegro postulado por el Partido Revolucionario -PR-, que agrupaba a algunos sectores que habían participado en la escena política en la época de 1944-1954.

Antes de asumir el cargo, Méndez firmó un pacto con los militares en el que se comprometía a no tocar la estructura del ejército, a dejar a éste “mano libre” en el combate contra la guerrilla, y a excluir a los “izquierdistas” de su gobierno. Se convertía, así en una pantalla civil para dar un barniz democrático al poder militar.

En el período de Méndez Montenegro el ejército da gran impulso a la represión clandestina, con la creación de grupos especiales secretos (a los que se llamaría “Escuadrones de la Muerte”), para realizar ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.

INTENTOS DE RECOMPOSICIÓ EN LOS 80

Al iniciarse la década de los 80 el régimen guatemalteco se encontraba en una crisis progresiva y multifacética.

La presencia vigorosa del movimiento revolucionario, la ingente corrupción del gobierno de Lucas García (1978-1982) y la acentuación de la crisis económica, afectaron profundamente las relaciones entre el alto mando militar y la comunidad empresarial. Ésta reprochaba al ejército por su ineficacia en el combate a la insurgencia, mientras los militares adjudicaban a la iniciativa privada la responsabilidad de la aguda situación social prevaleciente en el país, al haber extremado las condiciones de explotación.

En 1977 el presiente de los Estados unidos, James Carter, había suspendido la ayuda militar en Guatemala debido a la política de sistemática violación a los derechos humanos. Las relacionen entre ambos gobiernos se tensaron. Pero las violaciones masivas a los derechos humanos continuaron, y el aislamiento internacional a inicios de los 80, era tal que la misma administración Reagan le resultaba difícil ayudar económica y militarmente a los gobernantes guatemaltecos.

El 23 de marzo de 1982 surge un primer intento, a través de la asonada que derrocó a Lucas Gracía.. La Junta Militar de turno, presidida por el general José Egraín Rios Montt, elaboro un “Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo” -PNSD-, que diseñaba la estrategia del alto mando del ejército para los años siguientes.

El general Ríos Montt desplazó a los pocos meses a sus dos compañeros de la Junta Militar y se autonombró presidente de la República. Pero el 8 de agosto de 1983, el mismo fue sustituido por un nuevo gobierno, encabezado por su propio ministro de la Defensa, el general Oscar Humberto Mejía Víctores. Ríos Montt había incomodado a la oficialidad, al rodearse de algunos oficiales jóvenes; además, su personalidad excéntrica e histriónica le había concitado una amplia oposición en todo el país.

EL “PROYECTO DEMOCRATIZADOR”

Entre 1982 y 1984 el alto mando militar desarrolló fuertes campañas antiguerrilleras, caracterizadas por grandes masacres y operaciones de “tierra arrasada” contra la población civil. Se pretendía “quitar el agua al pez”; es decir, restarle base social al movimiento revolucionario.

Paralelamente a esas campañas militares y represivas, el ejército comenzó a hablar de “apertura democrática”, “proceso democratizador” y “retorno a la institucionalidad”.

La “apertura democrática” ya había sido utilizada anteriormente en la historia moderna de Guatemala como un elemento exclusivamente propagandístico, sin relación alguna con la realidad. La nueva “apertura” no era la excepción. Derrumbado políticamente e imposibilitado para continuar su programa de militarización desde la posición del gobierno, el ejército se proponía introducir una readecuación.

ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE

El 1 de julio de 1984, tuvieron lugar las elecciones para Asamblea nacional Constituyente, convocadas por el ejército. Emitieron su voto el 50,15% de los ciudadanos con derecho a voto (el 72,33% de los empadronados); el 10% de los votantes lo hicieron en blanco o votaron nulo. El 24 de enero de 1985, los generales Mejía Víctores y lobos Zamora, jefe y subjefe del Estado, acompañados de nueve comandantes de guarniciones militares, visitaron la Asamblea y pidieron que en la futura Constitución de garantizara la vigencia de las Coordinadoras Interinstitucionales, los Polos de Desarrollo y las Patrullas Civiles, tres mecanismos claves en la militarización del país.

El 31 de mayo de 1985, la Constitución fue entregada oficialmente. El diputado José García Bauer, decano de los parlamentarios, estimó que no incluía ni siquiera el 10% del contenido social de la anterior Constitución de 1965.

EL GOBIRNO DEMOCRISTIANO

Ante las elecciones generales de 1985, donde saldrían como ganadores los democratacristianos, la Subcomisión de Prevención de la Discriminación y Protección de las Minorías, de la ONU, expresó en una resolución “...su preocupación al gobierno de Guatemala por el clima de intimidación y terror que impera en el país que es un obstáculo a la participación de todas las fuerzas políticas, de los sectores sociales y de los ciudadanos en las elecciones...”.

La administración democristiana no sólo no desmontó la militarización heredada de los regímenes anteriores, sino que le dio una mejor cobertura política e institucional ante la comunidad internacional, promoviendo incluso una imagen desarrollista de instituciones y mecanismos de la militarización, para favorecer la captación de donaciones y préstamos.

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