Separación Iglesia Estado Ecuador

Constitución Política del Ecuador, Art.1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada.

El Ecuador es un estado laico desde 1895, triunfo de la revolución liberal. Se implementó la separación total del Estado y de la Iglesia, la educación laica, pública y gratuita, nacionalización de registro civil, ley de matrimonio civil, establecimiento del divorcio y manejo de los cementerios por el estado y la eliminación del diezmo.

En la Constitución de 1897, instituyó la religión Católica como única religión del Estado (art. 12), pero instando al respeto de creencias y manifestaciones religiosas de la ciudadanía. (art. 13). En la segunda Constitución Liberal, de 1906, se profundizan las medidas tomadas, se suprime la religión oficial y se garantiza la libertad de conciencia.

Ecuador, desde 1906, es un Estado constitucionalmente laico, sin embargo, en la práctica no lo ha sido; la separación estado-iglesia no ha sido absoluta, la iglesia católica, especialmente durante algunos gobiernos, ha tenido mucha injerencia, no solo en lo simbólico sino también en lo fáctico. Esta institución es una de las más importantes tenedoras de deuda ecuatoriana, en cada posesión presidencial e informes presidenciales el Cardenal Primado ocupa un puesto en la mesa directiva, junto con las cabezas de las funciones del Estado, el Nuncio Apostólico es el decano del Cuerpo Diplomático. La institución católica, desde los púlpitos y a través de declaraciones desde la Conferencia Episcopal, ejerce influencia en campañas electorales, así como en los momentos que ocurre algo importante en el país. Esto demuestra que el laicismo, expresado en la parte dogmática de la Carta Magna, no se cumple en la realidad.

Además, varios grupos no católicos, se quejaron de que, si bien no hay religión oficial del estado, la Iglesia Católica era la religión de facto y gozaba de privilegios negados a los grupos no católicos. En 1937, el gobierno celebró un acuerdo legal con la Santa Sede, llamado Modus Vivendi, por el que se otorga a la Iglesia Católica privilegios: pasaportes oficiales para el clero y fondos estatales para iglesias y escuelas. Esto fue motivo de crítica, de los no católicos, porque se sintieron excluidos.

La Constitución vigente (octubre de 2008) garantiza la libertad de culto. La Asamblea Constituyente que redactó la Constitución debatió sobre varios temas con repercusiones religiosas, como el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo y el uso del nombre de Dios en la Constitución. El nombre de Dios se invoca en el preámbulo de la Constitución, el matrimonio entre personas del mismo sexo no se incluye y hay diversas interpretaciones en cuanto a

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