Evaluación o monitoreo y control educativos

Monitoreo y control de las calificaciones y acreditaciones en la Provincia de Buenos Aires: ¿Qué cambio se plantea para la función del docente ?

*Introducción: quienes hacemos este aporte al Congreso Nacional de Educación somos docentes que a partir de la llegada a las escuelas del Documento de Trabajo sobre “Calificaciones escolares “^[1] comenzamos a interrogarnos y problematizar las consecuencias de la reforma educativa.

No es nuestra intención presentar un trabajo académico, ni agotar ningún tema, sino abrir el debate en esta convocatoria gremial, que esperamos de lugar a organizar un movimiento en defensa de la educación pública y nuestros derechos como trabajadores de la educación.

Algunos de nuestros cuestionamientos:

¿Cómo se aplica la prescripción de los lineamientos de la Nueva Secundaria Obligatoria cuando se refieren la inclusión con aprendizaje de todos los jóvenes a partir de la obligatoriedad del nivel?

¿Por qué preocuparse y ocuparse tanto de los resultados, incluso desde los primeros grados de la Escuela Primaria?

¿En que se transforma la evaluación educativa, parte inseparable de la práctica social y política inherente a nuestra tarea docente?

¿Cómo afecta nuestros derechos laborales la aplicación del Reglamento de Instituciones Educativas en el cual se apoya cada una de las normativas vigentes?

Todo suena parecido, pero los cambios son muy profundos  

No son novedad los mecanismos coercitivos cuando llega el momento de calificar, hace años que todo se complica cuando llega el momento de cerrar los números con el % de desaprobados y repitentes. O las tareas de relevamiento del ausentismo.  

Pero este año, este tipo de tareas de control se convirtieron en el eje de las actividades escolares, avalados por resoluciones y documentos.

Es el caso de la resolución^[2] a partir de la cual nos responsabilizaban de las  “acciones” por el ausentismo de los alumnos a todo el personal de las “Instituciones Educativas” de todos los niveles, invocando la Ley de Educación provincial y el nuevo reglamento^[3]  .

En el mes de julio llegó el Documento sobre Calificaciones escolares, en el que nos llamó poderosamente la atención que  la responsabilidad de calificar y en definitiva la decisión de la promoción del alumno recae sobre el director.^[4]

Llegadas  estas  instancias nos planteamos/preocupamos por entender ¿Qué ha pasado en la organización del sistema educativo para que los docentes propongamos la calificación de los alumnos y directivos definan la promoción.

 En nuestra opinión con la LEN y la aplicación de la Ley Provincial, en Buenos Aires, profundizan el modelo descentralizado y gerencial de los 90.

La nueva ley ya no necesita levantar la defensa del modelo gerencial y privatista, porque ya está instalado. La transferencia educativa que limita la responsabilidad del sostenimiento económico del estado a las “posibilidades de los presupuestos provinciales”, sigue vigente. Estos fondos, cada vez más escasos y cruzados por los decretos de ajuste, como está ocurriendo este año,  se reparten entre las escuelas estatales y privadas, reconociéndose ambas como instituciones públicas.

        Los mecanismos de mercado están presentes en la competencia entre instituciones, que deben presentar proyectos, para la asignación de fondos o la inclusión en planes y proyectos especiales (PIE, Mejora Educativa, Patios abiertos etc.)

Las nuevas leyes Nacional^[5] y Provincial de Educación y el Reglamento General

De Instituciones Educativas de la Provincia de Buenos Aires ^[6] plantean la inclusión con aprendizaje de todos y todas, impactando especialmente en el nivel secundario, con la obligatoriedad.

Los documentos del CFE hacen referencia a la restitución del derecho universal a la educación, “desafiando el carácter selectivo y las trayectorias interrumpidas atravesadas por procesos de desigualdad social”.^[7] 

Para lograr este propósito no se prevén cambios estructurales, como aumentos presupuestarios, becas, inversión en infraestructura y aumentos de las POF, sino que se siguen sosteniendo, ahora en forma masiva,  los Planes y Políticas focalizadas ya iniciadas con el  “Plan Solá 2004-2007” y la universalización de la asignación por hijo.

        Cada nueva resolución, disposición o normativa que se aplica nos indica un avance del “Estado Evaluador” sobre “El Estado Educador”. El eje sigue siendo “la calidad” sustentada por modelo empresarial, a través del monitoreo externo y el control de los resultados.

        Esta es la nueva estructura educativa, que de nueva no tiene nada, se viene profundizando desde los 90, cambiando solo de nombres y formatos.

Algunas cuestiones que empezamos a desarrollar :

Más problemas, ninguna solución de fondo

Al comenzar el año el Ministro de Educación Sileoni anunció públicamente que todos los niños debían pasar de grado, aunque no hubieran concurrido al Jardín de Infantes. Pese a que la ley establece la obligatoriedad del Nivel Inicial este no se cumple porque no se han creado los establecimientos necesarios.

El estado no cumplió, pero le transfiere el problema a los docentes de la primaria, exigiéndole que en el primer año de escolaridad garanticen los aprendizajes, como sea, porque la promoción es obligatoria.

A partir de allí, este criterio sostenido por el Ministro, se separan de hecho  las prácticas educativas (evaluación diagnóstica, planificación de la propuesta pedagógica, evaluación del proceso  para planificar nuevas actividades) de las decisiones con respecto a la calificación y acreditación. La docente enseña, pero las decisiones sobre la promoción no están en sus manos.

Parece de locos, pero así comenzamos el año. Y este criterio de desdoblar la enseñanza,  de la acreditación, el proceso,  del producto, y el monitoreo y control sobre las calificaciones, para bajar el índice de repitencia cruzan la vida cotidiana de las escuelas primarias.

...