La Ley 7

En la exposición de motivos de la Ley Numero 7, el autor presenta tres falacias. En primer lugar, asume la existencia de un gigantismo gubernamental. En segundo lugar, presenta que no se pueden aumentar los recaudos del gobierno por el tamaño de nuestra economía. En tercer lugar, se justifica la acción gubernamental en una disposición constitucional que atiende emergencias por conflictos laborales y no las creadas por crisis fiscales.

El gigantismo gubernamental, lo analiza el autor, en el contexto de su relación con otros sectores de nuestra economía. La incursión gubernamental en la creación de empleos público, existe desde que se creó el Estado Libre Asociado y miles de millones de dólares del pueblo de Puerto Rico, han sido invertidos en este propósito, ofreciendo empleos de forma directa e incentivando al sector privado para que produzca empleos. El empeño del Gobierno de Puerto Rico, en proveer empleos, ha sido evidente por décadas, pero la debilidad e incoherencia de la política pública de empleos también lo ha sido. Un gobierno que no era perfecto, pero que se fundamentaba en una utopía muy válida de justicia social, compartida por miles de servidores públicos en el país. El auto presenta que esos ideales justicieros del ámbito público, fueron traicionados y aquella intención de crear balance económico y concentración social distribuyendo la riqueza generada por todos, fue abusada por inversionistas económico-políticos, caprichosos, capitalistas inescrupulosos y una camarilla de politiqueros del patio. Estos grupos, han buscado satisfacer sus propios intereses económicos, aplastando esa esperanza del consenso colectivo del país.

Miles de Puertorriqueños, han desarrollado una relación de codependencia con la institución que sirven. Históricamente, tanto las organizaciones en el sector público como en el privado, crearon sistemas de dependencia con sus empleados, desarrollando sistemas de antigüedad donde se estructuran las promociones y recompensaciones económicas; expectativas de lealtad en el trabajo; procesos de promoción; procesos de socialización a largo plazo para definir el tipo de empleado ideal; sistemas de planificación de carrera a largo plazo; planes de pensión no transferibles; una cultura organizacional jerárquica donde el sentido de valoración e identidad del empleado se fundamenta en lealtad, obediencia ciega y tener que satisfacer a alguien; e impedimentos para la movilidad inter-organizacional. Pero todo esto está cambiando, ahora es el pensamiento gerencial moderno, que promueve la necesidad de que se reformule la cultura de las organizaciones, de manera que se elimine la co-dependencia. La propuesta presume que no existe compromiso de por vida y por lo tanto se introducen planes de retiro transferibles (401K); sistemas de reconocimiento a empleados que no estén basados en permanencia; prácticas de personal que resten importancia e invaliden las diferencias en los derechos entre empleados permanentes, a tiempo parcial o temporeros; la práctica de grupos de trabajo auto gestionados; estructuras de promociones y recompensas económicas no jerárquicas; programas que no promueven la planificación de carrera a largo plazo, y la promoción de la movilidad inter organizacional. Todo esto se realiza con la intención de descomprometer a la organización de sus empleados.

El autor expone, que se supone, que se reduzca la responsabilidad del Estado como proveedor de empleos directos y que desaparezca su papel tradicional de promotor y fiscalizador, vía exenciones contributivas, de la creación de trabajos.

Se tiene la intención, de que se transforme en una forma de subsidios sin requisitos, por parte del Estado, para que la empresa privada pague la nomina de sus empleados. Además, de todas las ayudas brindadas, el sector privado ha sido incapaz de generar empleos permanentes. Presenta que se han invertido miles de millones de dólares anuales en el sector privado y que definitivamente, no han provocado en resultados impresionantes. El sector privado continúa siendo débil, pequeño, dependiente del Gobierno y especulativo, a pesar de todas las exenciones de crédito que le ha otorgado el gobierno, para ese propósito.

El número de empleados públicos ha mostrado un aumento solamente entre los municipios. El autor explica, que esa tendencia ocurre porque la política pública de descentralización incluida en la Ley de Municipios Autónomos, transfiere tareas a los municipios. La ley Núm. 7, no intenta afectar el empleo en los municipios, ni en las corporaciones. La iniciativa gubernamental, lo que pretende es reducir deprisa y a la brava, la nomina gubernamental en el gobierno central. Sin embargo, estos empleados no son responsables del endeudamiento del gobierno. De hecho, el gobierno central es responsable por solo un 20% de la deuda total del Gobierno de Puerto Rico, que en el 2008, acumuló cerca de $50 mil millones. Existe en Puerto Rico, una creciente población de personas empobrecidas que recibe algún tipo de subsidios y es aquí donde radica parte del aumento en la deuda pública.

La segunda falacia presentada por el autor, expone que no se puede aumentar los recaudos del gobierno por el tamaño de nuestra economía. Pero esto no es completamente cierto. Los recaudos en el gobierno podrían aumentar permanentemente, si se desarrollara una política pública de justicia contributiva, donde los más que ganen sea los que más aporten. Millones de dólares dejan de entrar al gobierno, porque se le ha otorgado exenciones contributivas a sectores poderosos.

Por lo tanto, la crisis actual no fue creada exclusivamente por el aumento en la nomina gubernamental y puede muy bien resolverse si se aumentan los recaudos. Pero esto será una solución temporera si no se corrige el problema del empleo.

Actualmente, el problema es que la política pública, no impuso responsabilidades de creación de empleos a las compañías intermediarias que se han enriquecido a costa de empobrecer y endeudar el gobierno. Un ejemplo que presenta el autor, es la privatización de la provisión de servicios de salud. En estos casos, el estado, acuerda dejar de recibir contribuciones a cambio de la creación de una cuota de empleo, por parte de las compañías que reciben estas exenciones, que no están verificando el número de empleos que están creando esas compañías. Como menciona antes el autor, que esto no es culpa de los trabajadores públicos y que la única solución, no puede ser la reducción del costo de la nomina del sector publico del gobierno central, si otros factores fueron los causantes de la crisis. Esta sería una solución justa a menos que sean estos sectores poderosos los que definan cual es la solución.

Por último, presenta la tercera falacia, El poder de Razón del Estado. Donde la Asamblea Legislativa

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