Venezuela

REFORMA ENERGETICA.

El pasado lunes 12 de agosto, el presidente Enrique Peña Nieto presentó su Iniciativa de Reforma Energética, la cual consiste en modificar tan solo dos párrafos de toda la Constitución: el párrafo sexto del artículo 27 y el cuarto del 28. Sin embargo, esta propuesta ha generado un intenso clima de debate en la agenda nacional. En el presente ensayo pretende describir y analizar dicha propuesta.

La Iniciativa de Reforma Energética se sustenta en los siguientes ejes estratégicos: (i) Fortalecimiento del papel del Estado como rector de la industria petrolera, (ii) Crecimiento Económico, (iii) Desarrollo incluyente, (iv) Seguridad Energética, (v) Transparencia y, finalmente, (vi) Sustentabilidad y Protección al Medio Ambiente. El contenido de la propuesta se divide en dos secciones del sector energético: petróleo y demás hidrocarburos y energía eléctrica.

En lo tocante al tema de los hidrocarburos, la propuesta parte del siguiente hecho innegable: “el petróleo de fácil acceso se está acabando.” México cuenta con reservas probadas para los siguientes 10 años. Lo cual implica un reto exploratorio, es decir, la mayoría de los recursos prospectivos se encuentran en yacimientos de gran complejidad, por lo que se requiere una mayor capacidad de ejecución e inversión.

La práctica más extendida a nivel internacional es que las empresas realicen operaciones en aguas profundas con esfuerzos compartidos. Por ejemplo, en el 2012 en Estados Unidos se perforaron 137 pozos con profundidades superiores a 500 metros, en tanto que en México tan solo se perforaron 6. De igual manera, en Estados Unidos participaron más de 70 empresas en tales actividades, en tanto que en México solo una: PEMEX.

Por desgracia, el área de exploración y extracción no es la única carente de inversión. Debido a la falta de infraestructura para la transportación, los costos de dicha actividad se han ido elevando repercutiendo en un mayor precio final de los hidrocarburos y algunos de sus derivados. Además, dada la limitada capacidad de refinación y transformación existe una enorme dependencia de combustibles e insumos importados, a pesar de la gran cantidad de hidrocarburos en el subsuelo. Las razones anteriores son algunas de las que motivan la necesidad de una reforma en el sector.

La propuesta en cuestión tiene una fuerte tendencia Cardenista, la cual es remarcada en innumerables ocasiones a lo largo de toda la iniciativa. Las líneas rectoras de la iniciativa son las siguientes: (i) la Nación mantiene le propiedad sobre los hidrocarburos, (ii) se conserva la prohibición de otorgar concesiones, (iii) se plantea la incorporación de contratos con organismos y empresas del Estado y/o terceros en el área de exploración y extracción y (iv) se autoriza, a partir de permisos, la participación de terceros en refinación, transporte, almacenamiento y distribución.

Los esquemas de Asociaciones Público Privadas proveerán ciertas ventajas: a PEMEX le permitiría relajar su restricción presupuestal, pues los proyectos de inversión ya no serían realizados exclusivamente por la paraestatal. Esto le daría un mayor margen de maniobra para utilizar sus recursos; además, se repartiría el riesgo en proyectos de alta complejidad, es decir, si en algún proyecto de exploración no se encontrará la cantidad esperada de hidrocarburos, las pérdidas no caerán exclusivamente sobre PEMEX. Para el sector privado, se abrirían nuevas posibilidades de negocios e inversiones, que antes habían permanecido ocultas.

Asimismo, la iniciativa esboza tangencialmente las características del esquema fiscal al que se halla sometido PEMEX y que como eje central tiene la gran cantidad de derechos que la paraestatal paga a Hacienda. Esto limita en gran medida el remanente de recursos que puedan ser usados en reinversión a la empresa. En la próxima Reforma Hacendaria se pretende considerar tales aspectos, se buscará reducir el pago de derechos y promover una mayor flexibilidad al uso del remanente de recursos.

Los objetivos esperados de llevarse a cabo la Reforma Energética son incrementar la producción de petróleo (de 2.5 millones de barriles por día actualmente a 3 millones en 2018 y a 3.5 millones en 2025), aumentar la producción de gas natural (de 5,700 millones de pies cúbicos diarios en la actualidad a 8,000 millones en 2018 y a 10,400 millones en 2025), así como lograr que dicho incrementos en la producción estén acompañados de un aumento de igual o mayor en el volumen de reservas descubiertas.

El mayor nivel de producción y de inversión incidirá positivamente sobre el PIB, el nivel de empleo y en la obtención de recursos fiscales adicionales, los cuales serán utilizados en tres áreas específicas: seguridad social, educación e infraestructura.

En lo concerniente a la energía eléctrica, el panorama actual tampoco es demasiado favorable. A pesar de que existe una cobertura energética del 98%, los costos por este servicio son altos, aun tomando en cuenta que se encuentra subsidiada. Aunado a ello, Comisión Federal de Electricidad (CFE) incurrió en un déficit de 77 mil millones de pesos en el 2012, lo cual degeneró en un decremento de su patrimonio. De continuar dicha tendencia, la CFE estimó que su patrimonio sería negativo para finales de 2014.

Otro reto en materia energética es en materia medioambiental. En el 2012 se aprobó la Ley General de Cambio Climático, en la cual se establecen metas para la reducción de gases de efecto invernadero: una disminución de 30% para el 2020 y del 50% para el 2050 en relación a su nivel observado en el 2000. Actualmente se exhiben dificultades para cumplir la meta, ya que la participación de energías no fósiles en el Sistema Eléctrico Nacional es de apenas 18.3%.

El contenido de la propuesta en cuestión es abrir el mercado de generación de energía, sin que el Estado pierda la rectoría en el control del Sistema Eléctrico Nacional y la exclusividad sobre la transmisión y distribución de la energía. Se pronostica que el crecimiento anual de la demanda máxima superará en casi 4 veces la expansión programada de las líneas de transmisión.

Cabe destacar que a diferencia de los hidrocarburos, la electricidad no es un recurso natural, por lo que el interés del Estado no es sobre la propiedad de la energía, sino que sobre la promoción de la competitividad tal que dicha energía se intercambie a mejores precios.

Considero que las propuestas expuestas son importantes para el saneamiento del sector energético del país. No obstante, hay aspectos que continúan pendientes. Por ejemplo, me cuesta conciliar una mayor transparencia en el sector cuando en las 29 páginas de la iniciativa no se menciona ni una sola vez a los sindicatos.

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