DOCUMENTAL 970.

DOCUMENTAL 970

El documental trata de mostrar lo negativo de la resolución 970 expedida por el ICA el 10 de Marzo de 2010 y que reemplaza la resolución 0148 del 18 de enero de 2005. Según como se muestra en el video debido a esta resolución, a los campesinos de Campoalegre Municipio del Huila le fueron incautadas y posteriormente desechadas varias toneladas de arroz producto de sus cosechas.

Se hace énfasis en la intervención del Presidente de Estados Unidos Barack Obama, en donde dice que la demanda de bienes y servicios que está creciendo de forma acelerada será cubierta por Estados Unidos, es decir que todos los productos serán fabricados en éste país y países de Latinoamérica como Colombia serán los consumidores de dichos productos. Se abre un interrogante de por qué se dice esto y se relaciona la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) directamente con la polémica resolución 970. Al parecer EEUU exigió para dicho tratado una ley que obligara a todos los campesinos en Colombia a sembrar semilla certificada con lo que se condena su trabajo. Colombia accedió a la exigencia y el Instituto Colombiano ICA proclamo una resolución que obliga a todos los campesinos que trabajen con semilla certificada y sancionando la práctica ancestral en la que guardaban la mejor parte de la cosecha para ser reutilizada en la próxima siembra.

Con esta situación el gobierno de EEUU logra su cometido, pues la mayoría de semilla certificada proviene de capital estadounidense, con dicha resolución los campesinos están obligados a comprarle semilla a unas pocas empresas entre ellas varias trasnacionales que tienen el monopolio de la semilla certificada.

Antes de la ley 970 los campesinos compraban su semilla en la tienda o con sus vecinos, sembraban y guardaban la mejor semilla para reutilizarla en sus cultivos, esta era una práctica común para las más de 3.500.000 de familias campesinas de Colombia. La 970 protege los derechos de autor de las empresas que venden las semillas, por eso consideran que el campesino al reutilizarla está violando los derechos de autor de las empresas productoras, obligando así a los agricultores a tener que comprar semilla cada vez que siembren.

Campoalegre en donde sucedió la polémica situación es el quinto municipio más importante del departamento del Huila de 37 Municipios que lo conforman y su economía está enfocada en la agricultura, especialmente en el cultivo de arroz, se puede decir que de allí sale uno de los mejores productos en calidad de arroz, que en cualquier parte de Colombia.

El ICA intervino en esta población, importante en la producción del grano para causar impacto y un gran despliegue, lo que los podría beneficiar para dar a conocer la rigurosa ley en lo relacionado a parámetros fitosanitarios y de certificación. Fue allí en donde sin aviso incautaron arroz de la mejor calidad y lo llevaron a un relleno sanitario ubicado en Neiva en donde destruyeron todo el material vegetal. Una situación muy impactante y negativa para los agricultores que además de las pérdidas económicas y tratados como delincuentes tenían que lidiar con la amenaza de ser judicializados.

El problema inicio cuando el ICA llego a las bodegas en donde la gente guarda y seca la semilla y se encontró con semilla no certificada empacada en costales de Fedearroz, panorama y otras empresas que venden semilla certificada, y asumió que se estaba haciendo algo ilegal, pero la realidad es que la resolución no se socializo con la comunidad y esta pensó que no estaban haciendo nada malo. Así mismo los dueños del secadero a donde los agricultores llevan su arroz están siendo judicializados por una práctica que hacen desde hace muchos años, lugar donde además de arroz se seca maíz y café. El secadero cuenta con los permisos de cámara y comercio y habían tenido visitas por parte del ICA y nunca les habían prohibido ésta labor.

De acuerdo al video los dueños de la secadora pueden enfrentar una amonestación escrita, una sanción pecunaria hasta de 10.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, el sellamiento temporal del negocio o el cierre definitivo. A los campesinos se les acusa de guardar semilla que ellos mismos sembraron sin permiso del ICA lo que les puede traer consecuencias jurídicas y económicas. Cuando el campesino compra semilla certificada solo puede sembrarla una vez y obtener una sola cosecha, lo que los obliga a comprarle a las empresas productoras de semillas certificadas constantemente.

El ICA a través de la resolución 970 ha definido que en Colombia solo se puede sembrar semilla certificada y para que una semilla sea certificada debe ser producida y comercializada por un productor inscrito ante el organismo, estos productores son los obtentores. Es decir que las empresas de semillas realizan mejoramiento o modificaciones para obtener nuevas semillas con características deseadas, luego esa semilla es certificada y el obtentor tiene todos los derechos de autor sobre la misma y que el ICA protege para que no se pueda almacenar, comercializar, regalar o intercambiar sin el permiso del obtentor.

Pero para lograr obtener una semilla mejorada o modificada para su certificación se requiere de procesos y estándares muy altos, además de que son costosos, lo cual lo hace muy difícil o imposible de cumplir por un humilde grupo de campesinos. En cambio las empresas internacionales si pueden cumplir con estos estándares, es por ello que se piensa que la ley fue hecha para que solo estas empresas puedan cumplir los estándares y por lo tanto apropiarse del mercado de la semilla certificada.

Lo más injusto de todo es que la ley no se socializo, los campesinos no sabían que sus prácticas eran prohibidas e ilegales, ellos insisten en que nunca los reunieron para darles a conocer la resolución 970, no hubo capacitación para darles las herramientas necesarias para evitar los sucedido. Por otra parte Fedearroz y el ICA dicen que si socializaron la ley, pero no tiene actas ni documentación que soporte las afirmaciones hechas por estas entidades. El ICA insiste en que el desconocimiento de la norma no exime a las personas de cumplirlas, pero la realidad es que el ICA que es una entidad que se orienta a lograr una producción agrícola competitiva y de realizar los controles sanitarios y fitosanitarios del agro Colombiano por lo tanto está en la obligación de dar a conocer de forma adecuada las normas que adopta y que afectan directamente al pequeño agricultor.

Desde el año de la emisión de la resolución, en Colombia se han incautado

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