Actividad Semana 1

INTERVENCIÓN EN LAS ACTIVIDADES FINANCIERA Y ASEGURADORAS

Según el Articulo 150 numeral 19 literal d) de la Constitución Política, el Gobierno

Nacional tiene la obligación de regular las actividades relacionadas con el manejo,

aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público.

Para ello se ve sujeto a unos criterios, los cuales dicen que dichas actividades

deben, primero coincidir con el interés general, segundo tutelar adecuadamente

los intereses de los usuarios de las entidades objeto de intervención, y tercero,

que estas a su vez funcionen bajo las condiciones propicias de seguridad y

transparencia, cuenten con los niveles de patrimonio adecuados para sostener su

solvencia, y puedan competir equitativa y equilibradamente gracias al marco

regulatorio del sistema financiero.

Justamente es finalidad del Gobierno promover y proteger el desarrollo, la libre

competencia y la eficiencia de estas instituciones, incluyendo las pertenecientes a

la economía solidaria. Como también lo es democratizar el crédito, limitando el

acceso a este y evitando la desmesurada condensación del riesgo. Además tendrá

en cuenta los objetivos de las políticas monetaria, cambiaria, crediticia y

económica general.

Para intermediar en las labores de los organismos financieros, el gobierno

nacional cumple con algunas funciones, adecuadas a los parámetros

internacionales. Entre ellas es su obligación autorizar las operaciones que estos

lleven a cabo, fijando plazos y garantías para su ejecución.

Así mismo es responsabilidad del gobierno dictar normas para divulgar

verazmente el estado financiero de las entidades intervenidas; normas para que

estas mantengan el nivel preciso de patrimonio, determinando previamente cual es

el margen de solvencia, el patrimonio técnico mínimo y el régimen de inversiones

de las reservas.

Igualmente son funciones del gobierno: limitar o prohibir, el otorgamiento de

avales, garantías e incluso seguros individuales de crédito por parte de las

entidades mencionadas; diagnosticar la existencia de un deterioro de estas con el

fin de adoptar programas de recuperación.

Todo respaldando que las operaciones autorizadas a las entidades objeto de

intervención se realicen con sujeción a la naturaleza propia de tales operaciones y

al objeto principal autorizado a la respectiva institución.

Como se aludió antes, el gobierno nacional debe promover la democratización del

crédito, pues adicional a eso, debe impedir que en el otorgamiento de este, se

empleen prácticas discriminatorias u otras situaciones

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