CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

HISTORIA

La Contraloría General de la República de Colombia fue creada bajo el mandato del Presidente Pedro Nel Ospina, el Gobierno Nacional expidió el 19 de julio de 1923 la Ley 42 sobre ¨ organización de la contabilidad oficial y creación del Departamento de Contraloría¨. Hasta 1923 Colombia tenía una Corte de Cuentas, cuya función era más judicial que fiscal y no se llevaban cuentas sobre las finanzas del país.

La creación del ente fiscalizador es parte de varias recomendaciones de una misión de expertos norteamericanos dirigidos por Edwin Walter Kemmerer, reconocido profesor en economía política de la prestigiosa universidad de Princeton y alta experiencia en los temas de moneda y banca.

La misión fue pedida por el gobierno colombiano porque se necesitaba urgente asesoría en como reorganizar las finanzas públicas, envueltas en una profunda crisis producto de la inestabilidad social y económica generada por las guerras de principios del siglo pasado, en esta misión prestó asesoría legal el Colombiano Esteban Jaramillo, quien fue ministro de Hacienda del gobierno de Enrique Olaya Herrera y cuyas obras administrativa y económica lo llevaron a ser considerado en su tiempo como un brillante estadista,

La Misión Kemmerer recomendó la creación del Departamento de Contraloría, por considerar que podía establecer los medios para imponer una estricta observación de las leyes y reglamentos administrativos en lo relacionado con el manejo de propiedades y fondos públicos. Los expertos norteamericanos consideraron, además, que la Contraloría podía ejercer gran influencia para asegurar la recaudación de rentas y hacer entrar su producto a la Tesorería. Es importante aclarar que al llegar la Misión Kemmerer a Colombia, actuaba la corte de Cuentas.

El nuevo Departamento de Contraloría comenzó a funcionar el día primero de Septiembre de 1923, año en que entró en vigencia la Ley 42. La Corte de Cuentas, la Dirección General de Contabilidad, la Oficina Nacional de Estadística y la Oficina Central de Ordenaciones del Ministerio del Tesoro quedaron incorporadas al Departamento de Contraloría. Así mismo el Presidente Ospina nombro como primer Contralor General de la República a Eugenio Andrade.

Las labores relacionadas con la revisión y la liquidación de cuentas de las oficinas recaudadoras o pagadoras, así como todos los empleados dedicados a este trabajo en la Tesorería General de la República, en las administraciones de Aduanas, Salinas, Correos y Telégrafos, en las Oficinas de Timbre, en las Casas de Moneda, así como en otras oficinas del gobierno, pasaron a depender del Departamento de Contraloría, al cual se trasladaron.

La ley 42 de 1923 atribuyó al Departamento de Contraloría facultades como la de revisar y contar los elementos de propiedad estatal, lo mismo que las estampillas y el papel sellado en poder de empleados públicos.

Diez años después, por medio del Decreto 911, la Contraloría es organizada como una oficina de contabilidad y control fiscal y se establece la obligatoriedad de rendir cuentas ante este organismo, sobre el manejo de los bienes y recuerdos del Estado.

En 1945, A través de reforma constitucional se definen los mecanismos para el ejercicio del control fiscal, se determina la forma de elección y periodo de mandato del Contralor.

En el año 1968, Mediante reforma a la Constitución Política establece la presentación de candidatos a Contralor, ante el Congreso, por parte del Consejo de Estado, y se fija en cuatro años el periodo del titular del ente fiscalizador.

Siete años más tarde, con la ley 20, se da origen a los controles previo, perceptivo y posterior (control numérico legal). Se amplía la facultad de la Contraloría para fiscalizar a los particulares que manejen los bienes y recursos del Estado, y de refrendar los contratos de la deuda pública. Por otra parte, se crea la Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de Representantes, con la función de fenecer o no la cuenta General del Presupuesto y del Tesoro.

En 1991, el control fiscal, constitucionalmente, da un giro de 180º. Se elimina el control numérico legal y se da paso al posterior y selectivo (Art. 267 C.P.), fundamentado en la eficiencia, la economía, la eficacia y la valoración de los costos ambientales. Se concibe la Contraloría como una entidad técnica con autonomía presupuestal y administrativa, dos años después a través de la ley 42 se establecen los procedimientos, sistemas y principios para el ejercicio de la vigilancia fiscal y se reglamenta el proceso de responsabilidad fiscal, el cual debe ser adelantado en dos etapas: Investigación y juicio y solamente en el año 2000 el proceso de responsabilidad tiene un vuelco total; mediante la Ley 610 se reduce a una sola etapa. Se define el concepto de gestión fiscal, los elementos para la responsabilidad fiscal, se fijan los términos para la caducidad y la prescripción y se extiende la responsabilidad fiscal a los herederos como consecuencia de la muerte del presento responsable.

Fruto de una reestructuración impulsada por el Contralor, Carlos Ossa Escobar, y concertada con los trabajadores de la entidad, se redujo la planta de la Contraloría en 1.500 cargos y se modernizó la estructura organizacional y funcional del ente de control, un año después se posesionaron más de 600 funcionarios que ingresan a la Contraloría por el sistema de concurso abierto, en un proceso totalmente transparente que se encomendó a la Universidad Nacional.

El 2 de julio del 2002 la Contraloría General de la República recibió la certificación ISO 9001, con lo cual fueron avalados a nivel internacional la calidad de una buena parte de los procesos del ente de control.

Para ese momento, la Contraloría General de la República era la única entidad pública del orden nacional certificada por la norma ISO 9001 y la segunda Contraloría latinoamericana en certificarse.

El 2 de septiembre tomó posesión como Contralor General de la República, para el período 2002-2006, el economista sucreño Antonio Hernández Gamarra, ex codirector del Banco de la Republica y ex Ministro de Agricultura.

En el programa que puso a consideración del Congreso, Hernández Gamarra se comprometió a ejercer un control fiscal sin espectáculos ni atropellos, con riguroso cumplimiento del debido proceso; a garantizar todo el apoyo requerido para el ejercicio del control político de la gestión económica que le compete al Congreso; a auspiciar la participación ciudadana, con fundamento en la Ley que reglamenta las veedurías; a trabajar por una Contraloría para el siglo XXI; a luchar contra todo tipo de corrupción y a actuar con independencia,

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