El sistema financiero internacional

El sistema financiero internacional

Propuestas para regular los flujos de capitales

Las grandes crisis económicas de la historia moderna han forzado debates y transformaciones en la Arquitectura Financiera Internacional (AFI). En particular, el período post guerra (1944 – 1950) significó la consolidación del sistema Bretton Woods (BW), caracterizado por la fijación de paridades cambiarias entre las principales economías, una reducción gradual de los controles de capitales y la creación del FMI y el Banco Mundial (BM). Este esquema colapsó en los años 70, luego de que Estados Unidos suspendiera la convertibilidad del dólar frente al oro. El fin de BW, marcó el inicio de un régimen de flotación entre las monedas de los países líderes del mundo, que es el vigente actualmente y se caracteriza por una mayor complejidad y aumento en el movimiento de capitales.

Desde la caída de BW, la AFI ha carecido de instituciones con el poder suficiente para aplicar reglas financieras, cambiarias y monetarias. El deterioro de la imagen del FMI y el BM por los reiterados problemas que ocasionaban sus programas de ajustes impuestos en las economías emergentes, tiene relación con esta falla de la AFI y la evolución del sistema financiero desde entonces. La acumulación de desequilibrios globales y la profunda desregulación financiera vivida durante ese período son dos de las causas que se encuentran en el origen de la crisis actual.

Luego de sufrir la peor recesión desde el Crack de 1929, la discusión sobre la refoma de la AFI volvió a protagonizar los principales foros económicos del mundo y ha comenzado a producir algunas transformaciones de relevancia para el mediano y largo plazo. En este sentido, el debate actual posee un elemento novedoso respecto de los anteriores y está relacionado con el rol de los países emergentes en la dinámica de crecimiento global en la etapa previa a la crisis y en el lugar que ocuparán en el futuro.

Este cambio que se produjo en las economías en desarrollo se debe a un proceso de aprendizaje forzoso que experimentaron luego de haber protagonizado las últimas crisis económicas. En la epata previa al 2002 el proceso de globalización financiera se caracterizó por cinco hechos estilizados^[1]: i) recurrentes crisis financieras, ii) volatilidad de los flujos de capitales y una mayor propensión al contagio, iii) economías altamente endeudadas, iv) la inserción de los países emergentes al sistema financiero global de forma segmentada^[2] llevando a tasas de interés locales elevadas con impacto en el crecimiento local y v) la revocación de iniciativas de reforma de la AFI, hacia la segunda mitad de los 90´s, cuyo objetivo era reducir la volatilidad y el contagio. Durante esta etapa, los países en desarrollo no lograron sostener su crecimiento y sufrieron las consecuencias de un mercado financiero altamente volátil, que con esquemas cambiarios rígidos agravaba el impacto de los shocks sobre la economía real.

En la actualidad, el nuevo rol que ostentan los países emergentes se transforma en una oportunidad histórica para que los países en desarrollo introduzcan en la agenda global sus preocupaciones y propuestas respecto de la reformulación de la AFI, que contemple no sólo las visiones de las economías avanzadas, sino también de las economías emergentes. Resulta interesante asistir a un proceso donde la mayor heterogeneidad de los intereses y modelos de crecimiento, se refleja en la ausencia de “recetas únicas” para la implementación de reformas. En este sentido, la consolidación del G20 como principal foro económico global, representa una señal clara de validación a una discusión más abierta de la política económica global.

En este marco, se originó un nuevo debate sobre la necesidad de reformar la AFI, con el objetivo de corregir las fallas del sistema vigente y evitar de esa forma que se vuelvan a generar las distorsiones evidenciadas en los mercados, previo al estallido de la crisis. En este sentido, el rediseño de la AFI deberá abarcar la reformulación de las funciones y objetivos de las instituciones que la conforman; así como la implementación y reacomodación de las reglas financieras, consistentes con un sistema financiero estable y regulado. En este sentido, se discute a continuación las implicancias de la implementación de un impuesto sobre las transferencias financiera, basado en el esquema sugerido por James Tobin en la década del 70 y por otro lado, la imposición de controles de capitales. Ambas propuestas apuntan a reducir los efectos sobre las economías domésticas de la elevada volatilidad existente en los mercados financieros.

Un impuesto a las transacciones financieras: la tasa Tobin

Una de las propuestas que han estado presentes en los debates sobre la reforma de la AFI, ha sido la implementación de un impuesto sobre los flujos financieros a “la Tobin”. Como se observó en la etapa previa de la crisis global y en la actual crisis de la deuda en los países avanzados; existe una urgencia por resolver la elevada volatilidad de los flujos financieros en general y de los especulativos, en particular.

James Tobin^[3] elaboró su propuesta en el marco del fin de Bretton Woods y apuntaba a reducir la volatilidad en los mercados financieros que afectaba a las economías domésticas a través de los tipos de cambio. En ese marco, el inicio del proceso de globalización financiera y el establecimiento de un sistema monetario internacional basado en tipos de cambio flexibles no hizo desaparecer la volatilidad financiera; por el contrario se incrementó.

Tobin, sostenía que el debate central no debía estar en la elección del tipo de régimen, sino en la regulación de los flujos financieros. En este sentido, como la velocidad de transmisión del mercado financiero es superior a la del mercado de bienes y servicios; los gobiernos no pueden ajustar sus economías al ingreso masivo de capitales sin resignar en el camino objetivos de política económica doméstica como el crecimiento, la inflación y el empleo. Por lo tanto, no importa el régimen cambiario que se tenga, la volatilidad financiera genera en todos los casos un fuerte desafío para los gobiernos nacionales.

Al generar incertidumbre, la volatilidad dificulta el proceso de toma de decisiones en el ámbito público y privado; dejando entrever que lo financiero y lo real son esferas fuertemente interconectadas. En este sentido, si bien los mercados financieros poseen una eficiencia en términos mecánicos, su eficiencia en términos macroeconómicos es más dudosa. En el mundo real, donde no hay agentes racionales, la especulación y búsqueda de rentas extraordinarias hace que el mercado no funcione correctamente. De esta forma, se afecta la autonomía de la política macroeconómica local; de la política monetaria (que se transforma en cambiaria^[4]); el tipo de cambio y la economía real y la capacidad del gobierno para absorber shocks externos.

Tobin propone dos soluciones. La primera, implicaría la formación de un “único mundo” (one world); con una moneda común y una política fiscal y monetaria unificada y una fuerte integración económica. Si bien ésta sería una solución óptima, porque eliminaría las oportunidades de arbitraje financiero de corto plazo; lo cierto es que la experiencia europea también demuestra la dificultad en la implementación de esta solución, habida cuenta que la integración de los mercados suele ser más rápida que la de las instituciones económicas y políticas; generando serios problemas en el camino.

La segunda solución es la famosa Tasa Tobin (TT), o segmentación financiera, propuesta originalmente en 1972 y que apuntaba a la implementación uniforme de un impuesto internacional (proporcional al tamaño de la transacción y administrado por cada gobierno en su jurisdicción) para todas las operaciones que impliquen la conversión de una moneda por otra (financiera, comercial y de servicios). Al elevar el costo de la transacción, el impuesto desincentiva los movimientos de corto plazo afectando en menor medida los de largo plazo; relacionados en general con inversiones productivas.

Esto sucede, porque las ganancias de las operaciones de corto plazo se basan en la velocidad con la que se mueve el capital. En este sentido, Tobin define al impuesto como un poco de “arena en las ruedas de la especulación financiera” en la búsqueda por poner algún tipo de freno al funcionamiento del mercado. Este instrumento busca cambiar la estructura de incentivos del mercado financiero a favor de las actividades productivas, a través de una reducción en la elasticidad de las expectativas que puede llevar a una menor volatilidad. Al mismo tiempo, el sector financiero posee una baja carga impositiva, por lo que el impuesto no sólo nos llevaría a una estructura tributaria más igualitaria, sino que su potencial recaudador generaría financiamiento extra para resolver los problemas no deseados de la actividad financiera o financiar programas para el desarrollo, por ejemplo. Ésta es, quizás, la mayor ventaja de la implementación de un impuesto como la Tasa Tobin. Finalmente; al reducir la volatilidad cambiaria, tiene el potencial de mejorar la autonomía de la política nacional.

La propuesta de Tobin posee, al mismo tiempo, grandes desafíos en términos de sus costos de implementación. Por un lado, la implementación implica incurrir en erogaciones relacionadas con la administración del mismo; la capacidad de enforcement del gobierno y las distorsiones que se generan en el mercado. No obstante, son menores respecto de los que se generan en el actual sistema y los impactos que se podrían generar en caso de que os países tomaran medidas proteccionistas de forma aislada. El elemento clave para que la propuesta de Tobin funciones es la coordinación entre los principales líderes globales^[5]. En efecto, los obstáculos a nivel político son el principal desafío a vencer. Al tratarse de un impuesto implementado a nivel internacional, pero administrado localmente; la coordinación internacional es central. Al mismo tiempo, el poder de lobby del sector financiero ha alcanzado un grado de presión en los últimos años que dificulta su regulación. Aún luego de la crisis financiera, las reformas que se han aprobado no han logrado introducir cambios bruscos en el sistema, pese a los discursos e intenciones iniciales por parte de los gobiernos.

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