La Procuraduría y el Alcalde de Granada Gustavo

La Procuraduría y el Alcalde de Granada Gustavo

La Procuraduría General de la Nación ejerce su función como representante de los Ciudadanos ante las posibles faltas que los empleados públicos pudieran cometer, sin embargo, para el caso del alcalde Gustavo de la ciudad de Granada a pesar que se evidencia falta de planeación y seguimiento en las tareas relacionadas con la recolección de basuras en la ciudad, pareciera que la destitución del alcalde es una medida desproporcionada y con vicios de abuso de poder.

El Alcalde de Granada al parecer no cumplió con las propuestas realizadas en su campaña de gobierno en donde se comprometía a mejorar el servicio en la recolección de basuras en la ciudad, en evitar la monopolización que existe en ese negocio entregándole la responsabilidad a una empresa que hace parte del distrito, sin embargo se trató de una decisión apresurada y con falta de planeación por cuanto esta nueva empresa no tenía la suficiente capacidad y experiencia para asumir la prestación del servicio público de aseo lo que acarreó en una lluvia de críticas por parte de la comunidad, políticos en general, la defensoría del ciudadano y generó una investigación por parte de la procuraduría que genero una crisis política y ambiental sin precedentes y a su vez la destitución del Alcalde.

Si bien se trata de una actitud en derecho por parte de la procuraduría y se hace evidente que está ejerciendo su control y vigilancia en las actuaciones de los funcionarios públicos por cuanto ya emitió un veredicto en la inhabilitación y destitución del alcalde por 15 años al parecer se trata de una medida desproporcionada, pues es evidente que aunque se trata de una incapacidad de planeación por parte del alcalde en relación a la recolección de las basuras, se trata de un periodo bastante largo en relación a la falta cometida.

Una de las principales críticas realizadas a la procuraduría es que está actuando muy drásticamente cuando de veredictos se trata, pues si bien hace parte de sus funciones el ejercer su función de entidad capaz de sancionar los empleados públicos, al parecer la “cabeza” de este organismo de control no está actuando con balance al momento de tomar acciones y decisiones y está aprovechando su poder para emitir juicios desde lo personal más que en beneficiar la sociedad.

En todo caso la ciudadanía reclama más control sobre las entidades públicas y en sus funcionarios quienes la representan, se exige que las decisiones tomadas por la procuraduría sean ejercidas en derecho y proporcionadas de tal forma que no aprovechen su poder constitucional y sea acorde con la falta cometida.

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