La crisis financiera

Este alarmismo se basa en que las perspectivas de crecimiento para los próximos años son peores que las de la mayoría de los países avanzados y en la percepción de que el Gobierno no está convencido de querer incurrir en el coste político que supondría embarcarse en el programa de reformas estructurales necesarias. España, además de enfrentarse a la crisis financiera global, ha sufrido la explosión de una burbuja inmobiliaria, tiene mercados poco flexibles, una productividad reducida y no cuenta con una sólida base productiva, intensiva en conocimiento, capaz de reemplazar al sector inmobiliario como fuente de crecimiento.

Además, durante los años del boom económico acumuló una pérdida de competitividad que no le permite, ahora que su demanda interna está cayendo, recurrir a la demanda externa para recuperarse. Por último, aunque su pertenencia al euro ha supuesto un paraguas de estabilidad, ya no puede utilizar la tradicional devaluación para impulsar sus exportaciones. Por todo ello, está teniendo más problemas que otros países para dejar atrás la recesión. Sin embargo, quienes pronostican que tendrá problemas para hacer frente a su deuda o que es un peligro para la zona euro están equivocados. Veamos por qué.

La crisis financiera puso fin a 14 años de crecimiento en los que España completó su modernización, se convirtió en uno de los mayores inversores en el exterior, redujo su inflación y su deuda pública y consolidó políticas macroeconómicas responsables. Sin embargo, esta expansión generó tanto un boom inmobiliario como un abultado déficit por cuenta corriente (10% del PIB en 2008), causado tanto por el diferencial de inflación entre España y sus socios comerciales de la zona euro como por el lento crecimiento de su productividad laboral.

El colapso financiero global pinchó la burbuja inmobiliaria española, redujo drásticamente las posibilidades de financiación exterior y disparó el desempleo a gran velocidad. El importante superávit público (superior al 2% del PIB) que España había logrado alcanzar antes de la crisis se esfumó rápidamente y se convirtió en 2009 en un déficit público del 11,4%. Este aumento del déficit ha sido el resultado tanto del funcionamiento de los estabilizadores automáticos (menor recaudación fiscal y mayor gasto público, sobre todo vinculado a las prestaciones por desempleo) como de los programas de estímulo fiscal discrecional que el Gobierno ha puesto en marcha, que han tenido cierto éxito en suavizar el impacto adverso de la crisis sobre la actividad y

el empleo durante 2009. Sin embargo, será imposible mantenerlos en el futuro porque es necesario avanzar en la consolidación fiscal. Por todo ello, la situación económica española es difícil. Sin embargo, las voces alarmistas que pronostican que no podrá hacer frente a su deuda o que será junto a Grecia y Portugal un peligro para la zona euro tienen poco fundamento. A pesar de las dificultades actuales, como España redujo de forma drástica su ratio de deuda sobre el PIB antes de que estallara la crisis todavía tiene cierto margen de maniobra para financiar su déficit público, algo que le sucede también a Irlanda, pero no a Grecia. Además, el Gobierno ha puesto en marcha medidas de ajuste con el fin de recortar su déficit y situarlo en el 3% exigido por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2013. Esto significa que, por el momento, España no debería tener problemas para hacer frente a los vencimientos de su deuda pública y podrá colocar sin dificultades nuevos títulos en los mercados cuando sea necesario, aunque tendrá que hacerlo a un mayor coste que en años anteriores. Aun

Así, es esencial que aproveche la ventana de oportunidad que se ha abierto con la crisis para abordar las reformas que hagan que su crecimiento sea más equilibrado una vez que la crisis haya pasado. Algunas de estas reformas deberían

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