Los grandes Limites constitucionales al derecho empresarial

DERECHO EMPRESARIAL Y CONSTITUCION: LIMITES CONSTITUCIONALES A LA LIBERTAD DE EMPRESA Y A SU REGULACION.  Oscar Súmar Albújar.

El Estado como  forma de organización de una sociedad, permite que funcione mejor a través del ejercicio del poder, el cual logra entre otras cosas la unión de sus poblaciones, de sus instituciones, una relación entre gobierno y pueblo; pero dicho ejercicio del poder no es absoluto, ya que de serlo se convertiría en un régimen autoritario donde las libertades y derechos resultarían constante y fácilmente vulnerados; por ende estas limitaciones al poder estatal  son más que necesarias y deben de encontrarse debidamente justificadas dentro de cada ordenamiento interno, dichas limitaciones  garantizan que las libertades y derechos del Estado serán respetados

La intervención de los Estados es frecuente y se da en muchos ámbitos; pero en especial en los mercados, el Estado puede intervenir de diferentes formas, buscando una mayor eficiencia y equidad, resolviendo  las fallas del mercado, o en algunos casos por razones retributivas; el punto es que dichas regulaciones son necesarias ya que como lo expresa Sumar Albuja, dejar las cosas a la “mano invisible del mercado” no es confiable, ya que se derivan muchos problemas de la existencia de un mercado libre sin ningún tipo de intervención ni regulación.

Esta intervención producida a través de regulaciones, no debe ser entendida como un uso excesivo del poder por parte del Estado, ni como un límite para las actividades mercantiles, por el contrario, buscan preservar valores de la sociedad que pueden verse amenazados por los agentes del mercado al realizar actos que producen costos a la sociedad o en su búsqueda de riqueza, dejan de lado derechos fundamentales y la equidad y justicia social.

Para evitar que estos la actuación de los agentes del mercado produzca costos excesivos a la sociedad por realizar sus actividades de manera desordenada, desinformada e incluso irracional, se debe de establecer un marco general, que regule este aspecto en específico, que logre reducir sus costos pero que no impida la actividad mercantil, medidas que sean proporcionales a los fines que busquen alcanzar.

Según Calabresi, las normas se justifican en razones de eficiencia, redistributivas, y otras razones de justicia como la moral y el respeto de los derechos fundamentales, estos tres tipos de regulación actúan de manera equilibrada permitiendo y limitando el campo de acción de cada una y tienen en común que descansan sobre la base de valores de libertad, igualdad, equidad, valores que son de rango Constitucional, lo que dificulta el que sean modificados por otra ley, lo que se puede considerar una traba para intereses de grupos particulares de modificar leyes para crear beneficios para ellos.

SumarAlbujar, resalta que la acción social basada en los valores debería ser la principal fuente de acción en las políticas públicas que tengan que ver con los mercados, ya que a su parecer son las         que representan de manera más nítida el carácter de autogobernarse que tiene el pueblo a través de su Constitución.

Muchos autores han sostenido que más allá de defender un sistema basado  en valores constitucionales, se deben crear unas reglas claras basadas en la Constitución, que sean justas y que no sean fácilmente modificables por el poder legislativo, esto garantizaría que dichas regulaciones referentes a los mercados, no respondan a intereses particulares de grupos particulares en torno al poder y que dichas regulaciones y decisiones económicas que incidirán  la da en sociedad en general, estarán sometidas al valor de la justicia, asegurando el bien común y el respeto por los derechos fundamentales de las personas; la Constitución termina imponiendo límites a las actuaciones de los privados o el Estado que no están basados en la preservación de la eficiencia económica sino en otros valores como es el caso e los derechos humanos.

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