Procedimiento demanda mercantil
Enviado por Naando Obeso • 22 de Diciembre de 2022 • Ensayo • 1.138 Palabras (5 Páginas) • 80 Visitas
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LICENCIATURA EN DERECHO
TEMA: SEMANA 9.[pic 2]
ALUMNO: FERNANDO OBESO GONZÁLEZ.
MATERIA: CONTRATOS MERCANTILES.
MAESTRO: Lic. Ruth Michelle Rodríguez Hernández.
Navojoa, Sonora, a 22 de noviembre de 2022.
INTRODUCCION.
Para que se inicie un proceso penal, se necesita de primera instancia que una conducta ya sea por acción u omisión, se encuentre tipificada como un delito dentro de la ley. Posteriormente a esto se iniciará un proceso de averiguación previa, en donde el estado a través de sus autoridades jurídicas iniciara las investigaciones, en donde se puedan recabar pruebas que acrediten el delito y que hagan probable la responsabilidad de la persona; esta es la primera etapa dentro del proceso penal.
En la segunda etapa del proceso penal encontramos el “auto de radicación”, que es la primera resolución dictada por el juez que conoce de la causa, esta resolución se va a llevar a cabo entre el tribunal competente, el órgano jurisdiccional que conoce de la causa y el procesado (aquí también se incluye al defensor del procesado).
Esta etapa se va a desarrollar dentro de un plazo de 72 horas, que pude llegar a extenderse hasta 144 horas, solo en caso de que el inculpado a si lo solicite ya sea por medio de si o de su defensor. Este plazo tiene como objeto ofrecer y desahogar pruebas que sean determinantes para resolver la situación jurídica del procesado. El auto de radicación se puede llevar a cabo de diferentes maneras, todo dependerá si la consignación se hace con detenido o sin detenido y también dependerá si el delito es de orden común o de orden federal.
Al terminar esta etapa de deshago de pruebas, comienza la resolución de plazo constitucional en donde se determina la situación jurídica del indiciado; esta puede ser de tres tipos: el primer auto de libertad por falta de elementos, el segundo auto de formal prisión y el tercer auto de sujeción a proceso. El fundamento legal lo encontramos dentro de Código de Procedimiento Penales en el artículo 286 bis. En donde se determinan las condiciones en las que se debe llevar a cabo el auto de radicación.
1. Procedimiento penal.
El procedimiento penal se origina cuando una persona realiza una conducta considerada por la ley como delito.
La primera etapa se inicia con la averiguación previa, en la cual es Estado por medio de una de sus autoridades practicara las investigaciones necesarias para obtener las pruebas que acrediten el cuerpo del delito y reunir los datos que hagan probable la responsabilidad de la persona.
2. Concepto de auto de radicación.
El auto de radicación es la primera resolución que emite el juez y a partir de ese momento se entabla la relación jurídica procesal que se desarrolla entre el ministerio público y la defensa ante la potestad jurisdiccional del juez instructor. Ese auto de radicación debe dictarse de inmediato en términos de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 286 bis del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal.3. Segunda etapa del proceso penal o auto de radicación.
La segunda etapa se inicia con el auto de radicación y concluye con el auto que resuelve la situación jurídica del imputado. El plazo en el que se desarrolla es de 72 horas, que puede duplicarse en caso de que el imputado a si lo solicite, por si o por conducto de su defensor, con objeto de contar con un plazo mayor para ofrecer y desahogar pruebas que sean determinantes para resolver su situación jurídica.
En esta etapa de la instrucción, también conocida como preinscripción, el ofrecimiento y desahogo de pruebas se encuentra limitado a la posibilidad de recibir exclusivamente aquellas pruebas que puedan desahogarse antes de que concluya ese plazo de 72 horas, o el de 144 horas en el caso de que se hubiese duplicado. Auto en el que el juzgador acepta la competencia con todas sus consecuencias, es decir, toma la responsabilidad de fiel y exacto cumplimiento de las garantías individuales que en favor del procesado establece la constitución, así como las correspondientes a la víctima y al ofendido por el delito.
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