Instituto Michoacano de Ciencias de la educación, Morelia, Michoacán, México.

Tres años de suplicio

¿Dónde están?

Three years of Torment

Where are they?

Cecilia Estefanía García Jorge

Instituto Michoacano de Ciencias de la educación, Morelia, Michoacán, México.

Resumen: en los siguientes párrafos hablaremos acerca de los discursos que se emiten después de tres años de haberse cometido la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa Guerrero, de los casi nulos avances en la investigación por parte de las autoridades involucradas y de la lucha en contra de la impunidad que parece perder efervescencia por los millones que en septiembre del 2014 se mostraron indignados en todo el mundo. Ahondaremos también en las particularidades del normalismo rural y su papel histórico en la educación de nuestro país; lo que a la vez explica por qué han sido víctimas de estos crímenes. Tomando en cuenta el estudio de lo que se ha dicho y lo que no, se ofrecen algunos análisis a partir de las atrocidades cometidas la noche del 26 de septiembre del 2014 y el por qué hoy la consigna, abanderada por los padres de familia, está vigente ¡vivos se los llevaros, vivos los queremos!

Palabras clave: Ayotzinapa, desaparición forzada, normal rural, duelo, movilización.

Abstract: in the following paragraphs we will talk about the speeches that are issued after three years of the forced disappearance of the 43 students of the Rural Normal Raúl Isidro Burgos, of Ayotzinapa Guerrero, of the almost null advances in the investigation by the authorities involved and the fight against impunity that seems to lose its effervescence for the millions who in September 2014 were outraged all over the world. We will also delve into the particularities of rural normalism and its historical role in the education of our country; which at the same time explains why they have been victims of these crimes. Taking into account the study of what has been said and what is not, some analyzes are offered based on the atrocities committed on the night of September 26, 2014 and why today the slogan, championed by parents, is in force live take them, live we want them!

Keywords: Ayotzinapa, forced disappearance, normal rural, duel, mobilization

“Ya estamos a 3 años… pero nosotros no olvidamos”

Madre de estudiante desaparecido.

“Los resultados para nosotros serían significativos si nos entregan a todos nuestros hijos desaparecidos”

Padre de estudiante desaparecido

“El dolor de perder a un hijo no termina nunca”

Juan Gelman.

La mentira histórica  

Septiembre del 2017, uno de los sucesos más graves en la historia del país, que puso a la nación en el punto de la mira internacional, cumple tres años sin una sola sentencia condenatoria por lo ocurrido y con las mismas dudas: ¿Qué pasó? ¿Dónde están? Hablamos de la desaparición de 43 estudiantes ocurrida en Iguala en una noche lamentable, eterna y profundamente triste.

Durante este tiempo hemos escuchado versiones distintas sobre los hechos y se han detenido a más de 120 sospechosos, pero sin emitirse ninguna sentencia. Y solo cuatro de ellos están acusados de homicidio y tentativa de homicidio.

El informe oficial presentado por la PGR el 27 de enero del 2015 (la “verdad histórica”) aseveraba, en resumen, que los estudiantes fueron asesinados por narcos de Iguala Guerrero, e incinerados en un basurero de Cocula. Ante las dudas sobre esta hipótesis, se integró un grupo de cinco especialistas extranjeros, conocidos como el GIEI¹ mismo que concluyó que esa versión dependía de confesiones de detenidos que pudieron haber testificado bajo tortura. Los expertos internacionales se encargaron de recabar testimonios, revisar documentos y vídeos de lo ocurrido. El 24 abril del 2016 el GIEI realizó la presentación del segundo informe que tuvo lugar en la Universidad del Claustro de Sor Juana, en el que dieron a conocer la serie de irregularidades que existían en la investigación del caso, que van desde la de violación a los derechos de los familiares de las víctimas, hasta la evidente falta de capacidad de los peritos para el correcto análisis de las pruebas importantes. Todas estas deficiencias encontradas giran en torno al papel de las autoridades involucradas, por ello en su informe los investigadores manifiestan

“Las responsabilidades de los superiores son determinantes en cualquier investigación de funcionarios públicos, más aún en casos de graves violaciones de derechos humanos. Los vínculos de las cadenas de mando son fundamentales para valorar si hay responsabilidades entre los subalternos y sus superiores. Además, ciertos agentes del Estado tienen una posición de garante, como es el caso de los miembros de las fuerzas policiales y militares, es decir, que tienen el deber de proteger a los ciudadanos en sus derechos, cuya omisión puede constituir a su vez una violación de derechos humanos”  (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, 2016)

El GIEI ofreció diferentes líneas de investigación que negaban que los estudiantes hubieran sido quemados y resalto la participación y omisión del 27 batallón de infantería, el cual vio la persecución y detención de los normalistas, y  el asesinato de seis personas, entre civiles y estudiantes, sin haber intervenido por las víctimas, e incluso los estudiantes manifestaron haber sido amenazados por los militares al llegar al hospital donde serian atendidos. (Hernandez, 2016)  Por supuesto que estas investigaciones incomodaron a las autoridades federales, quienes seguían asegurando que la investigación tenía un buen cause. Contrario a lo que afirmaba el español Carlos Beristaín, integrante del grupo "Dentro del aparato del Estado hay fuerzas que no quieren que se investigue la verdad. Son fuerzas estructurales". (El país, 2017)

Es esta parte de las conclusiones la que más ha llamado la atención pues a partir de las investigaciones derivadas del caso, se puso en el centro de la mira internacional la práctica de la desaparición forzada y la profunda crisis que se vive en materia de derechos humanos en México; la desaparición forzada se puede definir según la ONU como:

“el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley” (Naciones Unidas, 2006)

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