La Honestidad

La presente ley nos da habla de que el derecho a la educación es un derecho fundamental de la persona y la sociedad en general, a la cual el estado tendrá que garantizar el ejercicio de dicho derecho, ya que ello le permitirá el desarrollo de sus potencialidades, su formación integral y la creación de su cultura. Así mismo, la gratuidad de la educación es un servicio publico, cuando lo provee el estado en todos sus niveles y modalidades, determinando a su ves la libertad de enseñanza, a su ves, los padres de familia o los que hagan sus veces tiene el deber de educar a sus hijos y el derecho a participar en el proceso educativo y a elegir la institución en que estos quieren que se les eduquen dicho derecho es amparado por la constitución política del Perú en sus artículos 13, 14, 15, 16, 17, 18 y artículos concordantes.

La ley en análisis garantiza plenamente la gratuidad y calidad educativa publica con equidad en los 14 grados articulados que conforman la inicial, primaria y secundaria, definidos en su conjunto como educación básica. Esta nueva norma crea un sistema de evaluación, acreditación y certificación de la calidad educativa. El objetivo dentro de la presente ley es evaluar los aprendizajes y acreditar la calidad de las instituciones educativas. Esto va de la mano con los programas permanentes de capacitación y evaluación del profesorado con la participación del gremio magisterio, padres de familia y la comunidad educativa.

La presente ley en análisis, ofrece una mayor autonomía que tendrá el centro educativo para seleccionar y designar a su personal docente y administrativo, recibir directamente asignaciones presupuestales, diversificar su programa curricular y decidir sobre los textos y materiales educativos de acuerdo con su realidad. Así esta gestión será participativa, flexible y sobre todo, descentralizada, que se iniciara en la escuela, que a la ves coordinara con la unidad de gestión educativa local, la cual se reportara ante la dirección regional de educación de su jurisdicción y esta al ministerio de educación.

Esta ley también nos habla de que los gobiernos locales apoyaran a la educación en infraestructura, equipamiento elaborado de programas educativos distritales, provinciales e institucionales y aportando elementos para la diversificación curricular. Esto sin asumir funciones de dirección, monitoreo y de evaluación de la gestión administrativa y pedagógicas de las instituciones educativas, por no estar calificados para ello. Los concejos regionales y locales tampoco opinaran sobre el nombramiento de los directores locales y regionales, por que estos perderían autonomía

Esta ley también nos menciona y da a conocer las fuentes de financiamiento para el sistema educacional, como son el tesoro publico, por sus recursos directamente recaudados, las donaciones, así también, los excedentes por actividades productivas desarrolladas por actividades de las

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