Las reglas del financiamiento público

En las tres reformas ocurridas entre 1989 y 1994, las reglas del financiamiento público alcanzaron mayor densidad y profundidad y se impusieron prohibiciones al que proviniera de los poderes federales, estados y municipios, entidades públicas, extranjeros y ministros de culto; sin embargo no existía ninguna disposición sobre los recursos provenientes de fuentes privadas, entre otras omisiones.

La reforma electoral de 1996 introdujo los avances más profundos realizados hasta entonces en materia de financiamiento, para garantizar la equidad en las contiendas, mantener a los partidos al margen de presiones corporativas e ilegales, y transparentar el origen y destino de los recursos ejercidos por las fuerzas políticas.

De este modo, se estableció que el financiamiento público tuviera preeminencia sobre el privado y que éste no fuese mayor al 10 por ciento de aquél.

Con la nueva legislación, se impusieron topes a los gastos de campaña para limitar su disparidad durante las contiendas y se establecieron fuertes restricciones a las aportaciones privadas.

Pero lo más importante es que, por primera vez, se dotó a la autoridad electoral de atribuciones para fiscalizar los recursos utilizados por los partidos, tanto para sus operaciones regulares, como para sus campañas políticas y gastos específicos.

Unas de las atribuciones que derivaron de la reforma electoral 2007-2008 fue la creación de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales, la cual es el órgano técnico del Consejo General del Instituto que tiene a su cargo la recepción y revisión integral de los informes que presenten los partidos respecto del origen y monto de los recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como sobre su destino y aplicación.

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