TRABAJO COLABORATIVO 2 INTERVENCION JURIDICA

PROPUESTA DE INTERVENCION

FORMEMOS NIÑOS FELICES…….PARA TENER FUTUROS HOMBRES EN PAZ.

MARCO TEORICO

El comportamiento violento, entendiendo por tal el patrón de conducta caracterizado por un comportamiento, usualmente persistente y repetitivo, en el que no se siguen las normas sociales ni se respetan los derechos de los demás (American Psychiatric Association, 2002), ha sido uno de los tópicos relacionados con el comportamiento humano que más atención ha merecido a lo largo de la historia por parte de pensadores y científicos. De hecho, se ha abordado desde múltiples perspectivas, legal, criminológica, psicológica, sociológica o médica. Si bien se ha intentado explicar el comportamiento desviado desde multitud de perspectivas, los diferentes intentos se han orientado hacia la maximización de alguno de los siguientes tres factores (sería demasiado larga la revisión de estos postulados y excedería el propósito de este trabajo, para ello véase una recopilación en Fariña y Arce, 2003): biológicos (p.e., Lombroso, los constitucionalistas, o las formulaciones de Eysenck) psicológico individuales (v.gr., teorías del aprendizaje social, del desarrollo cognitivo moral o de la decisión racional) y psicológico-sociales (ad exemplum, Merton, Cohen, Cloward y Ohlin, Sutherland, Hirschi). Ahora bien, generalmente en estas teorías la explicación que se ofrece de la delincuencia se orienta a la sobre dimensionalización de una(s) variable(s) o dimensión(es) en detrimento de otras, lo cual lleva implícito que el valor de las mismas sea relativo. Además, la sobre dimensionalización de una o más dimensiones en detrimento de otras, también se refleja en los tratamientos que están orientados, generalmente, bien a aislar los efectos de un único componente, bien a recurrir a una fórmula de tratamiento aplicable al conjunto del problema pero desde una única perspectiva (p.e., farmacológico, castigo y refuerzo, resocialización, barrera). En consecuencia, la adopción de estos modelos aisladamente no es operativa ni a nivel de explicación de las causas del comportamiento violento de todos los agresores, como requiere la intervención penitenciaria en violencia de género, muy especialmente con aquellos que cumplen el tratamiento en libertad, ni del tratamiento pues es evidente que no sería apropiados para todos aquellos penados a los que el modelo causal aplicado no se ajustado a su caso.

JUSTICIA RESTAURADORA:

En el contexto de familia, la Ley 906 de 2002 contempla la violencia intrafamiliar como uno de los delitos que requieren querella (Artículo 229)1. Sin embargo, la aplicación del principio de oportunidad2 abre a los sujetos activos y pasivos involucrados en un delito de familia, la posibilidad de acordar la reparación civil y llegar a un acuerdo antes de iniciar un proceso judicial penal. Para este efecto, el fiscal puede acudir a los mecanismos de suspensión del procedimiento a prueba o interrupción de la actuación penal con el fin de verificar el cumplimiento de las condiciones convenidas para dar aplicación a la renuncia y dar solución al caso por la vía de la Justicia Restaurativa.

La Justicia Restaurativa es un paradigma que con¬fronta los sistemas tradicionales (punitivo y reha¬bilitador), a la vez que promueve la reparación del daño causado por el delito. Hace énfasis en la dimensión del perjuicio antes que en la dimensión de la trasgresión de una norma jurídica (sistema punitivo) o de las necesidades del infractor (sis¬tema rehabilitador), con lo cual reconoce que “la función principal de la reacción social no es ni castigar, ni tratar, sino crear las condiciones para que una reparación & una compensación razona¬ble de los perjuicios se puedan realizar” Walgrave (1999, p. 9).

A pesar de que en Colombia los índices de VIF son muy altos, y que igualmente han surgido progra¬mas de prevención e intervención frente a esta problemática, son muy pocos los estudios que se han hecho para evaluar impacto y efectividad. Igualmente los estudios que se han hecho tienen muchas limitaciones en cuanto a evaluar cada uno de los tipos de violencia: física, sexual y psicoló¬gica. Adicionalmente, los contextos que han sido evaluados difieren notablemente. No es lo mismo evaluar una población urbana que una rural, o una carcelaria. En este sentido, hallar un consen¬so en cuanto a los programas que se han traba-jado con población maltratadora es muy difícil. Sin embargo, en países como España, Guatemala, Chile, entre otros, estos estudios tienden a dar cuenta de dicho fenómeno de una manera más amplia que en el nuestro.

Existen diversas nociones de violencia intrafami¬liar (VIF), todas coinciden en que está referida a la pareja exclusivamente, y particularmente a la agresión física, el maltrato psicológico y las relaciones sexuales forzadas u otras formas de coacción sexual y diversos comportamientos do¬minantes (como el aislamiento del entorno social, la vigilancia o la restricción en el acceso a la in¬formación, la asistencia o los recursos económi¬cos, entre otros) que ejerce el hombre (marido, pareja o ex pareja) sobre la mujer (Heise & Gar¬cía-Moreno, 2003 citados por Echeburúa, 2004). Tal como señala Walker (1991) la VIF es un patrón de conductas abusivas utilizado por una persona en una relación íntima contra otra para ganar po¬der, control y autoridad. Al ocurrir en un espa¬cio privado, no sólo pone en riesgo la seguridad y bienestar de la mujer, sino también de quienes conforman la familia, que se entiende como el grupo de personas que viven bajo el mismo techo y permanecen en continua interacción (Medina, Aracena & Bilbao, 2004; Traverso, 2007). Según los porcentajes para Colombia, más del 91% de las víctimas de maltrato conyugal son mujeres (Ribe¬ro & Sánchez, 2004).

La familia es el primer agente socializador y sobre ella recaen las responsabilidades de educación, protección y crianza de los hijos, por tanto juega un importante papel en el crecimiento, desarrollo y bienestar del individuo (Echeburúa, Paz, Fer¬nández-Montalvo, Amor, 2004), es allí, paradóji¬camente,

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