Tareas Chidas

En mayo de 2013 el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, habría asesinado a Arturo Hernández Carmona, líder del Frente Unidad Popular, a quien él y su esposa, María de los Ángeles Pineda, habrían amenazado públicamente debido a disputas que tenían de tiempo atrás, las cuales se agudizaron por el homicidio de un síndico, Justino Carvajal Salgado, ocurrido en marzo de ese año. Hernández insinuaba que Abarca había mandado ejecutar a Carvajal. En distintas movilizaciones contra Abarca participaron normalista de Ayotzinapa, quienes arremetieron contra el ayuntamiento. Ahí habría surgido el encono de Abarca contra los jóvenes. El 26 de septiembre pasado la señora Pineda, cuyos hermanos han sido señalados como miembros de un cártel, daba su segundo informe de labores al frente del organismo DIF. Los estudiantes de Ayotzinapa se dirigían a Iguala, supuestamente para sabotear el acto. Abarca y su esposa habrían dado la orden de “escarmentar” a los jóvenes. El jefe de la policía de Iguala, Felipe Flores Velázquez, ayudado por elementos a su mando y sicarios del cártel local Guerreros Unidos, habría cumplido la instrucción.

Pudo haber ocurrido así. Sin embargo, luego de que fueron encontradas las primeras fosas clandestinas en Iguala se informó que ese hallazgo se debió a que uno de los presuntos asesinos de los jóvenes confesó el homicidio y el lugar donde yacían los cuerpos. Falso: una vez que se realizaron los estudios pertinentes, se comprobó que no, que los restos sepultados ahí no corresponden a los de los jóvenes. Por tanto, el supuesto agresor mintió. ¿O mintieron las autoridades? Luego se dijo que otro presunto homicida ubicó el sitio de otras fosas pero, hasta donde sabemos, tampoco ahí están los restos de los jóvenes. Poco después se indicó que policías de Cocula, municipio colindante con el de Iguala, eran también (¿o nada más ellos?) autores del crimen: que habían levantado a los estudiantes y los habían entregado a criminales. ¿Por qué razón, si no obedecían a Abarca, a su esposa y a su jefe policial de Iguala? No hay móvil.

Hay indicios por aquí, indicios por allá, pero no hay evidencias concluyentes, rotundas, de nada. Y eso, el tiempo transcurrido, ya ocasionó un daño irreversible, termine donde termine la versión de las autoridades. “¿Por qué el narco iba a matar a estudiantes que no se meten con ellos?”, escuché plantear en los pasillos de Ayotzinapa. No pocos entre quienes oscilan ahí, miembros de organizaciones que tienen ganas de incendiar todo a partir de sus doctrinas antisistémicas, ya no van a creer nada que provenga del gobierno de Guerrero o del gobierno federal. Nada. Para ellos esto es un crimen de policías contra estudiantes, lo cual, desde su lectura ideologizada, se lee como un crimen de Estado. Del Estado mexicano represor y asesino de jóvenes pertenecientes a movimientos sociales.

De acuerdo con las declaraciones de los detenidos por el caso de los 43 normalistas desaparecidos, habría sido un líder de la organización criminal “Guerreros Unidos”, conocido como “El Chuky”, quien ordenó la ejecución de los estudiantes.

Explicó que con las declaraciones de estos dos detenidos se logró identificar a 30 miembros de la policía municipal preventiva de Iguala como integrantes de los Guerreros Unidos.

Iñaky Blanco añadió que tras los cateos a la casa del alcalde de Iguala y cuatro domicilios más el 1 de octubre se detuvo a Luis Alberto José Gaspar, alias “El Tongo”, quien dijo pertenecer al grupo criminal Guerreros Unidos; a Honurio Antúnez Osorio, alias “El Patachín”, que fungía como policía municipal preventivo de Iguala; así como a los dos criminales que confesaron los 17 asesinatos.

En la conferencia, el funcionario informó también que en las fosas de Palo Blanco, Iguala, hasta el momento han sido hallados 28 cuerpos en fosas clandestinas, los cuales se encontraron en diversos estados de descomposición, aunque todos fueron incendiados antes de ser enterrados y su identidad se desconoce hasta ahora.

La fosa clandestina fue hallada con información obtenida de las declaraciones de policías municipales detenidos tras los hechos de violencia ocurridos hace una semana y agregó que los cuerpos tardarían entre dos semanas y dos meses en ser identificados.

Las pruebas de ADN para determinar si pertenecen a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa las llevarán a cabo el Departamento de ADN, mapas y perfiles genéticos de la dirección científica de la Policía Federal y la Coordinación General de Servicios Periciales de la PGR.

En ese trabajo participarán también nueve especialistas argentinos en el ramo,luego de su trabajo en víctimas de la dictadura de aquel país, los cuales habrían sido propuestos por organizaciones sociales.

Desde el sábado, Juan López Villanueva, adscrito a la primera Visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), informó a El Sur que se trata de seis fosas en un perímetro de unos 200 metros.

Sobre los ataques en Iguala, las investigaciones ministeriales en Guerrero, concluyeron quepolicías municipales y sicarios de Guerrero Unidos, participaron el 26 de septiembre en la balacera en el crucero de Santa Teresa en donde murieron miembros de un equipo de futbol y un mujer.

“(En) los homicidios de los estudiantes de la Normal Rural, de las dos personas que viajaban en el autobús del equipo de futbol Avispones de Chilpancingo, y de una civil que transitaba por el lugar en un taxi, participaron elementos de la Secretaria

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