Tazas Con Tu Foto,Publicidad,Cumple, Bautismos, Etc

La política educativa como herramienta de construcción nacional.

El proceso de sanción de la ley de educación común en Argentina

I. Introducción.

El propósito del presente trabajo es analizar brevemente los factores que influyeron en el proceso socio-político que derivó en la sanción de la Ley Nacional de Educación Común, conocida frecuentemente como ley 1420. Integraran este análisis un repaso del contexto histórico de Argentina de principios de la década de 1880 y los principales problemas políticos que enfrentó el poder central durante esta etapa. Así mismo, se realizará un somero detalle de los antecedentes legislativos nacionales e internacionales que fueron inspiración y modelos para los principales impulsores de esta iniciativa. Finalmente se presentaran los debates en torno a las controversias centrales del proceso en general y el debate legislativo en particular, haciendo mención específica a las posiciones de los más destacados exponentes de las mismas.

II. La construcción del Estado-Nación en Argentina hacia 1880: avances y cuentas pendientes.

La sanción de la Constitución de 1853 lejos de constituir una línea de llegada, significo más bien un punto de partida, una enunciación de un proyecto de nación, “un programa por realizar, una ambición por cumplir” (Zanotti (1984) citado por Filmus, 1996)

Este programa implicaba, desde un punto de vista de gobierno, resolver diferentes problemáticas que requerían el desarrollo de las facultades que hacen a la definición del Estado moderno, entendidas como la capacidad de (1) exteriorizar su poder (soberanía), (2) institucionalizar su autoridad, (3) diferenciar su control e (4) internalizar una identidad colectiva. (Oszlak, 1978).

Luego de resolver mayoritariamente el primer problema luego de las guerras por la independencia, el próximo desafío de nuestra organización nacional pasó por lo que Natalio Botana denominó el problema de la reducción a la unidad y las formas en que dicha tarea fue encarada por los distintos líderes políticos y militares entre 1820 y 1852. (Botana, 1986:26) Este dilema presentó, como en otros casos nacionales, la disyuntiva entre la construcción de la obediencia a partir del acuerdo o por medio de la coacción.

De más esta decir cual fue la forma preeminente durante gran parte de la primera mitad del siglo XIX. Pero luego de Caseros, primero el Acuerdo de San Nicolás y luego la Constitución de 1853, iniciarán una etapa de preeminencia de la estrategia del pacto, principalmente entre las provincias del interior. Sin embargo, las grandes diferencias en los proyectos de país de estas y el puerto de Buenos Aires mantendrían la opción militar como dominante en la relación entre ambos bloques a lo largo del periodo constitucional que se prolonga entre 1853 y la resolución final de la disputa con la derrota de Buenos Aires y la federalización de la capital en 1880.

Este periodo, principalmente durante las presidencias de Mitre, Sarmiento y Avellaneda, estará signado por el fortalecimiento paulatino del poder central (Puiggros, 2002), la estructuración de intereses comunes entre las distintas elites provinciales y su manifestación en un dispositivo político y la resolución exitosa a favor del poder central de las distintas sublevaciones provinciales a través de una compleja trama de acuerdos entre las distintas elites provinciales y funcionarios del gobierno nacional.(Botana, 1986)

Precisamente la sucesiva imposibilidad de los intereses porteños de imponer a sus candidatos a la presidencia y la elección de Julio A. Roca como presidente derivó en la sublevación de Buenos Aires, que sería la última provincia en someterse a la Nación. Su derrota a manos de las fuerzas de Roca, marcaría el fin de la etapa dura del “orden” y el comienzo de una nueva etapa, una etapa destinada a consolidar el “progreso” (Oszlak, 1977) bajo los objetivos de la diferenciación del control político y la creación de una identidad colectiva capaz de integrar bajo los intereses de los sectores dominantes a la totalidad de los argentinos y a la gran masa de inmigrantes que arribaban al país (Bravo, 1984:28)

III. La política educativa hasta la sanción de la ley.

La derrota de Buenos Aires, la federalización de la capital y el correspondiente traspaso de múltiples escuelas a la orbita nacional, consolidaron la creciente conciencia de múltiples sectores de la elite gobernante acerca de la necesidad de la sanción de una legislación nacional sobre educación que permitiera avanzar hacia una política de identidad nacional.

Desde la sanción de la Constitución de 1853, había un consenso sobre la importancia de la educación como herramienta para la fortalecer el proyecto de país. Sin embargo, la dualidad que la Carta Magna impuso respecto a las potestades de la Nación y las provincias sobre la responsabilidad educativa, estimuló dos debates centrales que al no poder resolverse fueron definiendo un sistema educativo fragmentado y sujeto a múltiples intereses.(Puiggros, 2003:73-4)

El primer debate tuvo su eje dentro del liberalismo y giró alrededor de las posiciones de promover una educación popular o una educación de elites. Esta controversia dentro del los grupos gobernantes fue generando acciones de gobierno orientadas tanto hacia la construcción de una educación media dirigida hacia los sectores dirigentes, como hacia el desarrollo y el fortalecimiento de una educación común bajo control popular. El primero de los proyectos fue encarnado por Bartolomé Mitre y tuvo como principales resultados la creación de Colegios Nacionales en varias provincias. El segundo proyecto fue impulsado por Sarmiento, tanto en sus roles de carácter provinciales, como durante su presidencia y quedaría reflejado profundamente en la sanción de la ley provincial de educación común de la Provincia de Buenos Aires en 1875.

El segundo debate anticipó lo que sería la contradicción principal de las discusiones parlamentarias en el tratamiento de la ley en el Congreso de la Nación. Este debate tuvo como contendientes a las posiciones laicas de los liberales y la posición que reclamaba la potestad de la Iglesia Católica como custodia de la moral y “religión oficial” consagrada por la Constitución Nacional de participar en la enseñanza y lo que hoy denominaríamos la reproducción cultural de la sociedad argentina. Este debate excedía las fronteras de nuestro país, y constituyó uno de los ejes centrales de la relación del Vaticano con muchos de los estados de matriz liberal en Europa y América Latina en el siglo XIX. Al igual que con el debate anterior, las múltiples interpretaciones que permitía la normativa constitucional, postergaría una solución consensuada y habilitaría la implementación de dispositivos institucionales disímiles, atendiendo a la mayor o menor influencia que cada uno de los sectores tendría en los territorios. (Rivas, 2008:9)

IV. Los antecedentes del proyecto de ley.

El traspaso de las escuelas que la provincia de Buenos Aires poseía en el nuevo territorio federal a la orbita nacional fue oficializado por un acuerdo y reglamentado por un decreto del Poder Ejecutivo en enero de 1881. Contemplaba el mantenimiento de la vigencia de la ley provincial de educación común de 1875 con ciertas modificaciones que establecía el decreto. Así mismo, se creaba el Consejo Nacional de Educación, a cuyo frente se designó a Sarmiento y se instaba al Congreso a la sanción de una ley de Educación Común. Por iniciativa de Sarmiento se convocó a un “Congreso de profesores y personas competentes para tratar en conferencias y en discusiones pedagógicas, cuestiones relativas a la enseñanza y a la educación popular”(Weinberg, 1984:8).

El Congreso Pedagógico de 1882 sería la caja de resonancia donde se amplificarían todos los debates que venimos mencionando en los párrafos anteriores. Durante el mismo, quedarían claramente delimitadas las fisuras de los actores políticos y pedagógicos en torno a la cuestión de la enseñanza laica vs. la enseñanza religiosa, que agrupaba a conservadores y liberales católicos frente a liberales laicos y las posiciones en torno a la cuestión de la centralización-descentralización de la política educativa, que reunía a sectores católicos y liberales favorables a la educación con control popular frente a los partidarios del férreo control del Estado central en temas educativos. La posición vencedora en el congreso pedagógico fue la de los partidarios de una educación laica bajo un fuerte control del poder central (Puigross, 2002:87) y sus conclusiones respecto a gratuidad de la educación común, la fijación de un minimum de instrucción obligatoria, la prescripción de la enseñanza mixta, la proporción de docentes y alumnos y la política de financiamiento tendrían gran influencia en el articulado final de la ley que aprobaría el Congreso Nacional.(Weinberg, 1984:11)

V. El debate parlamentario.

Sin haber cumplido con el propósito de redactar un nuevo proyecto, el Poder Ejecutivo Nacional envía a consideración del Congreso el decreto de enero de 1881, el cual fue aprobado por la Cámara de Senadores de la Nación con alguna modificaciones menores (Bravo, 1984:38). La Cámara de Diputados encomienda a la Comisión de Culto e Instrucción Pública la redacción de un proyecto de ley orgánica cuyo despacho será finalmente presentado el día 9 de junio de 1883, a más de un año y medio del ingreso del proyecto en la Cámara Baja.

El 4 de julio el miembro informante de la comisión Mariano Demaría presenta el proyecto de ley dando comienzo a uno de los debates legislativos y de opinión pública más interesantes y apasionados

...