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La política educativa como herramienta de construcción nacional.

El proceso de sanción de la ley de educación común en Argentina

I. Introducción.

El propósito del presente trabajo es analizar brevemente los factores que influyeron en el proceso socio-político que derivó en la sanción de la Ley Nacional de Educación Común, conocida frecuentemente como ley 1420. Integraran este análisis un repaso del contexto histórico de Argentina de principios de la década de 1880 y los principales problemas políticos que enfrentó el poder central durante esta etapa. Así mismo, se realizará un somero detalle de los antecedentes legislativos nacionales e internacionales que fueron inspiración y modelos para los principales impulsores de esta iniciativa. Finalmente se presentaran los debates en torno a las controversias centrales del proceso en general y el debate legislativo en particular, haciendo mención específica a las posiciones de los más destacados exponentes de las mismas.

II. La construcción del Estado-Nación en Argentina hacia 1880: avances y cuentas pendientes.

La sanción de la Constitución de 1853 lejos de constituir una línea de llegada, significo más bien un punto de partida, una enunciación de un proyecto de nación, “un programa por realizar, una ambición por cumplir” (Zanotti (1984) citado por Filmus, 1996)

Este programa implicaba, desde un punto de vista de gobierno, resolver diferentes problemáticas que requerían el desarrollo de las facultades que hacen a la definición del Estado moderno, entendidas como la capacidad de (1) exteriorizar su poder (soberanía), (2) institucionalizar su autoridad, (3) diferenciar su control e (4) internalizar una identidad colectiva. (Oszlak, 1978).

Luego de resolver mayoritariamente el primer problema luego de las guerras por la independencia, el próximo desafío de nuestra organización nacional pasó por lo que Natalio Botana denominó el problema de la reducción a la unidad y las formas en que dicha tarea fue encarada por los distintos líderes políticos y militares entre 1820 y 1852. (Botana, 1986:26) Este dilema presentó, como en otros casos nacionales, la disyuntiva entre la construcción de la obediencia a partir del acuerdo o por medio de la coacción.

De más esta decir cual fue la forma preeminente durante gran parte de la primera mitad del siglo XIX. Pero luego de Caseros, primero el Acuerdo de San Nicolás y luego la Constitución de 1853, iniciarán una etapa de preeminencia de la estrategia del pacto, principalmente entre las provincias del interior. Sin embargo, las grandes diferencias en los proyectos de país de estas y el puerto de Buenos Aires mantendrían la opción militar como dominante en la relación entre ambos bloques a lo largo del periodo constitucional que se prolonga entre 1853 y la resolución final de la disputa con la derrota de Buenos Aires y la federalización de la capital en 1880.

Este periodo, principalmente durante las presidencias de Mitre, Sarmiento y Avellaneda, estará signado por el fortalecimiento paulatino del poder central (Puiggros, 2002), la estructuración de intereses comunes entre las distintas elites provinciales y su manifestación en un dispositivo político y la resolución exitosa a favor del poder central de las distintas sublevaciones provinciales a través de una compleja trama de acuerdos entre las distintas elites provinciales y funcionarios del gobierno nacional.(Botana, 1986)

Precisamente la sucesiva imposibilidad de los intereses porteños de imponer a sus candidatos a la presidencia y la elección de Julio A. Roca como presidente derivó en la sublevación de Buenos Aires, que sería la última provincia en someterse a la Nación. Su derrota a manos de las fuerzas de Roca, marcaría el fin de la etapa dura del “orden” y el comienzo de una nueva etapa, una etapa destinada a consolidar el “progreso” (Oszlak, 1977) bajo los objetivos de la diferenciación del control político y la creación de una identidad colectiva capaz de integrar bajo los intereses de los sectores dominantes a la totalidad de los argentinos y a la gran masa de inmigrantes que arribaban al país (Bravo, 1984:28)

III. La política educativa hasta la sanción de la ley.

La derrota de Buenos Aires, la federalización de la capital y el correspondiente traspaso de múltiples escuelas a la orbita nacional, consolidaron la creciente conciencia de múltiples sectores de la elite gobernante acerca de la necesidad de la sanción de una legislación nacional sobre educación que permitiera avanzar hacia una política de identidad nacional.

Desde la sanción de la Constitución de 1853, había un consenso sobre la importancia de la educación como herramienta para la fortalecer el proyecto de país. Sin embargo, la dualidad que la Carta Magna impuso respecto a las potestades de la Nación y las provincias sobre la responsabilidad educativa, estimuló dos debates centrales que al no poder resolverse fueron definiendo un sistema educativo fragmentado y sujeto a múltiples intereses.(Puiggros, 2003:73-4)

El primer debate tuvo su eje dentro del liberalismo y giró alrededor de las posiciones de promover una educación popular o una educación de elites. Esta controversia dentro del los grupos gobernantes fue generando acciones de gobierno orientadas tanto hacia la construcción de una educación media dirigida hacia los sectores dirigentes, como hacia el desarrollo y el fortalecimiento de una educación común bajo control popular. El primero de los proyectos fue encarnado por Bartolomé Mitre y tuvo como principales resultados la creación de Colegios Nacionales en varias provincias. El segundo proyecto fue impulsado por Sarmiento, tanto en sus roles de carácter provinciales, como durante su presidencia y quedaría reflejado profundamente en la sanción de la ley provincial de educación común de la Provincia de Buenos Aires en 1875.

El segundo debate anticipó lo que sería la contradicción principal de las discusiones parlamentarias en el tratamiento de la ley en el Congreso de la Nación. Este debate tuvo como contendientes a las posiciones laicas de los liberales y la posición que reclamaba la potestad de la Iglesia Católica como custodia de la moral y “religión oficial” consagrada por la Constitución Nacional de participar en la enseñanza y lo que hoy denominaríamos la reproducción cultural de la sociedad argentina. Este debate excedía las fronteras de nuestro país, y constituyó uno de los ejes centrales de la relación del Vaticano con muchos de los estados de matriz liberal en Europa y América Latina en el siglo XIX. Al igual que con el debate anterior, las múltiples interpretaciones que permitía la normativa constitucional, postergaría una solución consensuada y habilitaría la implementación de dispositivos

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