Cristiada

En 1927, el presidente Plutarco Elias Calles y José Fernando Rodríguez Rojas, general revolucionario, promovieron la reglamentación del artículo 130 de la Constitución a fin de contar con instrumentos más precisos para ejercer los controles que la Constitución de 1917 estableció como parte del modelo de sujeción de las iglesias al Estado aprobado por los constituyentes. Estos instrumentos buscaban limitar o suprimir la participación de las iglesias en general en la vida pública, pero dadas algunas características de la legislación, en algunos estados se llegaron a establecer leyes que obligaban a que los ministros de culto fueran personas casadas7 y se prohibía la existencia de comunidades religiosas. Es posible afirmar que la ley tenía un claro sesgo anti-católico por ser esta confesión la única que en México contaba con ministros celibes y con comunidades en las que las personas decidían convivir.

"Escena de Viernes Santo en pleno siglo XX", del archivo del Presbítero mexicano Jesús María Rodríguez †.

La ley reglamentaria del 130 constitucional facultaba, siguiendo el dictado de la Constitución, a los gobernadores de los estados de la República a imponer cuotas y requisitos especiales a los "ministros del culto". Tal fue el caso de los gobernadores más radicales, como Tomás Garrido Canabal del estado de Tabasco quien decretó normas que iban incluso más lejos, pues obligaban a los "ministros del culto" a ser personas con estado civil de casados para poder oficiar, mientras que en estados como Chihuahua se pretendió forzar a la Iglesia católica a operar con un número mínimo de presbíteros, mientras que en Tamaulipas se prohibió oficiar a los sacerdotes extranjeros.

Es de 1925, con apoyo de la CROM se creó la Iglesia Católica Mexicana, dotándola de edificios, recursos y medios para romper con El Vaticano.8 Confrontada con esta situación, la Iglesia intentó reunir dos millones de firmas para proponer una reforma constitucional. La petición de los católicos mexicanos fue rechazada. Los católicos llamaron y realizaron un boicot para no pagar impuestos, minimizar el consumo de productos comercializados por el gobierno, no comprar billetes de la Lotería Nacional, ni utilizar vehículos a fin de no comprar gasolina. Esto causó severos daños a la economía nacional, al tiempo que sirvió para que las posiciones de distintos grupos dentro de la propia Iglesia católica en México se radicalizaran.

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