LA IGLESIA EN MEXICO

Después de la independencia de la Nueva España y a través del arduo camino hacia la consolidación del Estado-nación, la Iglesia absorbió muchas actividades que el Estado debía haber emprendido. Además de que contaba con la infraestructura para hacerlo, como hospitales, centros de beneficencia y de enseñanza, sus capitales líquidos y extensas propiedades sirvieron a las demandas de un erario estatal raquítico. Los liberales de la época, conscientes de los caudales de la institución argumentaron que era una comunidad política sujeta en todo a las leyes civiles respectivas.1 Y en ese sentido es que las reformas de 1833 emprendidas por el vicepresidente Valentín Gómez Farías tendieron a instrumentar esos resabios regalistas de los borbones, pero ahora a la "republicana". En el mismo año, se prohibió a las órdenes de regulares vender propiedades o transferir capitales; se secularizaron sus misiones en el norte de México; se eximió a los seglares de la obligación del pago del diezmo y se impuso a la Iglesia el uso de sus bienes mediante hipotecas, de tal manera que se pudieran obtener préstamos de agiotistas nacionales y extranjeros. Así entre 1835 y 1855 la Iglesia se vio desplazada como la gran prestamista en vista de que este nuevo grupo de "negociantes" obtuvieron los beneficios sobre las hipotecas de propiedades eclesiásticas. Un círculo vicioso obligaba a la Iglesia hacer frente a las demandas pecuniarias del gobierno en coyunturas importantes como la guerra con Estados Unidos en 1847, y ante los montos exigidos, se vio en la necesidad de solicitar préstamos a los mismos agiotistas. Con toda esta situación no es de extrañar la Ley Lerdo del 25 de junio de 1857 sobre la desamortización de bienes raíces de la Iglesia pues se sancionó lo que en la práctica sucedía. Las propiedades eclesiásticas alquiladas por terceros se convertían en hipotecas; si no las compraban en tres meses cualquier denunciante podría adquirirlas con una rebaja de la octava parte de su precio. Para 1859 se declaró la nacionalización de todos los bienes eclesiásticos y con la reducción de los fueros o privilegios a clérigos y la imposibilidad de que los asuntos civiles fueran ajusticiados por tribunales eclesiásticos-- disposiciones de la Ley Juárez del 23 de noviembre de 1855-- la Iglesia quedó desplazada como poder y se estableció una clara separación con respecto del Estado una vez que las Leyes prerreformistas y las de Reforma fueron incorporadas a la Constitución de 1857, el 25 de septiembre de 1873. En síntesis, el objetivo principal del Estado era secularizar no solo la política sino la vida cultural y separar claramente los ámbitos de lo temporal y espiritual.2 El culto fue constreñido a las paredes de las iglesias: procesiones y festividades religiosas, los crudos atavíos de monjas y sacerdotes fueron consignados a espacios ex profeso y los representantes del gobierno fueron prevenidos para no participar en actos religiosos. En 1875 una rebelión de "religioneros" enarboló demandas al grito de religión y fueros como respuesta a la radicalización del gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada.

No obstante el "extremismo" de los liberales lo cierto es que la Iglesia --hábil para manejar las coyunturas y buscar mecanismos de conciliación-- corrió con la suerte de que el régimen encabezado por el general Porfirio Díaz, optó por el respeto de las formalidades constitucionales y una práctica condescendiente. En efecto, las leyes se respetaron en la forma y la Iglesia mantuvo amplias libertades para reorganizarse y fortalecerse. El porfiriato permitió que las bases sociales acudieran al llamado del papa León XIII quien, en la encíclica Rerum Novarum sobre la cuestión social y la situación de los obreros, exhortaba la necesidad de una tercera vía alternativa al liberalismo y el socialismo. El proyecto consistía en recatolizar a la gente y establecer la constitución cristiana del Estado. Ésta partía de la noción fundamental de independencia y no separación con respecto de este último, es decir, reconocimiento de la Iglesia como sociedad perfecta con plenos derechos y garantía constitucional para desempeñar sus actividades. Se recuperaba así, el cesaropapismo de los tiempos romanos y del medioevo pues una relación unitiva emanaría de la coexistencia de ambos poderes de tal manera que el principio de autoridad y poder descendería de Dios. El Estado es definido como una base intermedia entre los ciudadanos que debe garantizar el "bien común" mediante legislaciones adecuadas para salvaguardar el estado de sociedad civil y doméstica fundamentado en los principios del cristianismo. Jerarquización social basada en el orden natural; armonización y no lucha de clases sociales; democracia cristiana circunscrita a una acción social y religiosa, antes que política y económica para garantizar el bien común son, entre otros, planteamientos que la Iglesia fundamentó en la filosofía tomista para rescatar un lenguaje y una organización

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