Poligrafia

Las múltiples reformas de que ha sido objeto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 16, 19, 20 y 119, y que fueron ampliamente conocidas y aprobadas, modifican sustancialmente el tratamiento que ha venido dando el Estado Mexicano al delito y a los delincuentes; prácticamente desde la entrada en vigor del texto constitucional de 1917.

En dichas modificaciones, no solo se recogen las aspiraciones del Pueblo de México en el sentido de lograr una procuración y administración de justicia penal más acorde con la actualidad, más respetuosa de los derechos humanos, más protectora de las víctimas del hecho delictivo, sino que se reflejan en ellas también los logros en la enseñanza jurídico penal.

Sin embargo, para lograr una administración de justicia más acorde a la realidad se enfrentan múltiples problemas, la ciencia exige del derecho cosas tales que con un estudio no alcanzan a satisfacerse por si solas, si no, en cuanto a un conjunto de datos cada vez más limitados.

En otras palabras, el Derecho necesita trabajar o dividirse bajo un signo de "especialidad". Los juristas necesitan presentarse a trabajar en equipo.

El objetivo del derecho es poner orden a la sociedad, es decir, poner cada cosa en su lugar; el orden es esencial, por lo tanto, para el derech o el concepto primordial seria "Lo que a cada uno le corresponde".

Ahora, el problema del jurista es el de saber si el derecho tiene razón y posibilidad para ayudar al hombre, no tanto a tener lo que no tiene pero debe tener, sino en cuanto a ser lo que no es pero debe ser.

Esto quiere decir sin vacilación, que en el derecho penal se debe reconocer la zona más alta del derecho, y naturalmente mas inaccesible, no hay que asombrarse si en la ciencia del derecho penal, en cada uno de sus sectores, sustancial y procesal, se encuentra un retardo con respecto del derecho civil; cuando más alto se sube, más difícil resulta la escalada. Solo podría sorprender que, tanto en el terreno de la teoría como en el de la práctica, la superioridad del derecho y del proceso penal no se reconozca.

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